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ARTÍCULO ORIGINAL
De “ayudas merecidas y no merecidas”. Las políticas sociales de transferencia monetaria en la zona rural del Nordeste de Misiones, Argentina
(Of “received and unrearred aid”. The social policies of monetary transfer in the rural area of the Northeast of Misiones, Argentina)
Alfonsina Verónica Albertí*
*CEIL-CONICET. Correo Electrónico: ava1903@hotmail.com
Recibido el 23/03/18
Aceptado el 15/09/18
Resumen
A fines de la década de 1990 los países de Latinoamérica introducen políticas públicas de transferencias monetarias, dirigidas a los sectores sociales vulnerables que están por fuera del sistema de seguridad social contributivo. En el contexto de la zona rural del nordeste de la provincia de Misiones, Argentina, nos proponemos analizar cuál es el rol que ocupa el dinero de origen estatal en las condiciones materiales de reproducción social de estas poblaciones y en la producción de significados vinculados a las políticas públicas y sus beneficiarios. La metodología utilizada es cualitativa a partir de un abordaje que privilegia el punto de vista de los sujetos que viven en su cotidianidad la problemática analizada.
Palabras Clave: Políticas públicas; Hogares rurales; Reproducción social; Misiones-Argentina.
Abstract
At the end of the 1990s, the countries of Latin America introduced public policies of monetary transfers, aimed at vulnerable social sectors that are outside the contributory social security system. In the context of the rural area of the northeast of the province of Misiones, Argentina, we propose to analyze what is the role of money of state origin in the material conditions of social reproduction of these populations and in the production of meanings linked to the public policies and their beneficiaries. The methodology used is qualitative based on an approach that privileges the subjects’ point of view who live the problem analyzed in their daily life.
Keywords: Public policy; Rural homes; Social reproduction; Misiones-Argentina.
Introducción
Desde finales del siglo XX y principios del XXI, en América Latina, se introducen los programas de transferencias monetarias, como políticas públicas de protección social para aquellos segmentos de la población que no se encuentran cubiertos con los sistemas de seguridad social contributivos. Algunos ejemplos en la región son: el programa Progresa implementado en 1997 en México, en Chile se implementa el programa Chile solidario en el año 2002, en Perú podemos mencionar el programa Juntos en el año 2005, en Brasil la Bolsa de Familia en el 2003 y en Bolivia se inicia el ciclo de transferencias monetarias estatales con el Bono Juanito Pinto en el año 2006.
Para el caso de Argentina el Sistema Integrado Previsional, creado en el 2008, permitió la ampliación de cobertura jubilatoria, incluyendo a la población con una historia laboral en el sector informal que no cumple con la cantidad de años de aportes exigidos por la legislación. Lombardía y Rodríguez (2015) afirman que Según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con estas medidas la cobertura previsional alcanzó su máximo nivel histórico y uno de los más altos de Latinoamérica. La proporción de personas mayores de 65 años que percibe una prestación previsional aumentó entre 2004 y 2013: de 68,6% a más del 90%. Al mismo tiempo, las pensiones asistenciales se clasifican en: pensiones por discapacidad, para madres de 7 o más hijos, y para adultos mayores, y pasaron de poco menos de 340.000 en 2003 a 1.543.781 en 2014. (Lombardía y Rodríguez, 2015)
Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en el 2009, implica la inclusión en el Sistema de Seguridad Social a los hijos/as menores de 18 años de aquellos trabajadores que se desempeñan en la economía informal, que no tienen una relación salarial registrada y estable, o que no llegan a percibir el salario mínimo vital y móvil. Vinculada a la AUH, se encuentra la Asignación por Embarazo y el plan Sumar que otorga cobertura médica para embarazadas, niños, adolescentes y mujeres hasta los 64 años. Hacia 2014 se estima que los hijos deducidos por este régimen pertenecientes al Sistema Previsional Argentino ascienden a 72.626.215 (Lombardía y Rodríguez, 2015).
Estos datos evidencian un cambio significativo a nivel cuantitativo en lo que respecta a la protección social de sectores vulnerables en la Argentina. En relación con este panorama, un enfoque desde la perspectiva de los actores permite comprender cómo se expresan estos fenómenos en la vida cotidiana de las poblaciones beneficiarias, dando cuenta de transformaciones en sus prácticas, discursos y relaciones.
Nuestro referente empírico son hogares rurales emplazados en el nordeste de la provincia de Misiones, Departamento Guaraní, que subsisten mediante la combinación de agricultura, empleo temporal asalariado y la percepción de dinero mediante políticas sociales. Al reflexionar sobre las políticas públicas en el contexto estudiado, nos preguntamos: ¿Cómo inciden las políticas sociales de transferencia monetaria en las prácticas de reproducción social de la población analizada?
En relación a este interrogante, el propósito de este trabajo es comprender cómo se articulan las políticas públicas de transferencia monetaria con las estrategias de reproducción social de los hogares rurales estudiados. Abordamos la reproducción social a partir de las siguientes dimensiones: prácticas de consumo, prácticas de escolarización, y prácticas de obtención de recursos. A su vez, analizamos la reproducción social de las condiciones materiales de existencia de forma simultánea a la producción y reproducción de significados en torno a las políticas públicas de transferencia de dinero.
La estructura del artículo es la siguiente: primero desarrollamos brevemente el abordaje metodológico para la generación de datos, en segundo lugar presentamos las nociones teóricas y conceptuales necesarias para comprender las políticas sociales en el marco de las prácticas vinculadas a la reproducción social, luego en tercer lugar desarrollamos un análisis de la información generada a partir de nuestro referente empírico y por último, presentamos las conclusiones en donde articulamos los resultados de nuestra investigación con los conceptos y las perspectivas teóricas antes expuestas.
Abordaje metodológico
Los datos que nos permiten formular respuestas a estos interrogantes, fueron construidos mediante una metodología cualitativa. El trabajo de campo se realizó en julio del año 20171. Según Guber (2004) el “campo” es un recorte de la realidad, en tanto que es construido activamente en la relación entre el investigador y los informantes. Siguiendo esta línea, acordamos en la centralidad de tomar la perspectiva de los protagonistas de los procesos investigados, aunque advirtiendo que la misma es en realidad una interpretación del investigador y que los discursos de los investigados deben ser contextualizados en relación a las posiciones de poder que estos ocupen en el entramado social.
El trabajo de campo se dividió en dos etapas, en una primera instancia se implementaron entrevistas semiestructuradas a los miembros de hogares rurales perceptores de políticas sociales de transferencia monetaria. Las entrevistas estuvieron orientadas a caracterizar los tipos de hogares indagando sobre las siguientes dimensiones: división familiar del trabajo, los distintos tipos de ingresos que percibe el hogar, las estrategias de escolarización de los menores y las prácticas de consumo (vinculadas a la alimentación, la salud y la vivienda) así como también el acceso a servicios públicos que tienen los hogares. En esta instancia se entrevistaron al menos a un integrante adulto del cada hogar. También se realizaron entrevistas a informantes clave, como maestras/os de escuelas, personal del departamento de acción social y un dirigente campesino, con el objetivo de comprender mejor las distintas dimensiones contenidas en los testimonios de los entrevistados pertenecientes a hogares de asalariados agrícolas.
El criterio de heterogeneidad orientó la selección de hogares entrevistados, con el objetivo de captar diversidad de situaciones, de este modo se entrevistaron: hogares con y sin chacras para la pequeña producción agrícola, hogares con jefatura femenina y con jefatura masculina, y hogares con menores de edad y sin menores de edad. También tomamos registros sobre charlas informales y observaciones en distintos contextos: los hogares, la municipalidad de la zona estudiada, la feria franca de la zona, en donde se comercian los productos agrícolas locales y dos escuelas rurales.
En una segunda etapa, se regresó al campo para realizar entrevistas en profundidad a los miembros de aquellos hogares considerados paradigmáticos, en el sentido de que representen la diversidad de situaciones detectadas. En esta etapa se indagó sobre los cambios que percibió el hogar en cuanto a sus estrategias de reproducción de obtención de ingresos, consumos y escolarización a partir de que comenzaron a percibir políticas de transferencia monetaria, para ello se indagó sobre la trayectoria social del hogar entrevistado, lo cual brindó una perspectiva diacrónica para comprender qué cambios introdujeron las políticas sociales en la economía familiar. Asimismo, se indagó sobre la dinámica de la división del trabajo mercantil y no mercantil al interior del ámbito doméstico, teniendo en cuenta los vínculos de parentesco, género y generación.
El análisis de los datos se organiza del siguiente modo: En primer lugar se explica el vínculo entre políticas sociales de transferencia monetaria y prácticas de reproducción social en hogares que no disponen de chacras para la pequeña producción agrícola y que subsisten trabajando como peones en la cosecha de tabaco y yerba; en segundo lugar, se desarrolla esta problemática a partir de los datos sobre aquellos hogares que cuentan con chacras para la pequeña producción agrícola (principalmente tabaco).
Estos dos tipos de familias, debido a sus características, representan situaciones con diferentes matices en cuanto al modo en que las políticas públicas inciden en la cotidianidad de algunas prácticas vinculadas con su reproducción social.
Los nombres de los parajes rurales y de las personas entrevistadas son ficticios para proteger la identidad de los sujetos de estudio.
Reproducción social, políticas públicas y significados en torno al dinero
Abordamos la reproducción social a partir del concepto de estrategias de reproducción social de Bourdieu (1980) que nos permite comprender al mundo social como el resultado de la articulación entre las prácticas de los agentes y las condiciones objetivas externas. Siguiendo esta línea, abordaremos la reproducción social, tomando como unidad de análisis a los agrupamientos familiares, que deben comprenderse en relación con diversas instituciones, entre ellas el mercado laboral y el Estado que interviene delimitando sus roles, su funcionamiento, poniendo límites y al mismo tiempo abriendo oportunidades y opciones (Narotzky 2004; Jelin 2010).
Al mismo tiempo, las políticas sociales como parte del proceso de reproducción social deben ser pensadas en clave de mediaciones (y por ello como contradictorias, problemáticas, fragmentarias, no funcionales) entre estructura y sujeto, entre modelos de sociedad y organización cotidiana, entre estructuras socio-económicas y familiares (Danani y Hintze, 2011).
Las políticas sociales constituyen formas de intervención de los Estados modernos, con un fuerte potencial normativo al definir qué situaciones constituyen problemas sociales y quiénes la concretizan (Puchet y De la Serna, 2016). Varios autores proponen abordar el análisis de estas intervenciones estatales desde las prácticas, representaciones y relaciones de los sujetos de estudio (Sharma y Gupta 2006; Das y Poole, 2008; Hansen y Stepputat 2001).
Shore (2010) afirma que podemos enfocarnos en las políticas públicas para rastrear el ascenso del neoliberalismo y la manera en que éstas reformulan la relación entre los individuos, el Estado y la sociedad. Según este autor, las políticas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento más amplios en medio de los cuales están inmersas. Las políticas tienen efectos que sobrepasan los diseños e intenciones de sus autores (si en verdad un “autor de políticas” puede ser identificado). Una vez creadas, las políticas entran en una compleja red de relaciones con varios agentes, actores e instituciones, tinglado que puede a menudo generar consecuencias imprevistas e inesperadas.
Las políticas públicas, a las que hace referencia este escrito, están vinculadas a la transferencia de dinero a sectores sociales vulnerables. En Brasil, hay varios estudios que abordan a las políticas de transferencia monetaria en relación a los significados de las practicas y los discursos de los sujetos participes de estos programas (Pinto, 2013; Barbosa y Campbell 2013; Pereira y Ribeiro 2013; Eger 2013) En líneas generales, estos estudios sugieren que el dinero que es transferido por el Estado hacia poblaciones vulnerables se encuentra cargado por marcas de clase, de género y de generación, y a su vez, está atravesado por sentidos, moralidades y clasificaciones. Específicamente, para el contexto rural, Machado y Menasche (2017) analizan cómo las beneficiarias de la “bolsa de familia” son “juzgadas moralmente”” a través de sus prácticas de consumo y vigiladas por los agentes estatales a partir de las condicionalidades que se les imponen.
Desde la sociología del dinero, Zelizer (2011) muestra que el dinero es un poderoso agente socializador. En esta línea, Wilkis y Hornes (2017) vincula la noción de capital moral, de Bourdieu (1980), con la sociología del dinero, para analizar el dinero proveniente de transferencias monetarias condicionadas (TMC) en hogares de la provincia de Buenos Aires; según esta perspectiva las personas, son medidas, evaluadas y jerarquizadas moralmente a través del tipo de dinero que se les asocia.
El capital moral es una subespecie de capital simbólico, la acumulación de capital moral es una vía para acceder a recursos y poder. La centralidad creciente del dinero de origen estatal como parte de políticas públicas lo convirtió en un transporte privilegiado de prejuicios y estigmas sobre los sectores populares. Los sectores de las clases medias y populares convirtieron este dinero es un artefacto de evaluación moral sobre los pobres, estos empezaron a ser juzgados moralmente a través del dinero (Wilkis, 2013).
Por último, Wilkis (2015) señala cómo un abordaje desde la antropología permite develar cuestiones que no son advertidas por encuestas e informes oficiales. El dinero de origen estatal incide en la cotidianidad en la vida de las personas alterando en mayor o menor medida las relaciones, las prácticas y las significaciones de los sujetos que perciben las políticas públicas.
Los hogares del nordeste de Misiones en la doble exclusión
La provincia de Misiones se ubica en el noreste de la Argentina, limitando al oeste con Paraguay, al este, norte y sur con Brasil, y al suroeste con la provincia de corrientes. Su territorio ocupa una superficie de 29.801 km2, siendo la provincia más pequeña del país después de Tucumán. Más específicamente, en la zona del nordeste misionero, pueden identificarse cuatro sectores productivos de importancia: el tabacalero, el maderero, el turístico y el inmobiliario, vinculado al mercado de tierras.
Arzeno y Ponce (2010) afirman que el nordeste de la provincia de Misiones es una zona que se caracteriza por tres aspectos distintivos: 1) una estructura agraria con una significativa desigualdad en la distribución de la tierra, destacándose la existencia de grandes latifundios-que alcanzan 35.000 ha cubiertos de espesas masas boscosas; 2) los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la provincia, asociado con la expansión de la frontera agraria; 3)tasas altas de crecimiento anual medio de la población. Según el Instituto provincial de Estadísticas y Censos en Misiones (IPEC), en base al Censo Nacional de población y hogares 2010 el departamento Guaraní, tiene una población total de 67897 habitantes de los cuales 4764 corresponden a zonas rurales
La población rural receptora de políticas sociales de transferencia monetaria no tiene un perfil homogéneo. En líneas generales podemos hablar de dos tipos de familias, aquellas que disponen de predios con producción agrícola propia (aunque en calidad de ocupantes de la tierra, autodenominados “colonos” ) y aquellas en donde la única actividad que genera un ingreso monetario es el trabajo como peones agrícolas en las chacras de la zona o mediante la migración de distinta escala (dentro de la provincia, o en el vecino país de Brasil).
Al mismo tiempo, las familias “colonas”, suelen realizar trabajo asalariado de forma eventual, por distintos periodos de tiempo, principalmente trabajos en el pueblo vinculados al turismo o trabajo en la forestación en otras provincias como Corrientes, Entre Ríos y en menor medida Buenos Aires.
Por otra parte, las familias cosecheras, generalmente de origen aborigen, sufren procesos de discriminación y exclusión social. En la provincia de Misiones el calificativo “negro” o el sustantivo “negrada” se vinculan con la clase trabajadora agraria y rural, campesina, subocupada o desempleada del campo y la ciudad. Esta concepción racial de las diferenciaciones sociales se debe comprender en relación a las particularidades del proceso de poblamiento de Misiones, dentro del cual el origen del proletariado agrícola rural se vincula a una historia de desposesión y desarraigo de la población de ascendencia tupí-guaraní cuyas costumbres y sistemas de vida fueron modificados por el régimen colonial y que posteriormente sería desarraigada de sus agrupamientos sedentarios para formar parte de un ejército industrial de reserva sobre el que se reclutaría la mano de obra del frente extractivo Altoparanense (Rau, 2012).
A partir de la noción de Racialización de las relaciones de clase, concepto acuñado por Margulis (1999), Roa (2018) afirma que el tarefero (cosechero de yerba mate) se separa en una línea simbólica de los colonos “nobles” del campo (portan la nobleza de producir algo tan noble como la yerba mate). De este modo, habría una barrera simbólica entre el tarefero descendiente de aborígenes y mestizos y la población con orígenes en inmigrantes europeos denominada “colona”.
Es importante aclarar que las familias colonas son agricultores no capitalizados que no disponen del título de propiedad de la tierra en la que viven y trabajan. En la década de 1980 se comienza a intensificar la producción tabacalera en la zona. Con esta actividad los agentes multinacionales a través de empresas acopiadoras controlan todo el proceso productivo. Este tipo de integración vertical se desarrolla bajo la modalidad de agricultura bajo contrato (Baranger: 2007; Diez: 2009). El productor de tabaco, ocupante de pequeñas extensiones de tierra, en donde vive con su familia, se compromete a vender la producción clasificada a la empresa, asumiendo la totalidad de los riesgos respecto al cultivo (Castiglioni y Diez, 2011).
En relación con lo expuesto, podemos afirmar que todos estos hogares se encuentran atravesados por una doble restricción; por un lado el vínculo con el mercado laboral es débil por tratarse de carácter temporal y discontinuo; por el otro, no cuentan con títulos de propiedad de las tierras que trabajan. Al mismo tiempo, su situación de vulnerabilidad social los coloca como beneficiarios de ciertas políticas públicas de protección social, que si bien aumenta el ingreso monetario de los hogares, no logran resolver la situación de exclusión vinculada a los mercados de tierra y de empleo. Asimismo, como veremos más adelante, en relación a nuestro referente empírico el impacto de transferencias monetarias estatales será diferencial según se trate de familias colonas o cosecheras. Incluso las dificultades en los trámites son más presentes en los testimonios de los segundos.
Familias de peones cosecheros. Entre el estigma y la lucha administrativa
El paraje rural “Arbolito” está conformado por pequeñas casas de madera y techo de chapa, sus residentes son familias que subsisten trabajando como peones agrícolas, y en algunos casos cuentan con pequeñas huertas con producciones para autoconsumo (hortalizas, y gallinas) poco significativas para la economía doméstica, pero no disponen de chacras para la pequeña producción orientada hacia la venta.
La precariedad de las condiciones de vida del paraje “Arbolito” son visibles no sólo en la construcción de sus viviendas, sino también en la falta de acceso a servicios, sus residentes carecen de agua potable y de energía eléctrica. El dinero obtenido mediante el trabajo agrícola (cosecha de yerba y tabaco) en el que se emplean algunos de sus miembros, constituye un ingreso temporario debido a la estacionalidad de las cosechas. Siendo el dinero obtenido mediante políticas de protección social el único ingreso continúo durante todos los meses del ciclo anual.
Por otro lado, se desprende del relato de los beneficiarios dificultades en el acceso a los trámites vinculados a la tenencia de documentos nacionales de identidad y problemas para transportarse hacia los departamentos de seguridad social.
De este modo, nuestros hallazgos en el campo, coinciden con otros estudios que se han realizado en la provincia de Jujuy, ubicada en el noroeste de la Argentina. Un estudio del impacto de las políticas públicas de transferencia monetaria (sobre todo la Asignación Universal por hijo) en esta provincia (Bergesio y otros: 2011) a partir de los datos de la canasta básica alimentaria, señala que las asignaciones cumplen un papel importante en la reducción de la indigencia pero no ocurre lo mismo con los niveles de la pobreza; al mismo tiempo, argumentan que las poblaciones rurales tienen dificultades de tipo administrativas para acceder al beneficio. Por otra parte, Isla y Vezza (2014) también realizan un completo informe en torno a La Asignación Universal por Hijo (AUH) en poblaciones aborígenes del norte argentino. Este trabajo reconoce que la AUH proporciona una mejora notable en los patrones de consumo, una mejor alimentación y calidad de la enfermedad. A su vez, señalan que la población percibe a las asignaciones como dadivas del Estado y no como un derecho; y también dan cuenta de la existencia de ciertas dificultades administrativas en la accesibilidad a las políticas sociales.
Tenemos la oportunidad de entrevistar a Griselda (22 años) quien junto con Pedro (23 años) tienen tres hijos (3, 7 y 9 años). Griselda cobra la Asignación Universal por sus tres hijos. Esta joven mujer obtuvo su documento de identidad (DNI) recién cuando necesito que su hijo mayor hiciera el trámite para la AUH en el año 2009. Para esta joven, las transferencias monetarias del Estado son “una ayuda” que para obtenerla hay que “luchar”, relata con sus palabras:
“El salario de los chicos esa es una ayuda que sirve, sin eso no se qué haríamos, es lo único con lo que contamos seguro (…) Con el primero (se refiere a su hijo) me tuve que sacar el DNI, hasta ese momento yo no tenía, y sin DNI no te dan el salario por los chicos (se refiere a la AUH), antes era más complicado había que tomar un colectivo hasta ANSES en Posadas y ahora se puede hacer yendo al pueblo (soberbio), para nosotros es un gasto pagar el colectivo, no siempre podemos, pero bueno llevé los papeles y pude hacer para cobrar por lo de los chicos, yo luché mucho para hacer todo (…) lo que nunca pude sacar es lo del embarazo (se refiere a la asignación por embarazo) eso tres veces traté de hacerlo pero nunca pude, no sé por qué, al final me cansé y no fui más. Pierdo todo un día si me tengo que viajar hasta el pueblo para eso”. (Marina, 26 años)
Esta conceptualización de la realización de trámites como “lucha”, puede ser mejor comprendida a través del relato del encargado del departamento de acción social, qué explica cómo viven la cuestión administrativa los beneficiarios de políticas públicas:
“Estamos intentando que la gente de las colonias se acerque para hacer sus trámites, lo que paso es que muchos han venido al pueblo y se les habló de forma prepotente o se les alzó la vos y ellos se sintieron maltratados y ya no quisieron venir más. Se trata de gente que muchas veces ni sabe leer y sienten vergüenza, tiene desconfianza. Es por eso que estamos intentando generar confianza, acá todavía tenemos el problema del DNI se calcula que debemos tener por lo menos 3000 personas indocumentadas”. (Encargado del departamento de acción social)
En el pueblo de la zona, en donde hay cuatro cajeros automáticos, es frecuente que la gente pida ayuda para utilizar la tarjeta de débito. En algunos casos, no se tramitan las tarjetas de débito y se cobra el dinero de pensiones y asignaciones por correo, para evitar el uso de cajero automático.
Por otra parte, en relación a las prácticas para la obtención de ingresos, en algunos casos la percepción de AUH incentivó a reordenar la división del trabajo al interior del hogar asignándole a la mujer exclusivamente las tareas del espacio doméstico. Al respecto cito algunos fragmentos de mi diario de campo:
Esta tarde conversé con tres mujeres jóvenes (23, 28 y 30 años) en el paraje arbolito, ninguna quiso que registre la charla con grabador, la conversación (…). Cuando hablamos de las tareas como peones de sus maridos, todas relatan haber tenido experiencia en cosechas de yerba y tabaco, y comentan que a partir del cobro de las AUH comenzaron a dedicarse exclusivamente a las tareas del ámbito doméstico y sobre todo a la crianza de sus hijos. Una de ellas comenta que la tarefa (cosecha de yerba) te arruina, quedás viejo antes de tiempo, todas coinciden en que volver a la tarefa no es una opción deseable, les gustaría volver a trabajar para tener mejor ingreso, pero las oportunidades de empleo en la zona no son opciones atractivas (fragmento de nota de campo).
Otros estudios en poblaciones urbanas de la Argentina, han explorado la relación entre el género y la percepción de dinero de políticas públicas. Dionisi (2012) señala que las mujeres en su condición de madres se convierten en representantes de sus hijos para el cobro de una remuneración no contributiva bajo la figura de un derecho social y es la principal responsable del cumplimiento de las condiciones solicitadas para el mantenimiento del beneficio y que refieren al mejoramiento de condiciones de reproducción de las nuevas generaciones. En relación con esto, algunos estudios diferenciaron el análisis del impacto de la AUH por género (Groisman et al., 2011; Kukurutz y Ruíz: 2011) y señalaron que para las mujeres la AUH implico distintas situaciones en relación al papel que estas ocupan en el hogar: mientras que para las trabajadoras que generan ingresos secundarios al hogar la AUH significó el retiro del mercado laboral, para las mujeres jefas de hogar la asignación no se tradujo en un alejamiento del mercado laboral ya que estas mujeres no tenían la oportunidad de elegir entre actividad e inactividad.
En relación a la articulación de ingresos, en algunos casos las familias pueden combinar distintos tipos de percepciones monetarias estatales con el dinero proveniente del empleo agrícola. Es el caso de Juan (28 años) que vive con su esposa Miriam (22 años), su hijo Alan (2 años) y su Madre Jimena (68 años). El grupo familias percibe la AUH por el menor y la jubilación no contributiva a través de Jimena. Juan realiza trabajos como peón en chacras de la zona y en algunas oportunidades migra a Brasil para trabajar en la cosecha de cebolla. El entrevistado, relata que necesitaría una pensión por discapacidad, pero que los trámites para realizarla no están a su alcance, por cuestiones económicas y que debido a su edad podrían desconfiar de la legitimidad del reclamo para hacerse una pensión:
“Antes iba a Corrientes, a trabajar con madera, con pino, de ahí tuve un accidente fracturé mi brazo, me saqué el hombro y nunca más quedé bien del todo, ahora estoy con muchos dolores para trabajar. Necesitaría una pensión (…) pasa que para hacer la pensión precisás hacer un estudio con el huesero (se refiere al traumatólogo) una resonancia y tenes que irte hasta Posadas es un gasto enorme, no puedo dejar a mi familia, irme para allá es lejos, es caro, tenes que tener plata (…) y aparte como soy joven vana pensar que soy un vago que no quiero trabajar” (Juan, 28 años)
En las familias de peones, el dinero proveniente de políticas públicas estatales, incidió en algunas prácticas de consumo vinculadas a la alimentación como el acceso a lácteos (yogures, leche, quesos) y carne. En algunos casos, las familias ceden la tarjeta de débito a algún almacenero de confianza de la zona quien les proporciona alimentos (yerba, azúcar, aceite, harina), a la vez que el comerciante se asegura el pago de la deuda mediante el cobro transferencias monetarias estatales pertenecientes a sus clientes.
Con respecto a las prácticas de escolarización, en líneas generales tantos los beneficiarios de políticas públicas como los maestros y directores de escuelas rurales coinciden en que la AUH es una ayuda que permitió mayor escolarización primaria, aumentando la matrícula de inscriptos. Sin embargo, los hijos de familias cosecheras, según la mirada de maestro/as y directivo/as, son los que presentan mayores problemas de ausentismo y en consecuencia dificultades de rendimiento escolar vinculado al constante cambio de escuela. Esta situación conlleva a que sea frecuente la repetición de grados. Algunos/as maestro/as argumentan que el ausentismo escolar se vincula con la alta movilidad residencial de las familias, vinculada a la obtención de trabajo en las cosechas. En relación con esto, se denomina a las familias cosecheras como “familias golondrinas”.
E- ¿Cómo serían estas familias golondrinas?
M- Esas familias vienen a trabajar un tiempo cuando hay época de cosechar yerba , después se cambian de lugar y asi en temporada están, tenemos dos o tres asi que son, pero esas familias se dedican solo a la tarefa, ellos se encargan de tarefear yerba y bueno cuando después es época de tabaco cosechan tabaco, si se dedican a eso, pero bastante bien dentro de todo, porque esas familias nunca mandaban los chicos a la escuela, y cuando ellos vienen mandan viste, esa época ese tiempito ellos mandan.
E- ¿Asiste a la escuela los chicos de esas familias cosecheras?
Si porque ellos están acá y después de repente se van para otra escuela. Y asi viste están, pero le mandan igual, ese poquito tiempo que están van a la escuela y antes, antes de que viniera lo de la AUH, no se mandaban esos chicos a la escuela. La familia Caballero vienen a principio de año un tiempo después desaparecen un tiempo y aparecen en noviembre época de cosecha de tabaco, plantación de tabaco, ellos se van moviendo. (Maestra de escuela primaria, edad 34 años).
En relación al significado que se le da el dinero vinculado a la AUH hay visiones moralizantes sobre su uso y sobre los beneficiarios de esta transferencia, en el contexto escolar. Estos discursos son estigmatizadores de las familias cosecheras como sujetos no merecedores de ayuda estatal. Algunos maestros y maestras expresan que ese dinero debe ser destinado a la compra de recursos para la escolarización de los niños (útiles escolares, guardapolvos, libros, etc.) destinar el dinero para otras cuestiones constituiría una “mala utilización del mismo”.
Muchas de las familias de los chicos que vienen a esta escuela viven de asignaciones pensiones que tienen mucho, y a su vez con eso creen que es suficiente, ellos cobran la asignación y nosotros le explicamos que es para la educación de los chicos pero ellos con eso come toda la familia, entonces para la educación no tienen nada. (…) cuando vine a esta zona me sorprendió como les cuesta a los chicos aprender (…) tendría que…como lo puedo decir concientizar un poco más a los padres de que esa plata de la asignación es para que los chicos puedan ir a la escuela, para que vayan con los útiles mínimamente. Las familias, no le dan mucha importancia a la educación (Maestra de escuela rural, edad 29 años).
En relación con estos fenómenos, un dirigente campesino de la zona relata la estigmatización que sufren los niños de zonas rurales por percibir AUH:
“A mi hijo la maestra le perseguía por eso y el trataba de explicarle que él no cobraba, nunca cobró, por h o por b nunca cobramos, pero la maestra les jodía con eso, vos que cobrás que ustedes son unos vagos que cobran asignación, se quejó varias veces mi guris y le dije andá y explícale a la maestra que yo nunca cobré asignación universal, es muy pesado ese tema y también es muy generalizado” (Dirigente campesino, edad 41 años).
Otra cuestión que genera tensiones entre los beneficiarios y los maestros es el certificado de asistencia escolar, requisito necesario para percibir la AUH. Hay acusaciones entre maestros por irregularidades en cuanto a la firma de certificados.
“Yo sé muy bien quienes son mis alumnos, quienes vienen y quienes no, la otra vez vino un hombre a que le firme la asistencia escolar para su hijo, y yo lo saqué, le dije que a su hijo nunca lo había visto, que no puedo firmar eso (…) pero hay maestros que con tal de que los padres no los molesten firman cualquier cosa, por ahí el chico fue solo dos o tres veces a la escuela” (Directora de escuela rural, edad 52 años).
Por otro lado, el acceso a la escuela secundaria es obstaculizado por varios motivos, en la zona de estudio solo algunas escuelas brindan la posibilidad de hacer hasta segundo año del secundario. Para completar el secundario los/las jóvenes deben trasladarse a las escuelas del pueblo (que están saturadas) o asistir a la EFA2(Escuela familiar agrícola), que no es una opción viable para familias cosecheras.
Familias de colonos. La moral de los “buenos trabajadores” y las “buenas madres”
En algunos parajes rurales es frecuente observar los cimientos en construcción de casas de material adyacentes a casas de madera, o bien casas de material completas. Se trata de las viviendas de colonos, pequeños agricultores orientados a la venta y al autoconsumo.
En relación a las prácticas de consumo, la producción de alimentos para autoconsumo (mandioca, gallinas, cerdos, hortalizas) permitió “hacer rendir más el dinero del Estado”, al tener resuelta al menos parcialmente la alimentación ese ingreso pudo utilizarse en mejoras para las viviendas y acceso al crédito para comprar electrodomésticos (freezer, heladera, motos, celulares). Al mismo, tiempo algunas familias relatan que estos ingresos les permitieron acceder a la luz eléctrica.
“La conexión (refiriéndose a la electricidad) no te la hace el Estado, la gente tiene que hacerse cargo. El Estado pone en algunos casos un material y el trabajo, pero los vecinos arman un consorcio, se juntas tres o cuatro familias, pagan un transformador, pero es caro no es poca cosa, tenemos que comprar transformadores y el cable, tenemos que poner plata para bajar la luz, y en eso la ayuda del Estado sirvió porqué de esa plata pudimos bajar la luz“(Mario, 52 años).
Una de las entrevistadas relata cómo la producción para autoconsumo, es una estrategia que permuté destinar el dinero a cuestiones no vinculadas exclusivamente con la alimentación:
“En las colonias la plata vale el doble que en el pueblo, vos tenés tu mandioca, tu gallina, chanchos, tu verdura, entonces ya no comprás tanto para comer, de ahí de la plata rinde más, para el que ya tenía su chacra, que ya estaba organizado esas ayudadas del Estado le permitieron adelantar mejorar un poco, pero el que labura, él que quiere laburar en su chacra (…) Ahora con el freezer carneas un chancho y los guardas, y vas sacando a medida que necesitás” (Carola, 36 años).
El tabaco implica una agricultura por contrato, las familias deben entregar la cosecha una vez al año para recibir el pago de las empresas tabacaleras. Unos de los cambios a partir de las transferencias monetarias, ha sido que el dinero del tabaco ya no tiene que destinarse completamente a saldar las cuentas de fiado de almacén que se generan a lo largo del año, al contar con efectivo todos los meses ya no dependen completamente del fiado para comprar los alimentos que no se producen en la chacra. Miriam explica cómo cambió la estrategia de consumos:
“Había chicos muchas veces descalzos, te daba lástima, pero ahora se nota que los chicos andan un poquito más arreglados (..) porque con la asignación ya no gastamos fiado en el almacén , podés comprar un zapato, un pantalón o algo porque vos sabes que el mes siguiente vas a cobrar” (Miriam,24 años,).
En relación a la división del trabajo según el género, no se alteró demasiado a partir del cobro de asignaciones. Hombres y mujeres trabajan en el tabaco, los hombres pueden emplearse circunstancialmente en algún trabajo agrícola o de la construcción y las mujeres pueden trabajar de niñeras. Sin embargo, el cobro de asignaciones es percibido como una ampliación en el margen de “autonomía” femenina, que no dependen de la decisión del hombre para utilizar ese dinero que según sus puntos de vista les corresponde “en tanto que son las madres de sus hijos”. De este modo la “autonomía” sólo es bien vista si la mujer utiliza el dinero de forma directa para sus hijos.
La asignación ayudó mucho, vos imagínate que antes dependíamos sólo del marido, vos necesitabas un pañal y el marido te reclamaba que usés pañal de trapo, hay muchos hombres que son machistas y reclaman por comprar un paquete de pañal descartable, una leche, pero una criatura necesita y con esa asignación ahora yo cobro y yo decido yo compró lo que diga yo y listo (…) porque las mamás saben qué hacer con la plata, como mamás saben que tienen que comprar y que no, según las necesidades de los chicos. (Mirian, 31 años).
La AUH, también puede destinarse al gasto de una niñera. Gisela (38 años) madre de tres hijos, trabaja de niñera para una vecina, madre soltera, que se emplea en una panadería del pueblo (ubicada a unos 20 km del paraje en donde residen). Gisela explica que su vecina puede pagarle el servicio de cuidado del niño gracias a la percepción de la AUH. Relata al respecto:
Realmente esa asignación ayuda mucho a las mamas que no tienen marido, que tienen que pagar un niñera, acá si querés que te cuiden a un chico tenés que pagar (Gisela 38 años,).
Por otra parte, las pensiones por discapacidad están atravesadas por significaciones vinculadas a la desconfianza. Entre los miembros de la colonia se generan tensiones con respecto a la legitimidad de las mismas. Estas representaciones, deben contextualizarse en relación a un hecho coyuntural, durante la primera parte del año 2017 desde el Estado Nacional se dieron de baja pensiones por discapacidad de modo masivo, algunos medios de comunicación produjeron discursos para justificar esta medida aduciendo que habría pensiones “truchas” lo cual generó una atmósfera de desconfianza, aunque esta afirmación no fue corroborada empíricamente.
En contraposición, la jubilación sin aportes es conceptualizada de forma positiva, es significada como un reconocimiento al trabajo de toda la vida que hacen los agricultores, mientras que la AUH es considerada positivamente siempre que esté relacionada al rol materno. Gisela relata como ella solo cobra AUH en contraposición con algunos vecinos que según su perspectiva cobran pensiones de manera injusta. De este modo, pueden generarse tensiones entre quienes cobran pensiones por discapacidad y quienes no lo hacen.
Los políticos les dan pensiones a los que ya tienen, a los que menos tenemos no, a los que más necesitan nada (…)será que ellos confían su voto a los que ya tienen. Nosotros nunca hicimos pensiones, no tenemos pensiones, sólo el salario por los chicos. (Gisela, 38 años,)
Un dirigente campesino de la zona, relata los significados en torno a algunas políticas públicas:
“De repente alguien ya viejito en la chacra le llamen y le digan che te podés jubilar y vaya y efectivamente le sale la jubilación, es más que una plata, es más un reconocimiento, la gente lo ve así más como un reconocimiento, ahora en cambio las pensiones están muy devaluadas, un poco menos el salario universal, a veces algunos lo interpretan como una forma de mejora del estudio” (dirigente campesino).
En la Argentina, se han explorado para poblaciones urbanas, los vínculos entre transferencias monetarias estatales y el acceso a la escolarización de los jóvenes. Salvia y otros (2015), analizando encuestas de aglomerados urbanos de la Argentina, afirman que la AUH ha tenido un efecto positivo sobre la escolarización primaria de jóvenes. Dicho impacto ha sido diferencial a favor de poblaciones vulnerables a la exclusión educativa como son los adolescentes en edad de cursar la escuela secundaria. Con respecto a la reducción del trabajo infantil el impacto fue menor, aunque sin dejar de ser positivo. En tal sentido, la AUH parece insuficiente para evitar el trabajo de niños y adolescentes cuando la situación de los hogares es inestable en términos de empleabilidad de sus miembros adultos y en situación de necesidades básicas insatisfechas.
En nuestro caso de estudio, también pudimos observar diferencias en relación a la escolarización primaria y la secundaria. Con respecto a la educación, la primaria pareciera ser exitosa, sin embargo el acceso al secundario es complicado, vinculado en parte al déficit de establecimientos escolares en la zona. Para completar el secundario, los jóvenes deben trasladarse de las colonias al pueblo diariamente, o asistir a las EFA (escuelas familiares agrícolas) que tienen modalidad de internado pero los alumnos deben abonar una cuota de mantenimiento. Por otro lado, al finalizar la primaria, los jóvenes trabajan más intensamente en las chacras de sus padres o salen a emplearse de modo temporario en trabajos agrícolas (sobre todo forestación) o de la construcción, esto también constituye un obstáculo.
Ahora desde que esta esa asignación está cambiando la mentalidad de la gente, antes un colono te decía para que voy a estudiar si yo planto el tabaco y lo vende y ya tengo mis cosas, (..) no se pensaba en llevar a los chicos a la escuela, porque no era visto como un beneficio, estaba esa mentalidad de que los hijos tienen que ayudar a los padres (..) pero desde que está la asignación necesitan llevarlos para cobrar así que aumentó mucho la matrícula en las escuelas (maestro rural).
Los maestros señalan que en los meses de cosecha del tabaco, los chicos pueden faltar a la escuela. Algunos agentes escolares ven de forma positiva que los niños ayuden a sus familias en las cosechas como parte de los procesos de socialización del trabajo.
En la chacra hasta los perros trabajan. Es mucho trabajo el tabaco, y los chicos aprenden con sus padres, es un juego para ellos, yo no lo veo mal el chico tiene que aprender, en noviembre ya empiezan a faltar más a la escuela, pero después vemos la manera de recuperar los contenidos. (Directora de escuela rural).
Una de las maestras que entrevistamos, agrega que uno de los efectos positivos que tuvieron las transferencias monetarias estatales fue el acceso al pueblo para los chicos de zonas rurales.
“Antes de que venga esa plata, había chicos que ni conocían el pueblo, ahora tienen su moto, vienen al pueblo, pasean por las plazas, vos ves los chicos del pueblo y los chicos de las colonias y no sabes cuál es cuál, están más integrados al pueblo.” (Maestra rural)
De esta manera las políticas públicas, habrían introducido transformaciones en la cotidianidad y movilidad espacial de los jóvenes de familias colonas, integrándolos más al espacio “urbano”.
Conclusiones
El enfoque de la reproducción social, nos permite explorar cómo las políticas públicas inciden en las condiciones de vida material y simbólica de las poblaciones beneficiarias. Esta perspectiva, exige al mismo tiempo que nos alejemos de una concepción fetichista y normativa del Estado, y que abordemos el rol del mismo a través de las prácticas y significaciones de los sujetos. Para esto, una aproximación que privilegia la perspectiva de los sujetos estudiados brinda las herramientas necesarias que permiten captar fenómenos que no serían visibles mediante otras herramientas metodológicas como son las encuestas y censos.
En primer lugar “los efectos” en las prácticas de consumo, las estrategias de obtención de ingreso y la escolarización varían según se trate de familias cosecheras o familias colonas.
En líneas generales podemos decir que los efectos vinculados a generar condiciones para la “inclusión social” son desiguales. Incluso el acceso administrativo para obtener los beneficios monetarios se distribuyen de modo desigual, debido al simple hecho de que no todos los sujetos cuentan con las mismas posibilidades de movilidad espacial en zonas rurales.
Mientras que para las familias colonas, la percepción de dinero estatal, se tradujo en algunas mejoras en las condiciones de vida, como mejoras en las viviendas y acceso al servicio de luz eléctrica; en las familias de peones cosecheros el dinero proveniente del Estado debe destinarse a la supervivencia del grupo familiar.
Debemos tener en cuenta, que las familias colonas aunque se orientan principalmente al tabaco para la venta, también disponen de producción para su alimentación (maíz, mandioca, cerdos, gallinas, hortalizas, leche) por lo tanto tienen un margen de maniobra más amplio en sus prácticas de consumo que las familias cosecheras.
En líneas generales, las políticas públicas (sobre todo la Asignación Universal por hijo, que tiene como condicionalidad la inscripción escolar de los jóvenes), fueron positivas para la inclusión de los niños en la escuela primaria, sin embargo el rendimiento es diferencial en relación a las condiciones materiales desiguales que hay entre familias de cosecheros y familias de colonos. Con respecto a la educación secundaria, la misma presenta obstáculos para todas las familias, en parte por la escasa oferta de escuelas de este nivel en la zona.
Retomando a Shore (2010) las políticas públicas pueden generar situaciones no esperadas o imprevistas, en relación con esto, la Asignación Universal por hijo, no es específicamente una política educativa, aunque una de sus condicionalidades esté vinculada a la escolarización. Sin embargo, los sujetos interpretan que el dinero proveniente de la misma debe ser utilizado en el ámbito escolar.
Al mismo tiempo la sociología moral del dinero, nos brinda herramientas para reflexionar en torno al capital moral vinculado a la circulación de dinero de origen estatal. En este sentido, el capital moral puede ser comprendido a través de las legitimaciones del “buen uso del dinero”, y la estigmatización de aquellos sujetos que no siguen las pautas de lo que se considera un “buen uso”.
Los agentes escolares, maestras y directivos, interpretan que el “buen uso” del dinero es aquel vinculado a la escolarización de los niños, las familias que no cumplen con esta premisa, como por ejemplo en el caso de los cosecheros en donde es necesario cubrir necesidades básicas, son responsabilizadas por el mal rendimiento escolar de los niños.
Con respecto al efecto que tienen las políticas públicas sobre las relaciones al interior de las familias, observamos que la Asignación Universal por Hijo refuerza el rol de la mujer como trabajadora en el ámbito doméstico. Si bien, en la práctica las mujeres pueden tener control sobre el dinero que perciben, lo que en alguna medida les daría “autonomía” frente a los hombres, hay un discurso moralizador en donde el dinero “bien utilizado” es el que se destina a los hijos, por lo tanto el “buen uso” del dinero queda vinculado exclusivamente al rol materno de las mujeres, lo que refuerza aún más el lugar del ámbito doméstico femenino.
Por otra parte, el dinero recibido por jubilaciones no contributivas es el que está más legitimado, en relación a la cuestión moral del “reconocimiento del trabajo” en este caso los sujetos interpretan que se trata de un reconocimiento por el trabajo de toda una vida. Si bien, habría que profundizar más la investigación con respecto a esta cuestión, podemos interpretar que esta cuestión puede estar apoyada en relación a la jerarquización de las relaciones generacionales, en donde los más viejos “merecen respeto”.
Con respecto a las pensiones por discapacidad, están atravesadas por la “sospecha” del clientelismo político, en algunas ocasiones son interpretadas como dinero ilegitimo. Al mismo tiempo, existen dificultades para acceder a los trámites para demostrar discapacidad.
De este modo, los significados del dinero estatal no son homogéneos con respecto al capital moral que implican, el mismo no sólo varía en torno a los” usos del dinero” sino también en relación a los distintos tipos de políticas públicas que le dan origen.
Por último, queremos resaltar que en la mayoría de los casos las políticas públicas son interpretadas como “ayuda” y no como derechos. Esta visión asistencialista emerge tanto de los beneficiarios como de otros agentes (maestros, empleados públicos). Al mismo tiempo, algunos grupos sociales son concebidos como “no merecedores de ayuda estatal” y pasan a ser estigmatizados como vagos o vividores del Estado, lo que contribuye a la reproducción social del lugar de exclusión en el que se encuentran esos sujetos.
Notas
1| Entre los años 2009 y 2014, estuvimos realizando trabajo de campo en el nordeste de la provincia de Misiones con el fin de analizar procesos de reproducción social en hogares rurales, durante el proceso de investigación observamos que las políticas sociales de transferencia monetaria tenían un gran peso en las prácticas y significaciones de los agentes estudiados, es por ello que regresamos al campo para abordar esta temática.
2| La escuela de la familia agrícola funciona como internado, los jóvenes se alojan en la escuela de lunes a viernes. Es por ello, que para asistir a estas escuelas es necesario pagar una cuota para solventar costos de estadía y alimentación.
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