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ARTICULO
Los estudios sociales de la energía y de la política energética desde el campo de la Comunicación: apuntes para una agenda de investigación emergente
(Social studies of energy and energy policy from the field of Communication: notes for an emerging research agenda)
Facundo Gonzalez* - Franco David Hessling** -
Mauro Montone***
*Universidad Nacional de Salta – Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional - Avenida Bolivia N°5150 - CP A4408FVY - Salta - Argentina.
Correo Electrónico: facundoinenco@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-1603-4235
**Universidad Nacional de Salta – Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional - Avenida Bolivia N°5150 - CP A4408FVY - Salta - Argentina.
Correo Electrónico: hesslingherrerafranco@hum.unsa.edu.ar https://orcid.org/0000-0003-4646-8664
*** Universidad Nacional de Salta – Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional - Avenida Bolivia N°5150 - CP A4408FVY - Salta - Argentina.
Correo Electrónico: mauromontone1996@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-4794-7280
Recibido el 20/05/21
Aceptado el 16/02/22
Resumen
El artículo presenta una revisión epistemológica sobre la relación entre la dimensión energética del hábitat y su abordaje desde las Ciencias de la Comunicación. Para esto, se exhibe la constitución del campo de las ciencias de la Comunicación, enfatizando su condición fértil y habilitante para abordar Problemas Sociales Relevantes. Propone entender la energía como un objeto esencialmente socio-técnico y desde la Comunicación comprender cómo es que se construye la política energética como un problema social relevante. Para ello, se enfatiza sobre una política pública vinculada a la producción de hábitat y se retoman investigaciones que, desde la Comunicación, abordaron la discusión pública en torno a los aumentos en las tarifas de gas y electricidad en 2016 en la que convergieron diversas narrativas políticas. Así, se considera que la comprensión del funcionamiento mediático de sentidos que pretenden ser hegemónicos, como el discurso oficial del tarifazo, da cuenta de los intersticios a los que permite acceder la Comunicación cuando convergen las formas tradicionales (mediacentrismo y enfoque sociocultural) del quehacer del comunicador/investigador y se fusionan con otras perspectivas que la complementan.
Palabras Clave: Comunicación; Energía; Hábitat.
Abstract
The article presents an epistemological review of the relationship between the energy dimension of habitat and its approach from the communication sciences. For this, the constitution of the field of communication sciences is exhibited, emphasizing its fertile and enabling condition to address Relevant Social Problems. It proposes to understand energy as an essentially socio-technical object and from communication to understand how energy policy is constructed as a relevant social problem. To this end, emphasis is placed on a public policy linked to habitat production, and research is retaken that, from the field of communication, addressed the public discussion around the increases in gas and electricity rates in 2016 in which they converged various political narratives. Thus, it is considered that the understanding of the mediatic functioning of senses that pretend to be hegemonic, such as the official discourse of the tarifazo (high and sudden increase in the rates of public services), accounts for the interstices to which communication allows access when the traditional forms (mediacentrism and sociocultural approach) of the work of the communicator/researcher and merge with other perspectives that complement it.
Keywords: Communication; Energy; Habitat.
Introducción
La agenda de investigación alrededor de la energía plantea -al menos- seis líneas de investigación (Ariztía et al, 2017): Sistema Socio-técnico, Ontologías de la Energía, Economización, Conflictos Socio-Energéticos, Uso y Percepción de la Energía Doméstica en la Cotidianeidad y, Transiciones Energéticas Sustentables. Sin pretender ahondar en cada una de estos ámbitos, asumimos que la Comunicación puede completar -transversalmente- una séptima línea que aporte a cada una de ese abordaje sobre la energía como problema social relevante.
El trabajo se trata de un artículo de revisión que expone un itinerario -parcial, incompleto, en permanente proceso- a partir de la yuxtaposición de dos áreas de investigación en ciencias sociales: los estudios sociales de la energía como campo de aplicación y la investigación en Comunicación como campo de conocimiento. Dado que se trata de un campo emergente, desde las ciencias sociales en general y desde las Ciencias de la Comunicación en particular, no abundan antecedentes exactamente directos, con lo cual se asumió una tarea de rastreo bibliográfico. Para esto, se exhibe la constitución del campo de la Comunicación, enfatizando su condición fértil y habilitante para abordar Problemas Sociales Relevantes. Propone entender la energía como un objeto esencialmente socio-técnico y desde la Comunicación comprender cómo es que se construye la política energética como un problema social relevante. Para ello, se enfatiza sobre una política pública vinculada a la producción de hábitat y se retoman investigaciones que, desde la Comunicación, abordaron la discusión pública en torno a los aumentos en las tarifas de gas y electricidad en 2016 en la que convergieron diversas narrativas políticas. Así, se considera que la comprensión del funcionamiento mediático de sentidos que pretenden ser hegemónicos, como el discurso oficial del tarifazo, da cuenta de los intersticios a los que permite acceder la Comunicación cuando convergen las formas tradicionales (mediacentrismo y enfoque sociocultural) del quehacer del comunicador/investigador y se fusionan con otras perspectivas que la complementan.
En el marco de los estudios de equidad, integración y sustentabilidad, los aspectos del acceso a la energía son revisados a partir del estudio de las políticas públicas de desarrollo energético y su impacto en las problemáticas socio-económicas de la población (Allcott, Mullainathan y Taubinsky, 2014; Santoyo-Castelazo y Azapagic, 2014). De esta manera la definición de problemáticas sociales, asociadas a la política energética como dimensión esencial de las políticas de hábitat, son comprendidas en la definición de un Problema Social Relevante (Kreimer y Zabala, 2006). En relación con este problema, la mayor parte de los actores (poderes públicos, comunidades científicas, organismos internacionales y de la sociedad civil) manifiestan la creencia de que el desarrollo y la aplicación de conocimientos científicos puede contribuir a superar o aliviar situaciones de desigualdad (Kreimer y Zabala, 2006) y de allí la formulación de planes estratégicos e incentivos a ciertos sectores de Investigación más Desarrollo (I+D).
Metodología de trabajo
El presente trabajo pretende introducir en el campo de las Ciencias de la Comunicación lineamientos para vincularlo con los estudios sociales de la energía. Así, desde una revisión epistemológica, reconstruimos la trama de la Comunicación desde las dos perspectivas en pugna. Al mismo tiempo, y en un esfuerzo ontológico y epistemológico, planteamos a la comunicación como eje transversal de los estudios sociales de la energía desde una versión heterogénea.
El trabajo se inicia con un punteo de componentes epistemológicos de la Comunicación y la tensión entre las grandes líneas de abordaje de los fenómenos comunicacionales: las teorías administrativas o propuestas mediacentristas y las corrientes críticas en Comunicación (Gonzalez, 2020). Es central el aprovechamiento de esos grandes continentes epistémicos que disputan el sentido del quehacer en la investigación en comunicación para dar cuenta de un problema social complejo como el del hábitat en general y el de su dimensión energética en particular. Con esto no se plantea un achatamiento o invisibilización de la mencionada tensión, más bien se reconoce sus límites y alcances en términos de la construcción de lo real como fenómeno de investigación. Se considera que, desde la demandada triangulación metodológica que es también epistemológica, sumamos herramientas para el análisis de un fenómeno multidimensional como el de hábitat/energía desde las políticas públicas.
Así, se ha seleccionado la literatura destacada en el campo de la Comunicación para revisar discusiones sobre su estatuto epistemológico. Se retoman las obras de Fuentes Navarro (1998, 2015), Frutos (2013), Torrico Villanueva (2004, 2013), Calvo y Aruguete (2018), Follari (2003), Galindo (2003), Beltrán (1985), Rizo Garcia (2008), Valdettaro (2015) y Martín-Barbero (1989) para poder dar cuenta de la trayectoria del campo, enfocándose en aquellas propuestas fértiles que sirven de apoyo al momento de estudiar la dimensión energética en la producción social de hábitat (Enet, 2008) desde la política pública.
Al mismo tiempo, se recuperan aportes de la sociología de la tecnología como subcampo específico para comprender las políticas públicas, que intervienen en la producción de hábitat como un artefacto que co-construye funcionamiento o no funcionamiento de las tecnologías (Gonzalez et al, 2020; Gonzalez, 2020; Gonzalez y Rodríguez, 2020a; Gonzalez y Rodríguez, 2020b, Gonzalez y Rodríguez, 2019; Gonzalez y Chevez, 2016).
Sentidos de funcionamiento en la co-construcción de artefactos
Convergencia Disciplinar
La Comunicación como campo de conocimiento transdisciplinar, sin una tradición disciplinar enraizada y delimitada -objeto de crítica de muchos autores- es percibida como una ventaja en el marco del enfoque de la postdisciplinariedad. Al respecto, Fuentes Navarro señala que la Comunicación “apuesta por la superación de las fronteras existentes entre las disciplinas, por la integración metodológica (…) por el abandono del afán de disciplinar su estudio; esto es, por la negación de una posibilidad de una comunicología” (Fuentes Navarro, 1998, pág. 16). Esta posición se contrapone con la opinión de otros referentes del campo, como Galindo, quien plantea desarrollar una “comunicología posible mediante la articulación, en una matriz de las vertientes analíticas de la difusión masiva, la terapia interpersonal y los estudios culturales” (Galindo, 2003, pág. 10).
Sobre el estatuto epistemológico de la Comunicación, León Duarte (2006) ha señalado que la perspectiva sociocultural se constituye en la visión predominante de la investigación académica, dentro de un contexto de prácticas de investigación orientadas a las ciencias sociales y con fuerte demanda de definición disciplinar precisa. De modo tal que el estatuto disciplinar de las Ciencias de la Comunicación evolucionó hacia la superación de los límites entre las especialidades de los campos de conocimiento. Así pues, entendemos a la Comunicación como un campo transhistórico, sociocultural y complejo, multidimensional, centrado en la subjetividad y en los procesos de producción de sentido (Gonzalez, 2020). En consecuencia, el pensamiento pos y transdisciplinar representa una perspectiva relativamente reciente, originada en el proceso histórico de la globalización (Moyano, 2016).
En la línea sociocultural, pero anclado en la opción decolonial (Palermo, 2005), Torrico Villanueva señala que el objeto de estudio de la Comunicación “(…) es el proceso, circulación mediada, intercambio desigual, intelección, y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados, que es algo de naturaleza socialmente estructural e inseparable -para fines teóricos e investigativos- de las otras dimensiones analíticas de la vida social que se estudian” (2004, pág. 31). Este autor advierte que la definición antes señalada responde al objeto teórico de la Comunicación. En cambio, serán objetos concretos los procesos comunicacionales reales sometidos a observación y estudio. En el caso de esta propuesta, el discurso mediático y los sentidos producidos en el marco de una política pública de hábitat y energía emergen como objeto de estudio.
Esta perspectiva transdisciplinar pretende guardar coherencia con una concepción de la Comunicación que se apoya, sobre todo, en las relaciones y en las interacciones entre los sujetos que son actores de la misma (Uranga, 2017). Concretamente, nos estamos refiriendo a las prácticas de comunicación que se verifican y pueden ser reconocidas en el contexto de las prácticas sociales. Es decir, a situaciones de comunicación protagonizadas por actores, individuales o colectivos, en permanente dinamismo y situados en proyectos, en organizaciones, en instituciones. Los procesos comunicacionales hacen referencia a los actores, a espacios de necesidades y demandas comunicacionales vinculadas con las prácticas que se verifican en la sociedad (Uranga, 2017).
La categoría de sentidos referencia a una actividad humana relacional “(..) en la que se ponen en juego conciencias subjetivas que a partir de conocimientos más o menos compartidos logran comprender de forma similar las estrategias básicas de comportamiento en el mundo de la vida y logran comprenderse unas a otras y conferir sentidos similares al entorno” (Rizo García, 2008, pág.4). Así, comunicar implica una apropiación del sentido que conlleva a una práctica dentro de un marco en donde el intercambio se encuentra bajo condiciones previamente establecidas y compartidas por los actores que participan en dicha acción. El sentido social es una construcción apoyada en los significados que los actores le otorgan a las cosas, palabras, valores, acciones, etc. El sentido se presenta tanto individual como colectivo porque forma parte de nosotros, señalando que somos los que dotamos de sentido las prácticas de la vida en la cotidianeidad.
El enfoque socio-técnico
Queda claro, como ya se lo señaló en el apartado anterior, que la transdisciplinariedad de las Ciencias de la Comunicación las convierte en especialmente fértiles para el abordaje de la energía como dimensión de la producción social de hábitat. Ello así puesto que se trata de un problema habitualmente considerado desde una perspectiva sólo técnica que, como se ha venido demostrando, también tiene relevancia social y política. Entonces, la mirada transdisciplinar de los procesos de comunicación que intervienen en la producción social de hábitat (PSH) se traduce en un insumo hacia la perspectiva socio-técnica en las políticas de hábitat. La Comunicación, en sus dos facetas hegemónicas, habilita a pensar la PSH desde un punto de vista complejo e integral, abonando a la elaboración de políticas públicas que funcionen y sean eficientes en términos de los usuarios y de los decisores.
Entendiendo que una forma de producir hábitat es desde las políticas públicas, necesitamos aclarar qué se entiende por ellas. Las políticas públicas, como conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio Estado consideran prioritarios (Tamayo Sánchez, 1997), son instrumentos que ayudan a entender cuando un problema tiene reconocimiento estatal.
Este trabajo asume la noción de hábitat desde un enfoque crítico y superador de la noción de habitar como lugar de residencia. El habitar se entiende como un andar, como un proceso, como la esencia primordial del humano donde este se apropia de un espacio (Lefebvre, 1978). Además, se le agrega la noción multidimensional del habitar entendido como categoría simbólica del andar habitando a la categoría material del hábitat:
“Es decir, la categoría simbólica parte de la esencia del ser, constituido a partir de las apreciaciones sensibles y subjetivas que se reproducen en las formas en las que se percibe el hábitat. Mientras que la categoría material es entendida desde los condicionantes físicos (materialidad, equipamiento, infraestructura), socioeconómicos y políticos” (Miranda Gassull, 2016, pág.2).
Entonces, el hábitat como dimensión macro, constituyente de la vida humana, refiere al ser y estar en la tierra:
“Esto va más allá de usar, ocupar, radicarse en o protegerse debajo de un artefacto tecnológico, puesto que el proceso dinámico de hábitat resulta de la confluencia de planos diferentes, analíticamente distinguibles entre lo natural, social, económico, cultural, político, emocional, físico-espacial, tecnológico, entre otros” (Vanoli, Martinez, y Cejas, 2018, pág. 4).
Evidentemente, hábitat está ligado a la noción de construir, de ser, de estar en el territorio. Sobre esto, Noelia Cejas describe la noción de hábitat en un “sentido amplio, paradigmático, reconociendo en cada uno de los y las agentes partícipes del proceso de habitar su capacidad intrínseca de producir significaciones en todos los órdenes señalados y otros que pudieran emerger del proceso” (Cejas, 2013, pág. 77).
La sociedad genera de manera continua interacciones significativas, intercambios que se materializan en los espacios físicos y en escenarios culturales. El hábitat lo conforman, pues, los escenarios lúdicos, de consumo cultural, la vivienda, el trabajo, el ambiente y la recreación. Son espacios permanentes o efímeros. Y en la forma de habitar se dan prácticas y procesos que están presentes en la construcción colectiva de memorias, lenguajes, tecnologías, y símbolos (Ceballos Guerra, 2002). Esos espacios de intercambios y relación con y en el espacio expresan significados que las personas construyen en las prácticas de habitabilidad.
Para complejizar la noción de hábitat se adhiere al concepto de PSH, que amplía y actualiza el concepto de progresividad, que fue desarrollado por miembros de distintas organizaciones del Hábitat Internacional Coalition (HIC) interesados en la defensa del derecho al hábitat, definiéndolo como:
“Todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y rurales, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos. Parte de la conceptualización de la vivienda y el hábitat como producto social y cultural y no como mercancía, como acto de habitar y no como mero objeto de intercambio” (Enet, 2008, pág. 44).
El proceso de PSH implica -señala esta autora- una forma de gestión y de acción que no responde al modelo dominante sino a una cultura de la solidaridad y de la complementariedad con otros actores sociales, con implicancias políticas, económicas y sociales de transformación de las relaciones de poder. A su vez, necesita de la participación de los pobladores y estar apoyado por asistencia técnica interdisciplinaria, de manera tal que se co-construyan los sentidos de funcionamiento de las tecnologías co-productoras de hábitat. La noción de co-construcción sostiene que la sociedad es tecnológicamente construida, así como la tecnología es socialmente conformada. Tanto la configuración material de un sistema como la asignación de sentido de funcionamiento de una tecnología (artefacto, organización o proceso productivo) se construyen como derivación contingente de las disputas, presiones, resistencias, negociaciones y convergencias que van conformando el ensamble heterogéneo entre actores, conocimientos y artefactos materiales.
El “funcionamiento” o “no funcionamiento” de la política de hábitat -que en términos de Bijker es un artefacto- es resultado de un proceso de construcción socio-técnica en el que intervienen, normalmente de forma auto-organizada, elementos heterogéneos: condiciones materiales, sistemas, conocimientos, regulaciones, financiamiento, prestaciones, etc. De esta forma, el “funcionamiento” de los artefactos no es algo dado, “intrínseco a las características del artefacto”, sino que es una contingencia que se construye social, tecnológica y culturalmente (Bijker,1995). Esta contingencia supone complejos procesos de adecuación de respuestas/soluciones tecnológicas a concretas y particulares articulaciones socio-técnicas históricamente situadas. Se construye funcionamiento en el marco de procesos de adecuación socio-técnica: procesos auto-organizados e interactivos de integración de un conocimiento, artefacto o sistema tecnológico en una trayectoria socio-técnica, socio-históricamente situada. El funcionamiento/no-funcionamiento de una tecnología deviene del sentido construido en estos procesos auto-organizados de adecuación/inadecuación socio-técnica: la adecuación genera funcionamiento (Thomas y Buch, 2008).
La triada energía/Comunicación/política pública
Partiendo de que la política pública vinculada a la energía como dimensión de la producción de hábitat es un Problema Social Relevante se puede afirmar que las Ciencias de la Comunicación resultan de fundamental valía para hacer un abordaje del asunto. Esto, puesto que el mencionado campo, con la tensión teórica que se resaltó anteriormente, representa una transdisciplina, es decir, permite observar los fenómenos sirviéndose del diálogo entre encuadres conceptuales y metodológicos disímiles. Así las cosas, es importante destacar que, en lo que a políticas energéticas respecta, bien se puede aplicar como matriz de análisis la tensión entre la energía como mercancía y la energía como derecho humano. Se presentará, a modo de ejemplo, el caso argentino de los últimos años.
Aunque los matices de la mirada de derechos humanos se observaron, entre otras cosas, con ciertas normas impulsadas durante la etapa kirchnerista (2003-2015), especialmente después de 2006 con las leyes para la generación de biocombustibles y para cubrir un 8% de la generación eléctrica con energías renovables (Garrido et al., 2016), lo cierto es que el sistema tecnológico energético no se modificó en cuanto a su fragmentación y desintegración vertical, ni se logró diversificar la matriz energética, todavía muy dependiente de los combustibles fósiles. Al tiempo que se saturó el sistema a causa de una política de subsidios excesiva. La producción de biocombustibles, especialmente el biodiesel, benefició al polo agroexportador de las oleaginosas y no tuvo tanto impacto entre los ingenios azucareros que producen bioetanol. La proporción de 8% de generación eléctrica a partir de energías renovables no se alcanzó jamás, aunque el 23 de septiembre de 2015 se renovó el horizonte con la promoción de una nueva ley en el mismo sentido (ley nacional 27.191).
El proceso de “sinceramiento”1 de la Alianza Cambiemos (2015-2019), que impactó en los precios de las tarifas, se relató en los medios de comunicación masiva de línea liberal-mercantil como una situación lógica para terminar con el desequilibrio del sistema energético nacional. Aunque los aumentos tarifarios afectaron tanto a usuarios domiciliarios como a pequeñas y medianas empresas, la capacidad de los medios de comunicación masivos para promover y sostener imaginarios sociales en general (Baczko, 1999) e imaginarios socio-técnicos en particular (Jasanoff y Kim, 2009) habría sido uno de los principales soportes para la implantación de la óptica mercantil a ultranza en cuanto a los servicios públicos esenciales. A pesar de que también se abrieron debates en las redes sociales, éstos siempre estuvieron directamente vinculados con las agendas mediáticas (Aruguete y Calvo, 2017).
Además de la legitimación a la política de desregulación tarifaria que se promovió desde los grandes medios de comunicación afines a la óptica mercantil, la Corte Suprema de Justicia hizo lo propio con su anuencia ante los aumentos. De hecho, ante diversas presentaciones y recursos que surgieron al darse las alzas en las tarifas, la decisión más impactante del máximo tribunal nacional fue en agosto de 2016, cuando decidió frenar un aumento en el gas domiciliario, aunque por una cuestión meramente procedimental: faltaba consumar la audiencia pública no vinculante. Tanto en el campo de los grandes medios como en el sistema judicial hubo matices que reflejan la tensión entre la energía como mercancía y la energía como derecho humano, aunque como hipótesis sobre los ámbitos jurídico y mediático hay que aclarar que se considera que, en general, durante la etapa de desregulación del gobierno de Cambiemos no expusieron fundamentos discursivos en línea con la idea del derecho a la energía.
Una posible razón que justificaría esto último es que los debates en torno a la energía como derecho han tenido mayor desenvolvimiento en el campo jurídico de Europa, donde el Comité Económico y Social Europeo se refirió a la pobreza energética en 2013 (TEN/516) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (2004) aludió al “derecho de todo ser humano a disponer de agua potable, saneamiento y energía”. Para completar el soft law que puede hacerse operativo en Argentina en materia de Derechos Humanos y energía habría que añadir que quienes vienen sosteniendo la defensa del derecho a la energía citan la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 cuando habla de nivel de vida adecuado, en el que se incluye la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido y la vivienda, entre otros elementos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en vigor desde 1976), en el que se habla del derecho a una vivienda adecuada y se incluye en ello aspectos vinculados al acceso a la energía para la cocina, iluminación y calefacción (Raya Díez y Gómez Pérez, 2016).
Además del análisis técnico que se vislumbra a partir del tratamiento mediático del tarifazo se incorpora la idea de comunicación como (re)productora de sentidos y significaciones (Rizo Garcia, 2008). Resulta interesante ver los modos de producir y hacer circular sentidos hegemónicos de la energía como mercancía y la marginalidad del discurso energía/DDHH. En ese marco, del análisis en términos de discurso mediático hegemónico, se desprende una segunda instancia de análisis de sentidos que en relación con otros aspectos (como el jurídico, el político, el económico y socio-técnico de producción de energía) integrarán una comprensión más holística del problema.
La dimensión energética de la vida social en la discusión pública y mediática
Hasta aquí se ha desarrollado una problematización conceptual para el entendimiento del hábitat como política pública desde el enfoque socio-técnico, planteando al campo de la Comunicación como espacio habilitante de la intersección de diferentes perspectivas para abordar el asunto como Problema Social Relevante. Se explicita como las políticas energéticas del 2014 en adelante no lograron satisfacer la demanda creciente ni diversificar la matriz de producción y así volver más eficiente al sistema energético. En 2016 en particular, la problemática se instala de manera preponderante en la esfera pública cuando la crisis energética desemboca en un aumento tarifario para los consumidores finales.
En la actualidad el alcance de los medios en la percepción pública ha sido puesto -nuevamente- en entredicho a partir de la irrupción de la masiva conectividad y nuevas plataformas que devinieron con la irrupción del internet. Esto suscitó nuevas formas de pensar la articulación entre lo mediático, lo público, lo masivo y lo político. El interés de abordar en los tiempos actuales la dimensión mediática y pública de una problemática social parte del supuesto de que los medios de comunicación cumplen un papel preponderante en los procesos de aprehensión de la realidad que forma parte de la vida cotidiana de las sociedades pero que, sin embargo, se encuentra fuera de su alcance inmediato. Especialmente sucede esto con los asuntos políticos. Por ello, bajo esta óptica se prestará atención al momento donde cobra relevancia el asunto de la desregularización tarifaria en servicios energéticos, teniendo en cuenta los flujos de interacción que se dieron en las redes sociales (y con ello la sinergia entre los medios tradicionales y las nuevas narrativas interactivas), y el pronunciamiento de los tres poderes públicos.
Cierto es que la investigación en Comunicación en Argentina y América Latina ha renegado de miradas mediacentristas ante el sesgo que estas suponían respecto de la estructura social vernácula, sin embargo, la cuestión mediática resulta ineludible en un mundo mediado -cada vez más- por dispositivos tecnológicos. Esto se complejiza aún más cuando se tiene en cuenta la interacción comunicación-política-cultura en las sociedades contemporáneas, ya que la producción social de la política es inescindible de las batallas que se liberan en el plano simbólico y el carácter participativo de las democracias modernas es impensable por fuera de la escena pública que construye la comunicación masiva (Martín Barbero, 2002).
La interacción expuesta en el párrafo anterior se tensiona en un momento específico dentro de la problemática energética de la Argentina contemporánea: a partir de los aumentos de las tarifas de servicios energéticos sobre los consumidores finales en el año 2016. Durante el primer año de gobierno de la Alianza Cambiemos la reacción social ante los aumentos tarifarios dotaron a la discusión político-energética argentina de una mayor relevancia y dos grandes actores irrumpieron en la esfera pública: el Poder Judicial de la Nación y los flujos de interacción en redes sociales y medios de comunicación.
En diciembre del año 2015, el entonces presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, declaró a través del Decreto N°134/2015 la emergencia energética del sector eléctrico nacional. El decreto estuvo centrado en la energía eléctrica, aunque también se alegaron dificultades para el abastecimiento de gas, necesario para la generación de electricidad en el país; instruyendo así al Ministerio de Energía y Minería (MINEM) a elaborar y poner en vigencia un plan de acción con respecto a los dos servicios públicos.
En febrero del año 2016, el gobierno anunciaba incrementos en las tarifas de luz que promediaron un 500% y de gas alrededor de un 200% (para segmentos de alto consumo alcanzó cifras entre 900% y 1200%). En ambos casos se alegó como justificación el estado prolongado de deterioro de la provisión de los servicios, cuya solución debía llegar a partir del aumento de inversión de las empresas prestadoras, para lo cual era prioritario incrementar los precios y así generar un horizonte de previsibilidad (Cantamutto, 2016).
Para menguar el impacto de los aumentos, el gobierno admitió el cobro de las facturas de los servicios de manera prorrateada, estableció una tarifa diferencial para los usuarios que lograsen un ahorro del consumo del 15% o más, y sostuvo la tarifa social, aplicable a un cierto universo de usuarios en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, incluso para ese tipo de usuario alcanzado por el subsidio (parcial) de la tarifa social se vio agravada la situación entre el año 2015 y 2016 (Durán, 2018).
Entre los meses de abril y junio del año 2016 los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, al resultar exacerbados, implicaron una serie de protestas en todo el país. Algunos trabajos de la literatura en Ciencias Sociales de la Argentina reciente se enfocaron en el estudio del aumento del gas para el año 2016, por haber sido el foco específico de conflictividad que obligó al pronunciamiento de los tres poderes públicos; a este proceso se lo denominó “tarifazo” (Cantamutto, 2016; Varesi, 2016; Sabbatella y Burgos, 2017; Wyczykier, 2018). En el caso particular del sector gasífero; el principal reclamo por parte de los sectores opositores del gobierno de entonces fue el de la inconstitucionalidad, por haber alterado los procesos obligatorios de Audiencia Pública para implementar los aumentos. El carácter inédito del tarifazo del 2016 fue el hecho de que el proceso de reposición de los costos gozó de una legitimidad procesal administrativa ante la disposición de los fallos judiciales, aun cuando los usuarios incumplieran con el pago del estipendio. Tal reclamo culminó en instancias judiciales y, entre los meses de julio y octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló anulando los aumentos e instando al gobierno a hacer una revisión de cálculos antes de concluir el año (Cantamutto, 2016).
El tarifazo formó parte de las consignas de diversas protestas en todo el país y también tuvo su correlato en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las protestas nuclearon a usuarios residenciales, organizaciones civiles, sectores comerciales y productivos y autoridades políticas (Wyczykier, 2018).
Algunas investigaciones en Comunicación se basaron en la perspectiva teórica de la Agenda-Setting. La teoría de la Agenda-Setting nace en el seno de la corriente funcionalista de la Mass Comunication Research (MCR) y se reconoce como una teoría de efectos, dentro de los “efectos a largo plazo”, diferenciándose así de “los efectos limitados” que a su vez se fundaron para rebatir las tesis de “la aguja hipodérmica” o “bala mágica”, con los que iniciaba la MCR (Grassau, 2016). Las discusiones de la Agenda-Setting con las teorías que la precedieron se basan por un lado en el alcance adjudicado a los efectos de los medios masivos de comunicación sobre sus audiencias y, por el otro -conforme incursionaron en nuevas fases de estudio- a la disputa por la fijación de agenda entre los medios y entre los medios y las agendas políticas. Desde sus inicios, hace más de 50 años, los estudios de agenda han seguido vigentes a base de su continua implementación empírica y acumulación heurística. Vastamente utilizada sobre todo en Estados Unidos y Europa, su implementación y adecuación en América Latina tuvo un desarrollo “tardío” (Gallego Ramos, 2017) con una importante producción entre los años 2004 y 2014 sobre todo en Brasil, México, Cuba y Argentina. En esta línea se encuentra el aporte de Celeste Gómez Wagner (2020) que analiza la cobertura que realizó el diario Clarín sobre el aumento tarifario en los servicios de electricidad y gas durante el primer gobierno de Mauricio Macri.Específicamente se enfocó en la relevancia mediática que adquirieron los temas relacionados con el “tarifazo” y los atributos desplegados en la cobertura, esto es, trabajó con el primer y segundo nivel de la teoría de la Agenda-Setting. Los principales hallazgos de la investigación arrojaron que el picó de noticiabilidad y mayor prominencia sobre el “tarifazo” se produjo durante el mes de agosto, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció por primera vez respecto de los aumentos tarifarios; que los temas más recurrentes en la cobertura estuvieron vinculadas con las cuestiones conflictivas y controversiales en los ámbitos político-parlamentarios-judiciales dejando relegado la cuestión del impacto sobre la población. Asimismo, la cobertura que realizó el diario presentó componentes de espectacularización, a lo que infiere Gómez Wagner (2020) que está relacionado con una tendencia en las prácticas periodísticas de recurrir al conflicto y a la dramatización para captar la atención de los lectores.
Otras investigaciones abordaron el fenómeno de los flujos de información en redes sociales y medios que se articularon bajo el hashtag #tarifazo. Aruguete y Calvo (2017) implementaron el modelo de fusión de agendas (agenda melding) para analizar la propagación de mensajes en Twitter referidos al aumento tarifario en los meses de julio y agosto del 2016. El modelo de fusión o melding surge como un intento de las perspectivas de agenda de analizar los cambios que supuso el entorno digital e interactivo contemporáneo. El foco de análisis se desplaza desde los medios hacia los receptores de los mensajes. Este modelo resulta congruente con la conformación y análisis de burbujas de información, aunque es incapaz de explicar cómo se establece la agenda cuando activamente los usuarios pueden publicar y propagar los contenidos a voluntad. Pese a su carácter inédito por su implementación a base de las recientes innovaciones infocomunicacionales, se define como una teoría de la disonancia social, retomando algunas de las premisas esgrimidas desde la psicología social hace más de medio siglo por Festinger (1975).
A partir de la aplicación del modelo de la agenda melding los investigadores pudieron indagar las decisiones de los usuarios de promover contenidos con los cuales tienen afinidad cognitiva. Se midió la propensión de los usuarios a difundir contenidos consistentes con sus creencias políticas, los enlaces con medios tradicionales y no tradicionales, y el tiempo de demora en el retuiteo de mensajes en función de los links a medios tradicionales incluidos en esos posteos. Los resultados publicados indicaron que en el lapso estudiado se agruparon los usuarios en comunidades -burbujas de información- con las que compartían afinidades y mensajes congruentes, en un escenario polarizado.
La investigación de Slimovich también se concentra en los mensajes expuestos en la red social Twitter durante julio del 2016 en relación al tarifazo, pero desde un enfoque cualitativo. La investigadora se abasteció de una mixtura de herramientas conceptuales provenientes de la socio-semiótica de los medios masivos, la teoría de la mediatización política veroniana y el modelo analítico de circulación contemporánea de Carlón (Slimovich, 2017). El trabajo empírico estuvo centrado en la reconstrucción de la narrativa de la protesta en contra del tarifazo. En este caso puntual el disparador fue una entrevista televisiva del canal C5N al titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, que convocaba a una protesta por los tarifazos bajo la consigna de “ruidazo”. Luego, ese contenido se vería replicado en twitter para luego pasar a otros medios como por ejemplo artículos periodísticos en cibermedios y, ya con las protestas consumadas en las calles, la retransmisión de los canales de televisión. La propagación de los mensajes y consignas vinculados a la protesta (#ruidazo) dejó entrever una relación ascendente/descendente en la cual se articuló, en un proceso espiralado entre las redes sociales y los medios de comunicación en múltiples plataformas2.
Conclusión preliminar
En el presente trabajo se ha dado cuenta de la potencialidad del estatuto epistemológico de las Ciencias de la Comunicación para abordar la complejidad de los problemas sociales en general, y de la dimensión energética en particular. Esta condición epistémica del mencionado campo habilita abordajes diversos y -a priori- disímiles problemas sociales que son asumidos como socio-técnicos. La comprensión del funcionamiento mediático de sentidos que pretenden ser hegemónicos, como el discurso oficial del tarifazo, da cuenta de los intersticios a los que permite acceder la Comunicación cuando convergen las formas tradicionales (mediacentrismo y enfoque sociocultural) del quehacer del comunicador/investigador y se fusionan con otras perspectivas que la complementan.
La Comunicación, como discurso y práctica científica emerge como escenario transdisciplinario capaz de generar explicaciones holísticas a fenómenos complejos que involucran más que prácticas sociales. En este punto, se entiende que la ansiada transdisciplina debe superar su carácter de “transdisciplina de las ciencias sociales” y esforzarse por vincularse con las no sociales. Este esfuerzo permitirá aspirar a nuevas comprensiones, nuevas formas de plantear “funcionamientos” y generar artefactos que, desde el horizonte socio-crítico, aporten al mejoramiento del hábitat de las personas que forman parte de nuestras investigaciones. En términos de Sandra Valdettaro:
“De tal manera, una Epistemología de la Comunicación se ubica, necesariamente, dentro del ámbito más amplio de una Epistemología de la Ciencia. Opto por la “ciencia”, y no solamente por las ciencias sociales y humanas”, debido a que, en la actualidad, ya no es posible sostener una división entre ciencias “duras” y ciencias “blandas”. Naturaleza y cultura forman, en nuestra contemporaneidad, un continuum de creciente complejidad que no es posible abordar mediante las particiones disciplinares clásicas de la ciencia” (2015, pág. 14).
Finalmente, se considera que los sentidos y significados de hábitat son elementos que pueden contribuir al diseño de políticas públicas que sirvan de soporte para extender la premisa del acceso a la energía como derecho humano.
Notas
1| El uso de “sinceramiento” por parte de los funcionarios del gobierno nacional durante el proceso de suba de tarifas de más del 3000% durante el año 2016 se justificó en que los aumentos ya habían sido aprobados durante el último gobierno de Cristina Fernández (2015-2019), pese a lo cual se subvencionaba a los consumidores finales para congelar sus tarifas.
2| Tanto en la problemática que planteamos aquí como en los antecedentes recuperados subyace el interés por la dimensión mediatizada del tarifazo durante el año 2016 durante los meses que se intensificó el conflicto. Sin embargo, la cobertura mediática sigue siendo un área de vacancia.
Los trabajos relevados que han considerado a las noticias publicadas sobre el tarifazo en sus análisis no se han centrado en su cobertura mediática. Las investigaciones de Aruguete y Calvo (2017) y de Slimovich (2017) se han ocupado esencialmente de las narrativas que se propagaban en la red social twitter y han contemplado como estas se nutrían de las producciones de los medios tradicionales. El trabajo de Wyczykier (2018), si bien analiza datos y testimonios presentados en piezas de medios gráficos sobre el aumento tarifario; no lo hace de manera extensiva, sino que plantea una cartografía a partir de la selección de algunos casos.
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13 Decreto 134 (2015) [Jefatura de Gabinete de la Nación Argentina]. Por la cual se declara la emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017. 16 de diciembre de 2015.
14 Dictamen TEN/516 del Comité Económico y Social Europeo (2013) Recuperado de: http://sostenibilidadyprogreso.org/files/entradas/por-una-accion-europe.pdf.
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