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ARTÍCULO ORIGINAL
Los dispositivos estatales en el conflicto Cura Vasco en Córdoba en el período 2011-2015: La producción de territorios intervenidos
(Statehood devices in Cura Vasco´s conflict in Córdoba in the period 2011-2015: The production of intervened territories)
Erika Saccucci*
Recibido el 28/02/18
Aceptado el 08/09/18
* Área de Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad Católica de Córdoba - Armada Argentina 3555 - CP 5017 - Colectivo de Investigación el Llano en Llamas. Correo Electrónico: erika_sac34@hotmail.com
Resumen
En las últimas décadas se han profundizado los conflictos por el acceso a la tierra en América Latina en general, y en Argentina en particular. Aún más puntualmente, en la provincia de Córdoba las luchas por el territorio se han convertido en centrales, dada una matriz de producción a base de commodities y de la especulación financiero- inmobiliaria que excluye a amplios sectores de la sociedad del acceso a la tierra. A partir del año 2011 se comenzaron a desarrollar en Córdoba, Argentina, diversas experiencias de toma de tierra que dan cuenta de la lucha por el territorio. En esta investigación nos hemos centrado en la toma de tierra Cura Vasco a los fines de indagar qué tipo de territorio se configura en el marco del conflicto. El territorio se produce en la intersección entre dispositivos de poder y estrategias de los sujetos en lucha. A partir del análisis de contenido de 13 entrevistas en profundidad realizadas durante los años 2014-2015 se ha indagado sobre la configuración del conflicto desde sus orígenes en 2011. Así, hemos encontrado que el principal dispositivo que allí opera es el político-administrativo de la estatalidad que tiene por objeto disciplinar los reclamos y métodos de lucha. Frente a este dispositivo las y los vecinos oponen como estrategia la articulación con instituciones. El territorio que se configura se caracteriza por ser intervenido: por el control de las relaciones sociales y los procesos organizativos a los fines de reproducir la estatalidad y diluir el conflicto social.
Palabras Clave: Conflicto social; Control gubernamental; Estado; Estrategias; Territorio.
Abstract
In recent decades, conflicts over access to land in Latin America in general, and in Argentina in particular, have deepened. Even more particularly, in the province of Córdoba the struggles for the territory have become central, as the production mode is based on commodities and financial-real estate speculation that excludes large sectors of society from access to land. From the year 2011 it began to develop in Córdoba, Argentina, diverse experiences of occupation of land that account for the struggle for the territory. In this research we have focused on the occupation of Cura Vasco for the purpose of investigating what type of territory is configured in the context of this conflict. The territory is produced at the intersection between devices of power and strategies of the subjects in struggle. From the content analysis of 13 in-depth interviews developed during 2014-2015, we have inquired about the configuration of the conflict from its origins in 2011. Thus, we have found that the main device that operates there is the political-administrative as a part of the state that aims to discipline the claims and methods of struggle. Faced with this device, the neighbors oppose the articulation with institutions as a strategy. The territory that is configured is characterized by being intervened; for the control of social relations and organizational processes in order to reproduce statehood and dilute the social conflict.
Keywords: Social conflict; Gubernamental control; Territories; State; Strategies.
Introducción
A partir de la emergencia de un conflicto social se ponen en marcha diversos mecanismos y dispositivos estatales que tienen por objeto disciplinar sus reclamos y métodos. Al decir de Ciuffolini (2010) el Estado debe ser abordado a partir de sus actuaciones y cómo estas se traducen en estructuras, instituciones y procesos que edifican las relaciones sociales. La estatalidad, más que una esencia, es un efecto emergente e inestable de un conjunto de relaciones y de permanentes estatizaciones. La estatalidad se erige como un terreno de poder y gobierno estratégicamente selectivo, en el que capacidades y actividades se organizan y localizan en distintas escalas, sujetos y con diferentes funciones, produciendo un entramado complejo de prácticas que en su conjunción, e incluso contradicciones, producen un efecto de control y gestión de los conflictos.
El Estado administra el conflicto a partir de particularizar/individualizar o totalizar aquello que se encuentra disputado/impugnado (Avalle, 2017). En el primer caso el conflicto es tratado como singular y se ponen en marcha dispositivos para su apaciguamiento, mientras que, en el segundo caso, el conflicto se interpreta en relación a otros de un tenor similar, por lo que la opción es desarticularlo y convertirlo en un caso testigo. A toda esta mecánica la hemos denominado economía de los conflictos (Ciuffolini, 2010).
Al decir de Oszlak y O’Donnell (1976) el accionar de la estatalidad puede ser entendido como política pública, tanto en su acción como su omisión frente a una determinada situación. Así, una toma de posición activa, puede implicar desde iniciar una acción y legitimarla, hasta acelerar algunas de sus tendencias, moderar otras o bloquearla. Una toma de posición por omisión, por su parte, podría incluir desde la decisión estatal de esperar a que la cuestión y la posición de los demás actores esté más nítidamente definida, dejar que se resuelva en la arena privada entre las partes involucradas o considerar que la inacción constituye el modo más eficaz de preservar o aumentar los recursos políticos. El Estado pone en marcha, entonces, una diversidad de dispositivos que intentan encauzar la conflictividad a los fines de volverla manejable y administrable (Saccucci et al. 2015).
En las últimas décadas se han profundizado los conflictos por el acceso a la tierra en América Latina en general, y en Argentina en particular. Aún más puntualmente, en la provincia de Córdoba las luchas por el territorio se han convertido en centrales dada una matriz de producción a base de commodities (Svampa, 2013) y de la especulación financiero- inmobiliaria (Saccucci, 2017) que excluye a amplios sectores de la sociedad del acceso a la tierra. Así, a partir del año 2011 se comenzaron a desarrollar en la provincia de Córdoba diversas experiencias de toma de tierra que dan cuenta de la lucha por el territorio. En esta investigación nos hemos centrado en la toma de tierra Cura Vasco1, localizada en la ciudad de Córdoba, a los fines de indagar qué tipo de territorio se configura en el marco del conflicto.
Esta investigación se inscribe dentro de aquellas perspectivas teóricas que sostienen que el territorio es el complejo resultado de la interacción de diversos sujetos sociales que, en su modo de producir las relaciones sociales constitutivas del territorio, son configurados como sujetos (Mançano Fernandes, 2008). A su vez, hemos propuesto que los conflictos son instancias de visibilización de las luchas sociales y que en el estudio de la conflictividad es donde se hace posible conocer con mayor detalle la operatoria del poder y la agencia de los sujetos. Así, los territorios son efectuaciones de poder. De allí que hayamos complementado la perspectiva teórica sobre la configuración de los territorios con el estudio de la configuración de las relaciones sociales. Para conocer la operatoria del poder hemos propuesto el concepto de dispositivos de poder y para conocer la agencia de los sujetos en lucha por la tierra, el de estrategias.
El aporte de esta investigación es la articulación teórica entre las perspectivas de producción de territorios y conceptos que permiten conocer las operatorias de poder que intervienen. Proponer desde esta perspectiva el abordaje de la configuración de territorios implica reconocer su (re)producción cotidiana al tiempo que recupera la potencia creadora de los sujetos. Permite dar cuenta de las configuraciones del poder pero a su vez señala sus contestaciones en términos de resistencias cotidianas y luchas.
Hemos propuesto que el territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos de poder y de disposiciones sociales que, a partir de la concurrencia de relaciones de fuerza desplegadas en torno al control y la protección de los bienes comunes, configuran sujetos y campos de comportamiento posibles (Ciuffolini, 2011).
Los dispositivos de poder organizan la experiencia del presente, pues es a partir de ellos que se configuran los territorios y los sujetos. Los dispositivos regulan las posibilidades de agencia y los límites para la acción en tanto fijan fronteras a los comportamientos posibles. Su operatoria se despliega como un campo de posibilidades que incitan y/o propician determinadas decisiones y acciones, al tiempo que inhiben y/o prohíben otras. Así, los dispositivos se configuran en la unión de elementos heterogéneos: discursos, instituciones, diseños arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, entre otras que puedan configurarse y articularse (Foucault, 1994) destinadas a la regulación y control de las acciones de los sujetos y al establecimiento de relaciones sociales reproductivas del orden imperante.
En resumen, un dispositivo se caracteriza por (a) definir una serie de conexiones íntimas entre saber y poder; (b) establecer la dispersión del poder a través una multiplicidad de dispositivos (la vigilancia, el castigo, el examen); (c) describir la producción de modos de subjetivación del individuo a partir de determinadas técnicas (Abadía, 2003); (d) se trata de un conjunto heterogéneo que incluye diversos elementos: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas; (e) siempre tiene una función concreta inscrita en una relación de poder; (f) resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber (Agamben, 2011).
Pero, al mismo tiempo, frente al despliegue de los dispositivos de poder se configuran resistencias y luchas que tensionan su reproducción. En consecuencia, el conflicto es intrínseco al despliegue de los dispositivos en tanto el ejercicio del poder da lugar a la emergencia de resistencias y luchas que los tensionan (Murrillo, 2014). Proponer desde esta perspectiva el abordaje de la configuración de territorios implica reconocer su (re)producción cotidiana al tiempo que recupera la potencia creadora de los sujetos. Permite dar cuenta de las configuraciones del poder pero a su vez señala sus contestaciones en términos de resistencias cotidianas y luchas.
En definitiva, la doble dinámica de hacer posible y de control con que operan los dispositivos, habilita un juego de acciones y decisiones discrecionales. Así pues, los dispositivos son, por un lado, marcos que permiten la creatividad e innovación que requiere la sociedad presente (Guattari, y Rolnik, 2008) y, por el otro, establecen los márgenes de las acciones y decisiones posibles de modo tal que las mismas sean manejables y gobernables (Ciuffolini, 2010).
Se ha propuesto entonces, que el territorio es una efectuación de poder y que, por tanto, puede asumir múltiples formas y características. En su configuración se despliegan y contraponen dispositivos de poder y estrategias que los sujetos producen a los fines de habilitar “espacios de libertad”.
Las estrategias son entendidas como las prácticas desarrolladas por los colectivos en el marco de una disputa agonal que se presenta como un juego de posiciones. Se enfrentan y se oponen directamente al despliegue de los dispositivos de poder y al gobierno de los cuerpos, poblaciones y territorios. La estrategia designa los procedimientos utilizados en un enfrentamiento con el fin de privar al adversario de sus medios de combate; se trata, entonces, de los medios destinados a obtener la victoria, la elección de soluciones “ganadoras” (Foucault, 1988). En las estrategias es posible encontrar potencia para la creación de territorios. En este marco, la lucha es el enfrentamiento directo entre diversos sujetos sociales (De Certeau, 1996), un momento del conflicto donde la tensión devino en una contienda o disputa. Se trata de la planificación de acciones de manera metódica en virtud de un escenario conflictivo percibido.
En resumen, indagamos en este artículo qué territorio se produce a partir de la intersección entre los dispositivos de poder y las estrategias de los sujetos en lucha. Hemos encontrado que el principal dispositivo de poder que opera en este conflicto es el político-administrativo. Frente a este dispositivo, las y los vecinos oponen como estrategia la articulación con instituciones. Luego del análisis hemos arribado a la conclusión que el territorio que se configura allí en donde intersecta el dispositivo político-administrativo y la estrategia de articulación con instituciones, se caracteriza por ser un territorio intervenido. La producción de territorios intervenidos se caracteriza por el control de las relaciones sociales y los procesos organizativos a los fines de reproducir la estatalidad y evitar el conflicto social.
Así, a continuación hemos realizado la presentación del conflicto estudiado y las principales decisiones metodológicas asumidas. En el segundo apartado hemos indagado el funcionamiento del dispositivo político administrativo y posteriormente, en el tercer apartado presentamos la estrategia de articulación con instituciones. Finalmente, hemos propuesto que la característica principal del territorio que se configura es de intervención.
Historización del conflicto por la tierra en Cura Vasco y decisiones metodológicas
Hay un conjunto de factores que hacen del acceso a la tierra en la provincia de Córdoba un problema:
a) Aumento en la presión por la tierra: la provincia de Córdoba basa principalmente su economía en la producción agraria e inmobiliaria. El avance de la frontera agrícola y urbana generó un proceso de presión sobre la tierra, expulsando grandes cantidades de población hacia sus márgenes (Saccucci y Feldmann, 2015).
b) Déficit habitacional estructural: en la provincia de Córdoba la desigualdad en el acceso a la tierra es un problema estructural que se ha agravado en el último tiempo por la nueva matriz productiva. Los datos del último censo señalan que la provincia cuenta con un déficit habitacional de casi el 50% de los hogares2 (Colectivo de investigación El Llano en Llamas, 2013).
c) Políticas que favorecen la inversión del capital inmobiliario: un conjunto de programas públicos de vivienda han agravado la segregación socioterritorial en la ciudad a partir de otorgar el uso del suelo a la inversión y el desarrollo urbano de carácter privado3 (Avalle y de la Vega, 2011; Job y Ferrero, 2011). Las estadísticas indican que en la actualidad existen 238 asentamientos en la provincia, y entre el 2001 2010 se registra un fuerte crecimiento poblacional (62%) de los ya existentes. Del total de los asentamientos, 119 se encuentran en la ciudad de Córdoba (Dattoli et al., 2011). Esto da cuenta de una desigualdad en el acceso a la tierra que excluye a los sectores populares y prioriza el desarrollo urbano privado a partir de diversas políticas públicas.
En este contexto, se desencadenan en la provincia de Córdoba diversos procesos de “toma de tierra”. Las tomas de tierra emergen como un fenómeno social sumamente relevante, ya que son la expresión de numerosas desigualdades y procesos de exclusión de grandes grupos poblacionales de las dinámicas de mercado y del Estado. Cuando un grupo de familias comienza a organizarse con el objetivo de ocupar tierras, desarrolla un conjunto de procedimientos que definen una metodología de lucha popular. Tales experiencias tienen su lógica construida en la práctica y a la indignación y la revuelta, la necesidad y el interés, la conciencia y la subjetividad, la experiencia y la resistencia, sus componentes constitutivos: tierra para trabajarla en lugar de tierras para el comercio y la explotación, el movimiento y la superación (Mançano Fernandes, 2008).
Particularmente, la toma de tierra denominada Cura Vasco4 se desarrolló en el Barrio Ciudad Obispo Angelelli II de la ciudad de Córdoba5. Si bien existe una cierta diversidad de trayectorias de vida en la toma de tierra, la mayoría de las familias provienen de un proceso de toma anterior, radicado en el barrio Nuestro Hogar IV-Pueblos Unidos. Las 32 familias que realizaron la toma de tierra tienen diversas procedencias. En su mayoría se trata de peruanos, seguidos por bolivianos y una minoría de argentinos procedentes del propio barrio ciudad o bien de provincias como Chaco y Formosa. Estos últimos se sumaron al proceso en el momento mismo de la toma.
En el año 2011 un grupo de nueve familias de Pueblos Unidos6 decidieron abandonar sus hogares como consecuencia de la contaminación de la tierra para buscar nuevos lugares donde instalarse. A través de contactos con un cura del barrio llegaron a dialogar con Justo Hilario Irazábal (conocido informalmente como Cura Vasco)7 por los terrenos pertenecientes a la Iglesia en el barrio de Angelelli. A partir de las conversaciones resolvieron que aquellas tierras que le pertenecían a la Iglesia serían transferidas a estas familias.
Justo Hilario Irazábal entabló diálogos con la policía de la zona y les transmitió una lista de las familias que allí se localizarían a los fines de evitar conflictos. Esta lista fue de gran importancia ya que definía quienes estaban legitimados para acceder a la tierra, excluyendo a otras familias que fueron acercándose. Como se verá más adelante, la Iglesia a través de diversos actores, se posicionó como mediadora entre las demandas de los vecinos y el Estado, a partir de su contención y de establecer límites entre lo “permitido y lo no permitido” donde la medida eran los resultados de negociación con el Estado.
Las familias, en conjunto con algunos miembros de la Iglesia y de la Universidad Católica de Córdoba, decidieron aceptar las disposiciones de loteo del barrio ciudad. De esta manera la manzana y media de extensión que representaba el predio fue subdividida en 32 lotes. En todo este proceso la presencia de la iglesia católica se sostuvo a través de la participación del rector de la Universidad Católica de Córdoba, que puso a disposición algunos estudiantes de arquitectura para dicha tarea. En particular, asume centralidad en el proceso político una alumna de arquitectura que participaba de las discusiones y la toma de decisiones y se convirtió en una referente del proceso.
Las negociaciones y el número de lotes disponibles posibilitaron que se sumaran familias pertenecientes al barrio ciudad -quienes compartían la vivienda con sus padres- y por familias provenientes de Bolivia. Sin embargo, estas personas que se sumaban quedaban supeditadas a la conducción política de la iglesia y de los referentes del primer grupo organizador de la toma.
Es en este contexto que funcionarios de la Provincia comenzaron las averiguaciones sobre el terreno. Surgió así una situación que hasta el día de hoy es poco clara y que fue referida por los entrevistados: Justo Hilario Irazábal no figuraba formalmente como dueño de esas tierras, sino que estas eran de dominio Fiscal.
Esta situación tuvo origen en 2005 cuando Justo Hilario Irazábal inició negociaciones con la Provincia para realizar un “canje” de terrenos. Mientras que él cedía sus tierras en Angelelli donde se construiría el barrio Ciudad Obispo Angelelli, la Provincia le otorgaba otros territorios adyacentes, de propiedad fiscal. Sin embargo, el traspaso no siguió su curso, dando como resultado, la situación mencionada.
Así, la situación, en cuanto a la perspectiva legal, se modificó radicalmente pues ya no se trataba de una transferencia voluntaria de terrenos sino, más bien, de una toma de tierra fiscal. En este nuevo contexto, a través de mesas de negociación, los vecinos, miembros de la Iglesia y el Estado Provincial acordaron el traslado de las familias, pero sólo aquellos pertenecientes a la “manzana y media”, sin posibilidades de expandirse más allá del límite fijado, a pesar de la disponibilidad de tierras que estaban deshabitadas. De esta manera, el proceso popular obtuvo un cierto halo de legalidad que los preservaba del enfrentamiento que muchas otras tomas de tierra tuvieron, tanto con la Policía como con el Sistema Judicial, pero a costo de su encorsetamiento territorial y control constante de los dispositivos estatales. Para los vecinos el nuevo eje de lucha sería conseguir el reconocimiento formal de la propiedad de las tierras ocupadas, es decir, su escritura.
Así, la principal característica que vuelve interesante este conflicto es la particular relación del proceso de toma de tierra con la estatalidad la cual no se desarrolló por medio de dispositivos estatales clásicos sino por medio del rol “mediador” de la Iglesia Católica. De allí que es posible identificar dos etapas en la historia de la toma; una signada por el apego a la institucionalidad y otra caracterizada por su ruptura y el avance sobre nuevas tierras.
La segunda etapa comenzó cuando emergieron tensiones entre los referentes “externos” al proceso, representantes de la iglesia, sobre los caminos que debía seguir la toma de tierra, lo cual derivó en el alejamiento del referente de la iglesia. A partir de allí, el proceso organizativo avanzó sobre una nueva porción de tierras adyacentes donde se asentaron 10 nuevas familias.
Para el estudio de este conflicto se han realizado 13 entrevistas en profundidad a través de la implementación de la técnica de la bola de nieve. De esta manera, se ha hecho particular énfasis en contar con entrevistas a los y las principales referentes del proceso de lucha, al mismo tiempo que la técnica de bola de nieve se ha suspendido cuando la investigadora percibía la presencia de tensiones o voces disidentes que, de haber seguido el recorrido de la técnica de manera acrítica habrían sido invisibilizadas.
Para esta investigación, optamos por un procesamiento de los datos trabajando desde el paradigma de la codificación propuesto por la Grounded Theory de Glaser y Strauss (Soneira, 2006). Ello implicó, en consecuencia, el abordaje de los datos a partir de la emergencia de categorías “en vivo”, entrelazándolas y tensionándolas con la literatura que acompaña a nuestro objeto de estudio. Como resultante, obtuvimos una clave de interpretación de esos datos que involucra múltiples discursos: el teórico, el de los actores, y el nuestro.
Para el análisis de los datos se diseñó una estrategia de aproximación consistente en varias dimensiones. En un primer momento se procedió al análisis de contenido de los datos generados durante el trabajo de campo para luego comenzar a indizar algunos elementos discursivos que pudiesen estar advirtiendo regularidades de la operatoria del poder y las formas de resistencia/lucha que producen los sujetos. En una segunda instancia se abordó el caso a los fines de dar cuenta de su particularidad y características. A partir de ello construimos dimensiones analíticas que nos permitieron su análisis.
Este proceso condujo, muchas veces, a encontrar discursos que excedían, en todo o en parte, los marcos conceptuales, exigiendo un ejercicio analítico consistente en un cuidadoso proceso de producción de categorías de manera tal de fundar empíricamente las interpretaciones que hemos ido elaborando. En otras situaciones esos marcos permeaban nuestro abordaje tensionando nuestra interpretación, operando recortes específicos sobre los datos, denunciando ausencias y exigiendo la reapertura del trabajo de campo (Avalle, 2010).
La secuencialidad con que aquí se presenta el método es sólo expositiva, pues este implicó un permanente desplazamiento entre el dato y la conceptualización construida a partir de este. Dicha operatoria fue posible gracias a la utilización de un complejo herramental articulado en torno a nuestros objetivos de análisis.
En síntesis, recurrimos a la asistencia de la técnica de análisis de contenido que implica la lectura general de toda la documentación, su posterior segmentación y la indización de aquellos extractos sugerentes. Luego, como el mismo procedimiento de análisis que esta técnica requiere, se procedió a releer estas selecciones para identificar los aspectos característicos que denotaban.
El dispositivo político-administrativo
La estatalidad, en sentido amplio, como ha sido definida, identifica espacios en conflicto, y establece una economía de los conflictos al delimitarlos, controlarlos y disciplinar sus pretensiones. La lucha por la regularización de las tierras supone el ingreso del conflicto dentro del dispositivo político-administrativo que impone dinámicas y lógicas a los procesos. El ingreso de estos conflictos en el dispositivo político administrativo conlleva al aplacamiento y obturación del proceso organizativo y su capacidad creativa al reencauzarlo dentro de los parámetros de la institucionalidad (Capdeville et al., 2013).
En el conflicto estudiado, es posible identificar dos formas organizativas en el proceso de toma de tierra. El estudio y comprensión de las formas organizativas nos permite conocer sus principios políticos, objetivos, visión de lo comunitario y las relaciones de poder que allí se establecen. Estas dos formas organizativas coexisten pero una se impone sobre la otra en diversos momentos del proceso de lucha. La primera forma organizativa se caracteriza por la estructuración y organización en torno al apego a las regulaciones urbanísticas y la vinculación y negociación con diversas instituciones. Por su parte, la segunda forma organizativa se encuentra signada por la ruptura de esa vinculación y, por ende, con la estatalidad. En cada una de estas formas organizativas se produce una territorialidad diversa, en tanto las relaciones que allí se producen cambian. La cita a continuación expresa la primera forma organizativa:
EO: 10 por 30. ER: ¿Por qué? EO: Porque es el mismo. Esto pertenece dentro del barrio. ER: Ah, ¿y ese es el tamaño de los terrenos? EO: Ese es el tamaño de los terrenos que están, del barrio. Así que medimos, salieron 32 terrenos. Así es que, como habían más lotes, avisamos a los que querían salir de allá. Así que vinimos, vino el Cura Vasco a entregarnos. Hasta ese momento, nosotros creíamos que eran del Cura Vasco, así que nos fuimos a la Provincia con el Cura Vasco, para que él, supuestamente, trajera la transferencia, acá a la dueña. O sea, para hacer las cosas bien, correctamente, porque no queríamos tener el mismo problema que teníamos en Hogar III. Fuimos a la Provincia, le empezaron a buscar los papeles, y allá nos enteramos que el terreno ya no estaba al nombre del Cura Vasco, sino que el Cura Vasco tenía que firmar unos documentos donde el terreno pasaba a nombre de él. Pero como la Provincia se había enterado que el Cura Vasco había muerto, se había dejado la Provincia, lo vuelve a tomar. Y cuando se va a presentar el Cura Vasco, se admiran ellos, porque pensaban que estaba muerto. (Risas) Él estaba ahí vivo. Y decía que ahora no, que cómo hacían, si la Provincia le volvía a dar a él o nos daba a nosotros. Él dijo: “no, dénselo a esas personas que a ellos les va a servir, porque yo en realidad no necesito las tierras. Que vayan a vivir ellos, si quieren, que lo necesitan, que tienen hijos”. Así que la Provincia le hizo firmar a él, que la Provincia se encargaba de darnos el documento a nosotros, con el Padre Rafael Velasco. ER: Ah, el Rector de la Católica. EO: Sí. Él nos está ayudando en el tema de los documentos de acá. Nos fuimos a la Provincia, mandaron a la Provincia a verificar quiénes éramos las familias que estábamos acá (...). Pero, como los terrenos los habíamos loteado nosotros mismos, tenía que venir un agrimensor. La Provincia no se comprometió con el agrimensor, el agrimensor lo teníamos que pagar nosotros. El Padre Rafael dijo: “No, yo voy a traer de la Católica”. Así que la semana pasada trajo el Padre Rafael, de la Católica, y lo midieron. Y en eso estamos, todos (7:2)8.
En este extracto se advierte el modo en el cual la estatalidad moldea el proceso organizativo: no sólo en los procedimientos de acceso a la tierra, distribución, organización colectiva, toma de decisiones, sino, incluso, en el tamaño de los lotes. Estas características del proceso organizativo se explican por la articulación con la iglesia Católica. La articulación era percibida por las y los vecinos como una posibilidad de “conseguir la tierra” sin someterse ni exponerse a nuevas precariedades y violencias, como las vividas en la experiencia de toma que tuvo lugar en Pueblos Unidos. Se trata de la posibilidad de acceder a la tierra por medio de mecanismos que, en el discurso, se presentan como menos conflictivos.
Así, la iglesia Católica asumió el rol de reproductor del dispositivo político administrativo en el proceso organizativo. A través de esta articulación se configura un proceso colectivo atravesado por la búsqueda de la regularización de las tierras mediante la gestión de “los papeles” y su reconocimiento formal como “barrio”, siempre y cuando las y los vecinos aceptasen el cercamiento simbólico del predio tomado, consistente en el impedimento de la inclusión de nuevas familias en la toma de tierra, o bien, la limitación en su ampliación territorial. Desde esta perspectiva, estar reconocido como un barrio requiere contar con todas las disposiciones exigidas por los códigos urbanísticos. De ahí que la presencia de la iglesia sea significada por las y los vecinos como un “apoyo” que brinda “seguridad” frente al “estar a la deriva”. Esta última supone la incertidumbre de no saber si el terreno sobre el cual se encuentran emplazados será reconocido como propio algún día. En consecuencia, insertarse dentro de los parámetros exigidos por la estatalidad requirió la toma de un conjunto de decisiones:
Entonces, bueno, las cosas se empezaron a hacer, había franjas de tierra que eran parte de esa misma manzana, esos eran terrenos fiscales, que ya estaban destinados para... más viviendas dentro del barrio para gente en condiciones como las que habían sido construido el barrio entero. Entonces, ya teniendo la mitad del camino con luz verde. Entonces, al conocer esto había toda una franja dentro de esa manzana particular, la manzana 459, tenía una condición particular: había gente que estaba viviendo de hacía mucho tiempo, otra gente de la villa, que eran asentamientos informales que no estaban loteados ni tenían la configuración formal sino que era más a modo de villa digamos. Entonces, nosotros, interlocutores decidimos que esa parte no iba a poder ser tramitada, entonces, en toda la cuestión de legitimidad de papeles y de propiedad, los dejamos afuera en el trámite; porque no importando la historia que los autorizaba muchísimo más que a los nuevos vecinos y vecinas que se asentaban, hacíamos lo correcto, comillas, comillas. Bien, esto generó, ciertos problemas en la constitución de la manzana misma, al ser todos una comunidad de peruanos, un par de bolivianos, o sea, la constitución ya de la manzana es compleja, tiene argentinos, peruanos, bolivianos y gente del lugar. Que es otro, digamos, tomando en cuenta los orígenes, es otro grupo. Entonces, se empezaron a crear, a trazar ciertas fronteras: los de allá, los de acá, los que entran los que no entran. Bueno, esto fue así, fue determinante y nosotros tomamos la decisión (5:2).
Estas decisiones fueron tomadas con el objetivo de favorecer el proceso de regularización de las tierras y supusieron el fraccionamiento y clasificación del territorio como mecanismos de poder. El territorio es parcelado de acuerdo a sus características: por una parte se encontraba el territorio que no respetaba los trazados en manzanas y la disposición cuadriculada de las viviendas, asumiendo la forma de “villa” y, por otro, la toma, dispuesta en su totalidad de acuerdo a los parámetros legales. Así, se incluye en los reclamos de regularización solo a la toma, excluyendo la villa. Aquello que expresa la decisión de incluir a algunos- la toma de tierra- y excluir a otros- la “villa”- no es la forma que asume el territorio, en su sentido geográfico, sino más bien las formas de acceso a la tierra. Aquella asociada a una “villa” da cuenta de un acceso no planificado y espontáneo que configura el territorio. El objetivo de la configuración de esta territorialidad se comprende como la posibilidad de dar resolución al espacio para la vida pero con un escaso nivel de institucionalización en lo que respecta a la inscripción de las tierras.
En el extracto que analizamos se expresa la decisión de ponderar una territorialidad por encima de la otra, en donde el criterio era la inscripción formal, por encima de la legitimidad que venía dada por la larga permanencia en el territorio. Se construyen en el discurso las dicotomías legitimidad-legalidad, informalidad-formalidad que, en este caso, expresan la tensión en torno a la inscripción del territorio en el dispositivo político administrativo.
Este mecanismo de clasificación y fraccionamiento del territorio produjo la configuración de diversas territorialidades marcadas por un “adentro” y un “afuera” en donde la legalidad es estructurante de las demarcaciones. Así, las fronteras que se delinean establecen líneas imaginarias que dividen diversas formas de relacionamiento con la tierra y de relaciones entre los sujetos. Al mismo tiempo, la legalidad funciona como una barrera que divide los proyectos que son posibles, de los que no lo son.
Así, se genera un disciplinamiento del territorio a partir de la clara definición de sus usos posibles y las personas habilitadas a ingresar dentro del “pacto”. Este disciplinamiento tiene lugar a partir de lo que denominamos mecanismo de la estandarización de los modos de vida cuya función es la de garantizar el control territorial. En otras palabras, el control del territorio se expresa a partir de la clasificación de los diversos modos de vida- aquel que se ajusta a los parámetros institucionales y aquel que se encuentra por fuera- la ponderación de unos sobre otros y su consiguiente correlato territorial.
Es posible, entonces, entrever la construcción reticular del poder a partir de la intervención de diversos actores, instituciones, recursos y legitimidades sociales para la pacificación de una situación que era potencialmente conflictiva: iglesia, ministerios, gobierno provincial, policía, universidades, alumnos y cátedras, dando lugar a la producción de una territorialidad intervenida por la estatalidad. Esta se caracterizó por la inclusión de intermediarios en el proceso organizativo que modificaron/impusieron una lógica, forma organizativa y relaciones sociales, con la finalidad de contener y obturar la posibilidad de una escalada en el conflicto y volverlo administrable.
Los léxicos “bien común”, “gran familia” y “paz” se relacionan con la gestión de la conflictividad a través de estos mecanismos del dispositivo político administrativo que controlaron el proceso. En este sentido, “el bien común” refiere a la elusión de los conflictos a partir de la reproducción de la estatalidad.
En la cita que sigue a continuación se pone de manifiesto el solapamiento entre las dos formas organizativas ya mencionadas, al punto que una es fagocitada y reemplazada por la otra:
Todos los vecinos y las vecinas tenían una forma de organización súper auto... era auto-organizada, autónoma, y sin nadie externo, y sobre todo era cotidiana, continua, es decir, tenía una vida, la vitalidad que tenía la auto-organización era fantástica. Bien, entramos agentes externos a trabajar, en esa confluencia vamos tomando la(-) como el rol de ser interlocutores entre el gobierno y los vecinos y las vecinas. En esa interlocución, bueno, supongo que ya la información y el saber determinan ciertas discriminaciones o ciertas cuestiones de poder que hacen a la dominación en la, y a la conducción del, de los hechos. Entonces, bueno, siempre pensando para el bien común y demás, tomamos decisiones. Las decisiones eran estar de lado del gobierno. Todo con esta cuestión del bien común, ¿no es cierto? (sarcástico) Bueno, en ese trámite la, todos los vecinos y vecinas estaban, se habían hecho el loteo por ellos mismos, estaban bastante bien informados en cuanto a la superficie, a la cuestión técnica que no era, no era perfecta pero era muy acertada (5:2).
El pasaje de una forma organizativa a otra implicó una reconfiguración total de las relaciones sociales que allí se habían construido y la emergencia de territorios intervenidos. La segunda forma organizativa está asociada a ciertos adjetivos positivos tales como “vitalidad”, “autonomía”, “continua” y “cotidiana” e involucra relaciones de cotidianidad basadas en la horizontalidad entre los vecinos y vecinas. Sin embargo, esta dinámica se modifica a partir de la participación de “agentes externos”, externos en la medida en que su participación en el proceso no se encuentra relacionada con su permanencia cotidiana en el barrio en calidad de vecinos sino, más bien, en cuanto a contactos personales y al poder concentrado en la sociedad.
Estos actores asumen funciones claves en el proceso de lucha, como por ejemplo, ser los interlocutores válidos frente al Estado en las negociaciones y, por ende, los intermediarios de las informaciones y decisiones. En el discurso aparecen conceptos que asumen sentido por oposición semántica: “la cotidianeidad de la organización fue reemplazada por lo extraordinario”, “la continuidad por la intermitencia”, “la autonomía por la dependencia de terceros”, “la vitalidad por la debilidad y la horizontalidad por la verticalidad”. Esta última estaba asentada sobre la pertenencia de algunos de estos actores a la institución católica lo cual les brindaba legitimidad y a la concentración de saberes/recursos valorados por la sociedad- oratoria, contactos, capacidad de negociación, estatus y rol social.
La segunda forma organizativa, que se caracteriza por la ruptura con los parámetros y relaciones institucionales, presenta potencia de producir nuevos territorios, mientras que la primera forma organizativa impone un apego a la estatalidad que produce la desarticulación, vida individual y el territorio intervenido. En este enfrentamiento entre ambas formas organizativas, el avance de lo colectivo pondría en riesgo lo ya adquirido y en proceso de “regularización” que es el acceso a la tierra. En este punto es en donde aparece “el miedo”, “la división”, “desarme” y “desarticulación”.
En esta mecánica en la cual sólo deciden algunos aparece el miedo y la desunión en el proceso comunitario. En palabras de los entrevistados y entrevistadas, se inicia un proceso de “desvitalización” que ha funcionado como mecanismo de poder del dispositivo político administrativo. Esta idea refuerza la imposibilidad de desarrollar la existencia en los términos y modos deseados, el estar compelido a vivir y ser de sólo un modo, a disciplinar y reconfigurar las prácticas. En definitiva, la territorialidad intervenida se caracteriza por la pérdida de vitalidad, de dinamismo y de decisión para convertirse en inmóvil, poco conflictivo, homogéneo y controlable. Esto se expresa en léxicos tales como: “miedo”, “desarticulación”, “desunión”, “desconfianza”, “descrédito en la propia fuerza transformadora”, “puterios” y “pérdida de libertad”.
Así, la configuración del territorio de la Manzana Cura Vasco asumió, desde el comienzo, el sentido de la lucha por el reconocimiento de la legalidad del proceso y, en términos simbólicos, la búsqueda de la inclusión dentro del dispositivo de mercado:
“Frente a la violencia excluyente que ejerce la ciudad mercantilizada, los sectores subalternos toman tierras que les permiten la reproducción de su subsistencia, aunque sea de una manera precaria e ilegal. La contradicción entre el interés individual y el interés común se expresa claramente en estas experiencias: se transgrede la propiedad privada para reproducirla inmediatamente” (Giaretto, 2010: 147).
Es decir que, mientras que la villa da cuenta del acceso a la tierra por canales informales, por fuera de los mecanismos legitimados, Cura Vasco expresa la adaptación a la formalidad y la búsqueda de inclusión a través de la negociación.
Otra oposición léxica que da cuenta de la tensión entre las dos formas organizativas es la de “dirigencia” y “autonomía”. Este proceso de organización territorial se encuentra atravesado por la tensión en torno a la dirección del proceso colectivo, donde sólo algunos decidían. Desde este modelo organizativo, los logros obtenidos eran presentados como victorias individuales que asumen sentido en el marco de la función social desempeñada por algunos de los individuos que “dirigían el proceso” y ponían sus herramientas y contactos a disposición. A este modelo se le opone aquel que funcionaba sobre “la fuerza y cuerpos de la gente misma”, “la fe en el poder de transformar la realidad”, la comunidad que se “arriesgó, peleó, y fue artífice de sus propios logros”.
En conclusión, el ingreso del conflicto de la toma de tierra Cura Vasco, dentro del dispositivo político administrativo implicó la reconducción del proceso colectivo popular hacia parámetros que modificaron radicalmente sus lógicas, proyecciones, dinámicas y relaciones sociales. Así, en el análisis de las entrevistas de las y los entrevistados emergen diversos efectos de poder; fraccionamiento y clasificación del territorio, estandarización de los modos de vida, desvitalización, dicotomía legitimidad/legalidad y dicotomía informalidad/formalidad.
De esta manera, se configura una estatalidad que no se circunscribe solamente a sus divisiones administrativas sino, además, a un entramado extenso que incluye diversos actores sociales. Estos reproducen una lógica que se fundamenta en el principio de la legalidad y produce territorios intervenidos que habilitan el control y economía de los conflictos sociales.
El despliegue del dispositivo político administrativo y sus mecanismos produjo dos formas de territorio: por una parte, el territorio intervenido que supone la reconfiguración del proceso organizativo hasta estructurarlo e insertarlo en la dinámica estatal e institucional, y otro signado por la producción de un “habitar” propio, artesanal y colectivo que en su desarrollo desafía la institucionalidad. Ambos modelos de configuración territorial coexisten en cada uno de los momentos aunque con diversas correlaciones de fuerzas.
Las Estrategias de los sujetos en lucha: la articulación con instituciones
La territorialidad intervenida da cuenta de un entramado de relaciones de poder caracterizado por la articulación de diversos actores e instituciones. Estos intervienen en los procesos organizativos a través de modificar sus formas y lógicas con el objetivo de producir una economía del conflicto y el control del proceso organizativo. Sin embargo, la presencia de las instituciones también aparece en el discurso de las y los entrevistados bajo una mirada estratégica. Es decir, como las vinculaciones y relaciones que los diversos procesos organizativos han desarrollado y afianzado a los fines de generar protección en un contexto conflictivo:
ER1: Y acá, por ejemplo, ¿la relación con la policía cómo es, se han llevado bien, han tenido algún problema? EO: Con la policía no. Cuando estábamos acá a medir los lotes, la policía nos apoyó para que no entraran otras personas que no están incluidas entre el grupo, para separar. Esa fue de la policía, pero así, no, ningún problema, ningún problema. Hasta ahora. Sí, porque hemos entrado legalmente viste, no hemos entrado así por entrar. Hemos conversado con el padre Vasco antes de entrar y con Marcos. Y aparte Vasco se comunicó con la policía para que nos apoyara en este, en el tema de la medición, siii, y ENTONCES, por eso es que con la policía ningún problema hasta ahora (15:11).
En este extracto se señala la relación con la Iglesia como un elemento clave que sentó las bases de las condiciones de acceso a la tierra. Desde esta perspectiva, la relación con esta institución resulta fundamental para evitar la conflictividad. A pesar de que las tierras no eran propiedad de la Iglesia, ésta ofició de mediadora en el proceso brindándoles protección incluso frente a la policía. Así, la policía pasó a convertirse en “fiscalizadora” del proceso de ocupación a través del control diario de listas elaboradas por Justo Irazábal de las y los presentes habilitados.
Para las familias esto tenía un doble beneficio: evitar la conflictividad presente en otras tomas de tierra y, al mismo tiempo, proteger el terreno propio de otros ocupantes mientras ellos aún no vivían allí. La vinculación con estas dos instituciones le brindaba a la toma un halo de legalidad.
La presencia de la iglesia Católica presenta una polivalencia en el discurso. Como dispositivo de la estatalidad que encorseta el proceso organizativo y lo constriñe pero también como estrategia de protección por parte de las familias que buscaban resolver su necesidad habitacional. Protección frente a las exposiciones de estas poblaciones a la represión policial, judicialización y presiones. De esta manera, la articulación ha funcionado como estrategia que permitió reducir la precariedad a partir de crear marcos de alianzas.
Resultados: territorios intervenidos
Los territorios se configuran allí en donde intersectan los dispositivos de poder y las estrategias de los sujetos. En el caso de Cura Vasco el dispositivo político administrativo intersecta con la estrategia de la articulación con instituciones. Así, el poder del dispositivo es superior a las estrategias producidas por los sujetos que se encuentran en conflicto, dando lugar a la producción de territorios intervenidos.
Los territorios intervenidos son aquellos en los cuales las dinámicas de las relaciones sociales y las formas de acceso a la tierra se encuentran atravesadas por la injerencia de la estatalidad. Se trata de procesos organizativos que se caracterizan por la primacía de las pautas legales en todo el proceso de construcción y toma de decisiones.
En el caso analizado, se registra constantemente la existencia de al menos dos formas organizativas: la que es reproducida por el dispositivo de la estatalidad y otra que representa un esfuerzo creativo y autónomo. Este tipo de territorio se caracteriza por el control “externo” del proceso organizativo por parte de diversos actores a los fines de dominarlo y evitar que se configure como un conflicto social. Para ello, se despliegan diversos mecanismos de poder que producen el disciplinamiento del proceso, encorsetándolo al conducirlo hacia la lógica institucional-legal.
Así, la posibilidad de construir y moldear el territorio y de desarrollar procesos colectivos se encuentra contenida por la lógica institucional. Ésta, controla el proceso de lucha a partir de desestructurar los intentos organizativos y de autonomía por parte de las y los vecinos en cualquier instancia. De esta manera, se configura entonces la oposición habitar-hábitat en donde el primero expresa la importancia de producir el territorio de acuerdo a las necesidades y proyectos colectivos, a las características de los cuerpos que allí habitan y que trasciende la posesión de la casa propia y, por otro lado, el hábitat (Nuñez, 2013) que señala la consecución de la vivienda como el logro máximo, desconociendo los procesos de apropiación que los cuerpos desarrollan y su potencia en la producción de territorios singulares.
Aquí, el territorio se encuentra fraccionado, se establecen demarcaciones y fronteras simbólicas que delinean y separan aquel territorio intervenido de otros tipos de territorios. Este proceso de fraccionamiento se basa en la clasificación de las poblaciones y sus modos de vida al valorizar unos por encima de otros.
De esta manera, estos procesos de lucha son poco conflictivos y garantizan el acceso a la tierra y bajos niveles de exposición, pero la posibilidad de apropiación y producción del territorio se encuentra mediada por el dispositivo político administrativo. La estatalidad es reproducida por instituciones que se involucran en el conflicto y lo contienen.
La presencia de la Iglesia católica en el proceso de lucha no sólo emerge como parte del dispositivo de poder político administrativo que supone la reproducción de la estatalidad a los fines de producir la economía del conflicto sino que, además, se presenta como una articulación estratégica por parte de los sujetos en lucha. Ésta les ha permitido el acceso a la tierra de un modo “protegido” y escasamente conflictivo pero con el costo de introducirlo dentro de este dispositivo y volverlo reproductivo.
En conclusión, la efectuación del territorio de Cura Vasco se caracteriza por ser intervenido. La intervención del territorio se produce como efecto del despliegue del dispositivo político administrativo de la estatalidad. Se trata de aquella estatalidad que excede al Estado en sentido acotado y estricto, sino que involucra una diversidad de actores que se entrelazan para reproducir relaciones sociales articuladas en torno a la legalidad y formalidad. Así, el territorio intervenido supone la producción de múltiples mecanismos de poder que procuran administrar el conflicto a partir de disciplinar el proceso organizativo, los modos de vida, el uso del espacio y los modos de acceso a la tierra. De este modo, se introdujeron cambios estructurales en la dinámica de organización que permitieron extraerla de la órbita de la conflictividad pero a costa de una pérdida de autonomía, vitalidad, creatividad y horizontalidad. Así, las y los vecinos optaron por articular con la Iglesia católica como una estrategia para conseguir la tierra a bajos niveles de conflictividad social. Sostener que el territorio producido se caracteriza por ser intervenido no supone negar la existencia de prácticas que contradecían la intervención sino que éstas no pudieron invertir la relación de fuerzas creada por el dispositivo político administrativo en el periodo estudiado.
Notas
1| El análisis aquí presentado forma parte de la tesis doctoral denominada “Los conflictos por la tierra y el ambiente: la (re)producción de los modos de vida” que aborda cinco conflictos por el territorio en la ciudad de Córdoba, en donde se realizaron y analizaron 55 entrevistas en profundidad. Lo que aquí se presenta es el abordaje de uno de esos conflictos.
2| El dato del déficit habitacional en Córdoba está compuesto por la consideración conjunta del hacinamiento crítico y condiciones deficitarias de vivienda y formas de acceso al suelo no institucionales. La suma de los dos primeros indicadores implica que el porcentaje de hogares afectados es del 13 %, mientras que los problemas de propiedad afectan a un 35 % de los hogares de la provincia. Es decir que casi la mitad de los hogares manifiestan algún problema habitacional (de los cuales 32.982 hogares de la provincia se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, lo que representa alrededor de 194 .318 personas en tales condiciones). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC (2010).
3| Al respecto revisar el trabajo de Erika Saccucci, “Análisis del programa Mi Casa Mi Vida en Córdoba y São Paulo”. Territorios 37 (2016).
4| Para conocer más sobre la historia de esta toma de tierra revisar Saccucci y Romero (2017) “Las búsquedas de nuevos horizontes: la experiencia de Angelelli” en Lucha por la tierra. Contexto e historias de las tomas de tierra en Córdoba. Ciuffolini coomp. EDUCC. Córdoba.
5| El actualmente conocido “Barrio Ciudad Obispo Angelelli”, fue hasta el 2005 una villa denominada “Villa Angelelli”, año en el cual, a través de la aplicación del programa provincial Mi Casa Mi Vida, fue reconfigurada como barrio ciudad. Desde el discurso estatal se señala que la urbanización de este barrio tuvo ciertas particularidades con respecto a su diseño ya que éste fue realizado en las inmediaciones de los terrenos ocupados, mientras que los otros procesos de urbanización de este programa se basaron en la relocalización de sus pobladores de zonas centrales hacia aquellas periféricas. Si bien a esta particularidad desde el Estado se la ha denominado urbanización “in situ”, los vecinos y vecinas discuten esta idea alegando que no solo fueron trasladados de sus terrenos originarios en las veras del canal, sino que, a su vez, no se respetó la configuración del espacio al mezclar sectores del asentamiento y trasladar algunas familias pertenecientes a otros barrios populares como 2 de Abril.
6| La toma de tierra de Pueblos Unidos o Nuestro Hogar IV se localiza sobre un basural a cielo abierto que funcionó en los años 70. Hoy, sobre él habitan más de 600 familias que han limpiado la tierra y construido su vivienda. En diciembre de 2010 el Concejo Deliberante de la ciudad lo declaró como “inhabitable” a través de una ordenanza. Esta declaración resulta de fundamental importancia en tanto representa el primer caso en el país. Frente a esta declaración, la comunidad barrial se dividió en dos, por una parte quienes negaban la existencia de contaminación y denunciaban maniobras por parte de los funcionarios y desarrollistas inmobiliarias para hacerse con la tierra y, por otro, quienes aceptaban la idea de la presencia de contaminación y comenzaron a buscar otras alternativas para su vivienda. Estos últimos son quienes realizaron la toma de Cura Vasco.
7| Justo Hilario Irazábal era conocido informalmente como El “Cura Vasco”. Desempeñaba trabajos comunitarios con la población de la zona y es una figura muy valorada. La toma de tierra asumió su nombre como reconocimiento de la importancia de su figura en la gestión y negociación por las tierras.
8| Los códigos que se encuentran al final de los extractos de entrevista son identificatorios. El primer número refiere a la entrevista mientras que el segundo da cuentas del extracto. Ejemplo: (7:1) entrevista 7, cita 1.
9| La referencia a las manzana 45 remite a una “villa” o asentamiento informal colindante a la toma de tierra Cura Vasco. La misma es anterior a la toma y posee una configuración territorial diferente. Mientras que la toma de tierra Cura Vasco se ha organizado de acuerdo a las normas urbanísticas y refleja el trazado de calles internas y las dimensiones de los lotes con formas rectangulares, el asentamiento de la manzana 45 no sigue los lineamientos urbanos, posee pasillos internos estrechos e irregulares y la forma de los lotes ha variado a lo largo del tiempo, de acuerdo a las necesidades y acuerdos entre vecinos/as.
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