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ARTICULO

Burguesía industrial y estatizaciones de derecha: Los casos de SIAM Di Tella (1970) e INDUPA (1994)

(Industrial bourgeoisie and right-wing nationalizations: SIAM Di Tella (1970) and INDUPA (1994))

Jonás Chaia De Bellis*

*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) - Sarmiento 2058 - CP1044 - CABA - Argentina. Correo Electrónico: jonas.heliogabalo@gmail.com ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7280-4484

Recibido el 14/08/21
Aceptado el 01/12/21

Resumen

El presente artículo compara la estatización paulatina de SIAM Di Tella, realizada por los gobiernos de la Revolución Argentina en 1970, y la estatización de INDUPA, realizada durante el gobierno de C. Menem en 1994, para intentar encontrar diferencias en los “salvatajes” de empresas realizados por gobiernos de “derecha” o “pro-empresariales”. Desde un enfoque de economía política comparada y siguiendo el método de rastreo de procesos para la construcción de teorías, la hipótesis de este artículo afirma que existen diferencias en los usos políticos asignados por los gobiernos de derecha a las empresas estatizadas. Estas diferencias dependen de la participación o de la ausencia de la burguesía industrial en las coaliciones de gobierno: si la burguesía industrial integra la coalición de gobierno e impone su propio patrón de reproducción, las empresas a) serán rigurosamente retenidas en el sector público y controladas políticamente por el Poder Ejecutivo, y b) serán utilizadas para proveer de economías externas a la burguesía en un mercado regulado para su propia protección, lo que se observa en el caso de SIAM Di Tella. Por el contrario, si la burguesía industrial no forma parte de la coalición, las empresas a) no serán retenidas sino rápidamente devueltas al mercado y b) serán utilizadas, paradójicamente, para desregular el mercado, lo que se observa en el caso de INDUPA.

Palabras Clave: Burguesía Industrial; Derecha; Economía Política Comparada; Estatización.

Abstract

This article compares the gradual nationalization of SIAM Di Tella, carried out by the Revolución Argentina governments between 1966 and 1973, and the INDUPA nationalization, carried out during the government of C. Menem in 1994, with the main goal of finding the differences in the companies’ “rescue” run by “right-wing” or “pro-business” governments. With a comparative political economy approach and following the theory-building process tracing method, the hypothesis of this article affirms that there are differences in the political uses assigned by right-wing governments to nationalized companies, and that these differences depend on the participation or the absence of industrial bourgeoisie in government coalitions: if the industrial bourgeoisie integrates the government coalition and imposes its own pattern of reproduction, the companies a) will be rigorously retained in the public sector under broad political control by Executive branch, and b) they will be used to provide external economies to the bourgeoisie in a regulated market designed for their own protection; this will be observed in SIAM Di Tella case. On the contrary, if the industrial bourgeoisie is not part of the coalition, companies a) will not be retained but rather quickly returned to market and b) they will be used, paradoxically, to deregulate markets; this will be observed in INDUPA case.

Keywords: Comparative Political Economy; Industrial Bourgeoisie; Nationalization; Right-wing politics.

Introducción

El 58% de los gobiernos argentinos entre 1930 y 2018 estatizó una o más empresas privadas.¹ No sólo los rubros a los que pertenecían estas empresas expresaron una amplia variedad,² sino también los regímenes políticos, ideologías y contextos de cada uno de estos gobiernos: democracias y dictaduras, gobiernos apoyados por grandes mayorías y gobiernos que proscribieron partidos políticos, presidentes que gobernaron por una década y presidentes que duraron pocos días, gobiernos populares, conservadores, liberales, neoliberales y progresistas, gobiernos que desataron crisis económicas y gobiernos que las resolvieron, etc., todos ellos, indistintamente, han empleado las estatizaciones como un recurso económico-político.
Si por lo general -y como ha sido advertido por la literatura sobre el tema-, los gobiernos de “izquierda” o “populistas” han recurrido a la estatización de empresas como una herramienta redistributiva, los “salvatajes” de empresas realizados por los gobiernos de “derecha” o “pro-empresariales” han sido menos explorados. En este sentido, si es posible establecer una primera diferenciación entre estatizaciones “de izquierda” y estatizaciones “de derecha” –las primeras teniendo como beneficiarios a los sectores populares y las segundas al sector empresarial (i.e. redistribución versus salvataje)-³ ¿es posible encontrar diferencias hacia el interior de cada grupo? En este artículo nos proponemos comenzar a delinear estos matices analizando las estatizaciones de la derecha.⁴ 
Más precisamente, analizaremos y compararemos la estatización paulatina de SIAM Di Tella, una de las empresas siderúrgicas y metalmecánicas más importantes de la región al momento de ser estatizada por el gobierno de la Revolución Argentina (1966-1973) y la estatización de INDUPA, principal productora oligopólica de PVC y una de las empresas petroquímicas más grandes del país al momento de ser estatizada en 1994 por el gobierno de C. Menem (1989-1999).⁵

Antecedentes e hipótesis

Durante los últimos años, la estatización de empresas fue puesta bajo la lupa por los estudios sobre el denominado “giro a la izquierda” en América Latina (Levitsky y Roberts, 2011; Flores-Macías, 2010, etc.). No obstante, estos trabajos observaron la estatización de empresas como un indicador más de “estatismo” económico entre otros, tales como la falta de autonomía del banco central, los controles de precios, el control del tipo de cambio, el gasto público, los subsidios al consumo, etc., de modo tal que el fenómeno tan particular del Estado empresario quedó disuelto entre muchas otras opciones de política económica. Básicamente, al detectar uno o más indicadores de “estatismo”, la mayoría de los estudios mencionados categorizaba a los gobiernos post-neoliberales de la región como “populistas” o “de izquierda”.⁶
Pero justamente, al poner el foco en la salida del neoliberalismo, los estudios sobre el “giro a la izquierda” no se concentraron en el rol de las empresas públicas ni de las estatizaciones en otros períodos históricos en los que el estatismo parece no haber respondido a la dimensión izquierda/derecha sino más bien a dinámicas propias del desarrollo industrial. Y esto podemos observarlo a partir de importantes estudios de historia económica que se concentraron en el Estado empresario (Belini y Rougier, 2008; Schvarzer, 1981; etc.). Al ampliar el rango temporal estos estudios nos permiten observar que, en Argentina, no sólo los populismos estatizaron empresas, sino que esto también sucedió bajo gobiernos conservadores, dictaduras económicamente ortodoxas y procesos políticos de reversión de las pautas redistributivas del populismo.⁷
En efecto, y como veremos más adelante, los gobiernos neoliberales también han estatizado y estatizan empresas. Si bien la mayoría de las estatizaciones en Argentina tuvieron lugar durante el largo ciclo de la ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) -bajo el cual el Estado suele asumir tareas empresariales, tal como nos muestran los estudios sobre desarrollismo en países de industrialización tardía (Kohli, 2004; Gerschenkron, 1972; Chibber, 2008; etc.)- no siempre los gobiernos neoliberales abandonan completamente las actividades productivas estatales para migrar hacia la supervisión y control de contratos y concesiones (OECD, 1998; Dubash y Morgan, 2013; etc.), sino que pueden retener una importante cuota de actividad económica en aquellas coyunturas en las que el Estado diseña la forma que tendrá el mercado luego de su propia retirada, como nos muestran Etchemendy (2015) y Guillén (2005) en sus trabajos de economía política comparada.
El presente trabajo pretende realizar una comparación entre dos procesos de estatización -SIAM Di Tella, bajo el modelo ISI, durante la dictadura de la Revolución Argentina (1966-1973) e INDUPA, bajo el modelo neoliberal, durante el gobierno de C. Menem (1989-1999)- que podría ofrecer evidencia en favor de los abordajes arriba mencionados (principalmente los estudios sobre industrialización tardía y economía política comparada) a la vez que podría aportar detalles hasta ahora no advertidos relativos a los usos políticos de las empresas estatizadas.
La hipótesis de este artículo afirma que existen diferencias en los usos políticos asignados por los gobiernos de derecha a las empresas estatizadas. Estas diferencias dependen de la participación o de la ausencia de la burguesía industrial en las coaliciones de gobierno: si la burguesía industrial integra la coalición de gobierno e impone su propio patrón de reproducción, las empresas a) serán rigurosamente retenidas en el sector público y controladas políticamente por el Poder Ejecutivo, y b) serán utilizadas para proveer de economías externas a la burguesía en un mercado regulado para su propia protección, lo que podremos observar en el caso de SIAM Di Tella. Por el contrario, si la burguesía industrial no forma parte de la coalición, las empresas a) no serán retenidas sino rápidamente devueltas al mercado y b) serán utilizadas, paradójicamente, para desregular el mercado, lo que podremos observar en el caso de INDUPA. A su vez, una característica común de las estatizaciones de derecha es que las empresas estatizadas siempre se encuentran en crisis; a diferencia de las estatizaciones populistas o de izquierda, que avanzan conflictivamente sobre empresas rentables, las estatizaciones de derecha expresan la última fase de un vínculo cooperativo entre Estado y empresas en crisis: la estatización se produce luego de que otros mecanismos de asistencia técnica y financiera se muestren inútiles.⁸
Como vemos, esta hipótesis puede inscribirse en un enfoque de economía política comparada, desde el cual las decisiones económicas son analizadas en tanto que expresiones de coaliciones políticas entre diferentes sectores productivos y sociales (Gourevitch, 1993). A su vez, los procesos históricos de estatización serán reconstruidos teniendo presente el método de “rastreo de procesos para la construcción de teorías” (Beach y Pedersen, 2013).

Coaliciones sectoriales

Para comenzar, puede ser útil observar el perfil productivo de la Argentina en el último año de cada proceso analizado, tomando como muestra el detalle sectorial de las empresas que más vendieron en 1973, último año de la dictadura de la Revolución Argentina, y en 1999, último año del gobierno neoliberal de C. Menem.

Tabla 1.
Composición sectorial de la cúpula empresarial en 1973 y 1999 (cantidad de empresas por sector entre las primeras 100 según ventas)

Fuente: elaboración propia sobre datos recopilados por el Área de Economía y Tecnología de FLACSO

En la tabla 1 vemos cómo el 60% de las empresas que más vendieron en 1973 fueron industriales (siderúrgicas, petroquímicas, metalúrgicas, automotrices, hidrocarburos, etc.), duplicando al sector agroindustrial, que expresa el 32% de la muestra (frigoríficos, alimenticias, tabaco, granos, etc.);⁹ los demás sectores expresaron ese año -y ese período- porcentajes muy menores. En 1999 el perfil productivo es diferente: el sector industrial y el agroindustrial expresan ambos el 24% de la muestra, mientras que es el sector servicios el que pasa a liderar las ventas, con un 35% (supermercados, telecomunicaciones, servicios públicos privatizados, etc.); a su vez, la composición interna del sector industrial pasa a estar prácticamente expresada por el sector automotriz, mientras que en la composición del sector agroindustrial son las exportadoras de granos las que tienen preeminencia.¹⁰
Numerosos estudios coinciden en que la dictadura de la Revolución Argentina, al frente de cuyo gobierno de facto se encontraron J. C. Onganía (1966-1970), R. M. Levingston (1970-1971) y A. Lanusse (1971-1973), llevó adelante el programa económico y político de la burguesía industrial –nacional y transnacional, mono y oligopólica (O’Donnell, 1982; Castellani, 2009; Baudino, 2012, entre otros).¹¹ En efecto, la Revolución Argentina consolidó el programa que las fracciones industriales de la burguesía venían reclamando desde el derrocamiento del peronismo en 1955: la modernización integral de la estructura productiva capitalista y la sustitución de trabajo por capital en el desarrollo industrial (Portantiero, 1977). Este programa fue realizado, a grandes rasgos, mediante cuatro estrategias, todas las cuales implicaron un alineamiento del gobierno con la gran burguesía industrial: el autoritarismo,¹² la subordinación de la burguesía agraria y exportadora,¹³ la colonización del aparato estatal por parte de técnicos del sector industrial privado, ¹⁴ y la conformación de lo que Castellani (2009) denomina “ámbitos privilegiados de acumulación”.¹⁵
Según Cantamutto y Wainer (2013: 34) durante el menemismo “la fracción financiera emergería como la dominante dentro del bloque en el poder”; este sector hegemonizó lo que se denominó una nueva “comunidad de negocios” surgida alrededor de las privatizaciones (Azpiazu y Basualdo, 2004). Tras la crisis hiperinflacionaria y la asunción de C. Menem (1989) los acreedores externos y los sectores agrupados en el “Grupo de los Ocho”¹⁶ pasarán a la ofensiva y subordinarán a la burguesía industrial. En primer lugar, esta subordinación se logró mediante una aplastante desregulación del mercado. Los efectos de la Ley 23.697 de Emergencia Económica de 1989 y del Decreto 2284 de Desregulación Económica de 1991 sobre la producción industrial modificaron el perfil productivo de la Argentina y la composición del empresariado de forma irreversible, desmantelando el sistema regulatorio que protegía y promovía la producción industrial nacional.¹⁷ En segundo lugar, se consolidó un modelo de acumulación de capital basado en la valorización financiera, esto es, en el endeudamiento externo de las empresas para la compra de activos financieros nacionales, que se valorizaban a partir de la diferencia entre la tasa de interés local e internacional: la renta se generaba porque la tasa de interés local producía más ganancias que el costo del endeudamiento externo; luego, esa renta financiera era fugada al exterior (Basualdo, 2010).¹⁸

SIAM Di Tella: control político y provisión de economías externas para la burguesía industrial

El proceso de estatización paulatina de SIAM Di Tella entre 1970 y 1973 fue la fase final de un proceso cooperativo entre el Estado y la empresa –por aquel entonces una de las empresas industriales más grandes de América Latina-,¹⁹ iniciado con el ingreso de la empresa a los programas de rehabilitación industrial llevados adelante por los diferentes gobiernos de facto de la Revolución Argentina, gracias a los cuales no sólo SIAM Di Tella fue estatizada sino que también pasaron a manos del Estado otras 26 empresas más que no lograron revertir sus situaciones de crisis.²⁰
Como dijimos, los gobiernos de la Revolución Argentina estuvieron directamente conformados por directivos y tecnócratas de las empresas más importantes de la gran burguesía industrial. Y, en efecto, era la misma burguesía quien estaba, al mismo tiempo, al frente de los organismos del Poder Ejecutivo encargados de estatizar, como así también en las empresas estatizadas.²¹ En este sentido, “quién” poseyera circunstancialmente una empresa era una mera situación supeditada a la acumulación total de capital. SIAM Di Tella estatal fue utilizada para regular el mercado en favor de la gran burguesía industrial; más precisamente, el uso regulatorio de SIAM Di Tella consistió en protagonizar los grandes proyectos de infraestructura pública, interactuando entre los oligopolios industriales públicos y privados más grandes del país. Como veremos, las obras públicas realizadas por SIAM Di Tella revelan cómo la burguesía industrial, al integrar la coalición de gobierno, utilizó a la empresa para auto-proveerse de economías externas.²²
Durante el gobierno de A. Frondizi (1958-1962) se dictó la Ley 14.780 (1958) de Inversiones Extranjeras, que produjo el desembarco masivo de firmas extranjeras automotrices y de electrodomésticos²³ (entre muchos otros rubros) contra las cuales SIAM Di Tella no pudo competir; además, el gobierno radical, en pleno plan de ajuste, redujo el crédito público a la industria, y suspendió las compras estatales a SIAT y Electromecánica, llevando a SIAM a endeudarse con bancos locales y extranjeros (Rougier y Schvarzer, 2006). Sin lograr recuperarse de estos golpes, las devaluaciones de Frondizi primero, y de Onganía después, tuvieron dos efectos demoledores: a) los créditos contraídos en el exterior se volvieron cada vez más difíciles de pagar, y b) la inflación se disparó, lo que repercutió tanto sobre los costos de producción como sobre las ventas de la empresa (ibíd.).
Atravesando esta grave situación de crisis, en 1967 la empresa ingresó en el primer programa de rehabilitación de empresas industriales que tuvo lugar bajo el gobierno de Onganía, mediante el cual el Estado ofrecía asistencia técnica y financiera a las empresas en crisis severas.²⁴ Desde que la empresa ingresó al programa, hasta que su directorio fue reemplazado íntegramente por representantes del Estado, siempre estuvo bajo el control del Poder Ejecutivo. En primer lugar, la empresa quedó bajo el control de la Comisión Asesora Especial integrada por miembros de los ministerios de Bienestar Social, Hacienda, Industria y Comercio, y Seguridad Social y Trabajo. Luego la empresa quedó bajo un Órgano de Control, integrado por el Ministerio de Economía y Trabajo, la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad Social, y el Banco Industrial de la República Argentina (BIRA, luego BANADE) cuyo directorio era a su vez designado por el Presidente de la Nación y los Ministros del Poder Ejecutivo, además de contar con representantes de las empresas industriales. Ya en el segundo programa de rehabilitación se crea una Comisión Interministerial integrada por la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno y los Ministros de Hacienda y Finanzas, Industria y Minería, Comercio, Trabajo, Bienestar Social y Justicia, además de integrantes de los bancos del Estado.²⁵
Lo más significativo era que el ingreso a este programa “importará, en todos los casos, el sometimiento de las empresas beneficiadas al control del Poder Ejecutivo en la forma y modo que en cada caso se establezca” (Ley 17.507/1967). Según el Decreto 1.768 (1968), este control político implicaba que las empresas someterían a la supervisión de los organismos del Poder Ejecutivo mencionados arriba las nóminas de sus directores, socios o propietarios y la manifestación de bienes de cada uno de ellos, los balances generales y estados de ganancias y pérdidas, los detalles de las deudas con la indicación del nombre de los acreedores, los montos, garantías, vencimientos y el origen de los créditos, los planes de pago para el cumplimiento de las obligaciones previsionales e impositivas vencidas, y las garantías reales y personales para esos pasivos, entre otras cosas. Es en el artículo 5° del Decreto 1.768 donde se expresa con mayor énfasis el poder estatal sobre las empresas incluidas en los programas de rehabilitación; allí se señala que los miembros de la Comisión Asesora Especial

podrán incluir la designación de veedores, la caución de acciones por el valor que signifique el control de la empresa, la constitución de garantías de cualquier clase y extensión, la prohibición de distribuir utilidades o dividendos en efectivo, limitaciones en los honorarios o cualquier otra retribución de los directivos o propietarios, así como todo otro recaudo considerado pertinente (Decreto 1.768 (1968), artículo 5°).

De este modo, si las empresas no cumplían con las metas de rehabilitación acordadas con el Estado, éste podía pasar a controlar la empresa, en otras palabras: estatizarla. Además, tanto en el artículo 2° del Decreto 1.768 (1968), como en el posterior Decreto 898 de 1970, se le asignan funciones de control político en estos programas al Banco Industrial de la República Argentina (BIRA), denominado desde el gobierno de Levingston como Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), organismo que proveía los fondos para asistir a las empresas en crisis y supervisaba su utilización.²⁶ Como señalan Belini y Rougier (2008), hacia 1967 los fundadores del BANADE tenían en mente reproducir el IRI italiano (Istituto per la Ricostruzione Industriale). Justamente uno de los precursores del BANADE, Alfredo Concepción, decía sobre las empresas en crisis:

Lo que yo quería era tener todo, ser el único acreedor, digamos el IRI, para denominarlo como el de fama mundial. Siendo el dueño de los créditos voy a manejarlos como tendría que hacerlo un empresario y le voy a decir: ‘se dan estas alternativas, haga renuncia de todos los derechos que tiene sobre la empresa y nosotros vamos a recuperar esa empresa’ (citado en Belini y Rougier, 2008: 216).

Entonces, el BANADE, primero trataba de salvar a las empresas, pero si esto se volvía imposible, las empresas se presentaban ante los actores estatales como una oportunidad para regular mercados y reemprender la acumulación de capital, que es lo que sucedió con SIAM Di Tella y las otras 26 empresas más que el BANADE controló.
Refiriéndose a la situación de SIAM Di Tella hacia 1972, el ya mencionado Leandro Anidjar sostenía lo siguiente: “Acá teníamos nosotros grandes discusiones (…) porque existía la alternativa de pasarla [a SIAM Di Tella] al sector público como una empresa de servicios directamente del Estado, o bien dejar la empresa para tratar de racionalizarla” (Archivos Di Tella, 1973a: 31). Digamos que, en realidad y como veremos a continuación, no sólo por los niveles de interacción con el Estado previos a la estatización, sino también por el incremento de los mismos después de 1970, la idea de que SIAM Di Tella pasara a ser una empresa de servicios o una proveedora del Estado era un hecho y no una mera opción entre otras.
El proceso de estatización tuvo lugar entre 1970 y 1973: en 1970 el Estado comenzó a controlar políticamente a la empresa mediante los entes antes mencionados, y desde ese momento su presencia en el directorio fue creciendo hasta reemplazar a la totalidad de los representantes privados de la empresa.²⁷ Tal como lo preveía la Ley 17.507 (1967), si los recursos recibidos por la empresa no lograban revertir los pasivos, el Estado podría pasar a ser propietario de la empresa. Celestino Carbajal, un contador proveniente del sector petrolero, representante de la DGI en el Órgano de Control de empresas rehabilitadas- describe el mecanismo de adquisición de SIAM Di Tella del siguiente modo:

Lo que se hizo fue transformar la deuda de SIAM en acciones preferidas a favor del Estado. Este mecanismo fue ideado por Villar y por mí para el caso de SIAM y para otros casos cuando estábamos en la Subsecretaría. Como eran volúmenes tan grandes de deuda, pensamos que una refinanciación era insuficiente como garantía para el Estado (…) En caso de incumplimiento [las acciones] se transformaban en acciones con voz y voto (Archivos Di Tella, 1973b: 63).

Este mecanismo, “sumado a la capitalización de los créditos previsionales e impositivos no consolidados, permitía que el Estado pasara a tener más del 70% de las acciones y más del 50% de los votos en la asamblea societaria” (Rougier y Schvarzer 2006: 99-100); como dijimos, si el control político se fue incrementando hasta reemplazar a la gestión privada en 1972, la capitalización de las deudas y la transformación de acciones –i.e. la estatización total de SIAM Di Tella- tuvo lugar el 8 de mayo de 1973 y constituyó una de las últimas acciones económicas de la Revolución Argentina (ibíd.: 116).²⁸
Según O’Donnell (1982: 196) los inmensos proyectos de obra pública realizados por los gobiernos de la Revolución Argentina “tuvieron el efecto principal de proveer economías externas a la gran burguesía”; una vez en manos del Estado, SIAM Di Tella, como sostiene la hipótesis de este trabajo, fue utilizada para cumplir ese objetivo. Cuando el Estado comenzó a controlar a SIAM Di Tella, éste dejó caer la producción de electrodomésticos y promovió el crecimiento de SIAT y Electromecánica, las líneas vinculadas a los bienes de capital requeridos por la industria pesada. Si en 1967 la línea de electrodomésticos representaba el 61% de las ventas de la empresa, SIAT el 19% y Electromecánica el 20%, para 1972 electrodomésticos representa el 24%, SIAT salta al 50% y Electromecánica al 26% (Rougier y Schvarzer, 2006). El listado de proyectos de infraestructura realizados por SIAM Di Tella en este período es elocuente respecto de la afirmación de O’Donnell recuperada arriba:

Tabla 2.
Proyectos de infraestructura realizados por SIAT y Electromecánica, 1969-1972

Fuente: elaboración propia sobre datos de SIAM Di Tella Ltda., Memoria y Balance General, varios ejercicios

Así, observamos cómo SIAM Di Tella estatal proveyó de economías externas a los grandes monopolios y oligopolios industriales privados (Acindar, CIAE, FIAT, Loma Negra, Firestone, Shell, Esso, etc.) y públicos (YPF, SOMISA, SEGBA, Vialidad Nacional, etc.) realizando 9 gasoductos, 5 oleoductos, 3 centrales hidroeléctricas, la electrificación de varias líneas de ferrocarril, la iluminación de autopistas, maquinarias viales, estaciones elevadoras, turbinas y transformadores para centrales eléctricas, generadores y motores para ferrocarriles, motores para la industria siderúrgica, etc., siendo esta fusión entre burocracias públicas y privadas un rasgo distintivo del modelo industrial “burocrático-autoritario”.²⁹

INDUPA: estatización privatizadora y desregulación del mercado

La estatización de INDUPA en 1994 fue utilizada por el gobierno de C. Menem, paradójicamente, para dinamizar y completar la privatización total del sector petroquímico argentino. Tanto INDUPA como todas las empresas que operaban en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, eran productoras mono u oligopólicas de insumos industriales, y si una de ellas desaparecía -en este caso por una quiebra- todo el proceso productivo del sector entraba en crisis e inmediatamente dejaba de ser atractivo para los inversores privados, en quienes residía el éxito total del proyecto económico del menemismo (Etchemendy, 2015). Más precisamente, lo que buscaba el gobierno era la privatización de la industria petroquímica en la que el Estado –con las públicas Petroquímica General Mosconi y Petroquímica Bahía Blanca- era el productor más importante del sector.
Hacia 1989, momento en que comienza la desregulación total del mercado, INDUPA prácticamente monopolizaba la producción de PVC e integraba junto a unas muy pocas empresas nacionales y extranjeras el mercado oligopólico de la petroquímica. Pero entre julio de 1989 y noviembre de 1992 la reducción de aranceles promedio para el sector petroquímico fue del 62,24%; entre 1989 y 1993 todos los insumos mostraron un alza en los precios como resultado de que los mismos ya no se encontraban regulados por el Estado: propano 95,90%, butanos 91,34%, butilenos 74,62%, propileno, 69,92%, y gas natural 30,66%, entre otros; a su vez, el abandono de la protección industrial afectó fuertemente la balanza comercial del sector, pasando de un saldo positivo en 1989 de 75.783 millones de dólares a un saldo negativo de 273.885 millones de dólares en 1994.³⁰ Si a esto agregamos la liquidación de los regímenes de promoción industrial, de “compre nacional”, y de promoción de las exportaciones industriales, tendremos el panorama completo para comprender por qué INDUPA fue a la quiebra.³¹ 
El 1 de abril de 1993 se abrió el concurso de acreedores de Monómeros Vinílicos SA, empresa cuya propiedad era de INDUPA y meses más tarde, el 29 de noviembre de 1993, se abrió la convocatoria al concurso de acreedores de las demás empresas principales del Grupo Richard: INDUCLOR SA, PETROPOL SA, y la propia INDUPA;³² es en este momento cuando el Estado decide intervenir para recapitalizar y devolver a INDUPA rápidamente al mercado.
Si revisamos la composición accionaria de la empresa tras su paso al Estado en 1994, encontramos la siguiente estructura:

Tabla 3.
Estructura accionaria de INDUPA estatal (1994-1995)

Fuente: elaboración propia sobre datos de Instituto Petroquímico Argentino, Información Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina (varios años) y López (1997)

Lo primero que debemos remarcar es que entre las acciones del Estado Nacional y las de Petroquímica Bahía Blanca se conformó una mayoría accionaria del 51.20 %. Esta mayoría fue íntegramente estatal, ya que Petroquímica Bahía Blanca era una empresa pública acreedora de INDUPA -como así también de prácticamente todas las empresas privadas que operaban en el Polo Petroquímico.³³ Ahora bien: Petroquímica Bahía Blanca había sido declarada, junto a una enorme cantidad de empresas públicas industriales que administraba el Ministerio de Defensa, como “sujeta a privatización” mediante el Decreto 1.398 de 1990 y la Ley 24.045 de 1991. De modo tal que esa parte de las acciones del Estado (administradas por Petroquímica Bahía Blanca) ya estaban en tránsito de ser privadas. Pero lo mismo sucedió con las acciones directas del Estado Nacional, ya que los pasivos de INDUPA fueron capitalizados por el BANADE, que a su vez también había sido sujeto a privatización (Decreto 2.514/1991 y Ley 24.155/1992) y luego disuelto y liquidado (Decreto 1.027/1993).
Además de que los entes que capitalizaron las acciones de INDUPA estaban siendo privatizados, la gestión de la empresa luego de su estatización estuvo a cargo de la Comisión de Trabajo ‘Privatización de Petroquímica Bahía Blanca e INDUPA’ (Resolución 502/1995, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos). Esta comisión, dependiente del Ministerio de Economía, tenía la misión de organizar las licitaciones para privatizar ambas empresas. Estaba presidida por Roque Maccarone, ex presidente de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), ex vicepresidente ejecutivo del Banco Río de la Plata, y en ese momento Secretario de Finanzas, Bancos y Seguros del Ministerio de Economía de la Nación. Pero, además, el directorio de la empresa,³⁴ también tuvo una orientación ‘privatista’: de hecho, el presidente de INDUPA durante la fase estatal de la empresa fue Oscar Héctor Saggese, Secretario de Industria y Comercio Exterior desde 1989, y también interventor de la DGFM durante el proceso de privatización de las empresas que la conformaban. Saggese estaba vinculado al Banco de Crédito Provincial y al Mercobank, entidades financieras privadas en las que tuvo roles ejecutivos junto a otras personalidades del mundo de las finanzas -y también como él, colaboradores del Ministro de Economía, Domingo Cavallo- como Adolfo Sturzenegger, Horacio Tomás Liendo (hijo), o Sergio de Castro, ex Ministro de Economía de A. Pinochet en Chile.³⁵
Pero para contar con más elementos que nos permitan comprender cómo es posible una “estatización privatizadora”, tracemos una breve cronología del caso particular de INDUPA en relación con el sector petroquímico. En septiembre de 1990 comenzó la ‘des-estatización’ de la industria petroquímica. En ese momento, el Estado vendió a los grupos industriales nacionales el porcentaje de acciones minoritarias que tenía (30%) en cada una de las empresas que participaban de la actividad del Polo Petroquímico Bahía Blanca, y que eran administradas por la DGFM. INDUPA pasó entonces a contar con las acciones estatales de su empresa, pero también accedió al porcentaje estatal de Monómeros Vinílicos (que controlaba el 66% del mercado de cloruro de vinilo), de Petropol (que controlaba el 100% del mercado de polietileno de alta densidad), y de Induclor (que controlaba el 60% del mercado de cloro y soda caustica); por su parte, Ipako accedió al porcentaje estatal de su empresa y al de Polisur (que controlaba el 85% del mercado de polietileno de baja densidad) (Gerchunoff y Coloma, 1993: 291). Aquí se destacan dos elementos: el primero es que el Estado, además de ser propietario de Petroquímica General Mosconi (controlando el 61% de la producción de benceno y tolueno) y de Petroquímica Bahía Blanca (controlando el 78.5% de la producción de etileno) (ibíd.) tenía participación en las demás empresas monopólicas y oligopólicas del sector petroquímico, siendo de este modo un poderosísimo actor en la producción petroquímica. El segundo elemento es que, para poder comprar la parte estatal de estas empresas, el Estado elaboró un sistema de pago conformado por una parte en efectivo y otra parte en bonos de la deuda externa argentina, de modo tal que como venimos señalando, INDUPA también expresó el modo en que las privatizaciones consolidaron la hegemonía del capital financiero. Así, INDUPA pagó por Monómeros Vinílicos 9.381 millones de dólares en efectivo y 26.550 millones de dólares en bonos de deuda externa, por Petropol pagó 4.563 millones de dólares en efectivo y 13 millones de dólares en bonos de deuda externa, y por Induclor 17.898 millones de dólares en efectivo y 50.600 millones de dólares en bonos de deuda externa; por su parte Ipako pagó 14.111 millones de dólares en efectivo y 41 millones de dólares en bonos de la deuda externa por la empresa Polisur (Gerchunoff y Coloma, 1993: 293).   
Este proceso de des-estatización fue paralelo a la destrucción del sistema regulatorio que protegía al sector; fue en este momento cuando INDUPA entró en crisis, y el Estado, vía BANADE y vía Petroquímica Bahía Blanca, capitalizó las deudas de la empresa y conformó una mayoría accionaria (el 51.20% mencionado antes). Por su parte, los accionistas financieros, es decir: los bancos privados, que también eran acreedores de INDUPA, acompañaron la capitalización estatal mediante un poder irrevocable otorgado al Ministerio de Economía según el cual ambos conjuntos de acciones (Estado y bancos) debían ser vendidos al mismo tiempo y en menos de un año (López, 1997).
Desde el primer momento en que el Estado se encontró al frente de INDUPA fusionó todas las empresas en una sola estructura para facilitar su gestión y rápido traspaso al mercado. Así, en agosto de 1994 INDUPA absorbió a Monómeros Vinílicos SA, a Industrias Químicas Básicas SA, a Polefinas SA, a INDUCLOR SA, a PETROPOL SA, y a VINICLOR SA (Boletín Oficial N° 27.957, 19/08/1994). La Revista Petroquímica, en un artículo de fines de 1994, llamado “Avanza la privatización de INDUPA”, resume esta fusión enfatizando su meta privatizadora:

El pasado 19 de diciembre la Asamblea de Accionistas ratificó la capitalización de algo más de 380.000.000, tal como fuera deliberado por la Junta de Acreedores que se celebró el 7 de julio de 1994. Esto y la fusión de todas las empresas del Grupo INDUPA, ya efectuada el 4 de noviembre de 1994, deja el camino expedito para la próxima reprivatización de la empresa. Se estima que la misma ocurrirá hacia fines del primer trimestre del año próximo. Mientras tanto, la empresa está operando normalmente con niveles muy productivos y de ventas muy significativos (Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, 1994: 7728).

Estas operaciones combinadas con la manifiesta voluntad de privatización tuvieron como efecto una importante alza de las acciones de INDUPA: hacia fines de 1993 tenían un valor de 0.34 dólares, y un año después aumentaron un 85%, adquiriendo un valor de 0.60/65 dólares.³⁶
Ya hacia mediados de 1995, los directores de las empresas estatales anunciaban su pronta privatización. Norberto Shor, presidente de Petroquímica Bahía Blanca -empresa junto a la cual se vendería INDUPA, y que por su rol en la producción de etileno era la empresa más importante del sector petroquímico- hacía referencia en una entrevista al interés tanto de Shell, YPF privatizada, y Pérez Companc –las tres ya presentes en el sector-, como así también de empresas brasileras, venezolanas, alemanas y francesas, de participar de la licitación para adquirir las empresas públicas. A su vez, Shor evaluaba auspiciosamente el salvataje de INDUPA como instancia crucial para la privatización definitiva del sector. Así, luego de afirmar que para fines de 1995 las empresas serían privatizadas, un periodista le preguntó: “¿Antes de llegar a este período, tuvieron que desprenderse de cosas importantes, mejoraron otras o debieron incorporar elementos que favorecieran el proceso de privatización?”, a lo que Shor respondió:

Yo le diría que se despejaron incógnitas que generaban alguna dificultad de entendimiento, por lo menos en lo que hace al área específica de una de las empresas del Polo, que es el caso de INDUPA, que básicamente recompuso su situación, y que es uno de los temas centrales; en el caso de Petroquímica Bahía Blanca, se avanzó con los presupuestos previamente acordados de modo que lo que se hizo fue despejar incógnitas a fin de llegar en las mejores condiciones a la privatización (Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, 1995: 8042-8043). 

Las “dificultades de entendimiento” se refieren, como dijimos, a la incertidumbre que generaba en el sector privado nacional e internacional la supervivencia o no de dos empresas clave del circuito productivo petroquímico. Una vez “despejadas las incógnitas”, esto es: una vez recapitalizadas las empresas, se procedió a la licitación de las mismas.
Así, en diciembre de 1995 INDUPA y Petroquímica Bahía Blanca fueron vendidas en conjunto a un consorcio formado por Dow Chemical, Itochu, e YPF privatizada, siendo Dow Chemical la mayor accionista.³⁷ Tras esta primera privatización, la estructura accionaria de Petroquímica Bahía Blanca fue la siguiente: Dow Chemical: 35%, YPF: 25,09%, Ipako: 21,23%, Itochu: 10,53%, INDUPA: 5,50%, Isaura: 1,35%, y Bank Lew: 1,30%. Pero inmediatamente después, ese mismo año, Dow Chemical compró a las empresas Ipako e INDUPA el 21,23% y 5,50% respectivamente del capital accionario que éstas tenían en el complejo, y con el 63% pasó a contar con la mayoría accionaria. Como a su vez, Petroquímica Bahía Blanca tenía acciones en INDUPA, Dow Chemical pasó también a contar con la mayoría accionaria de esta empresa también (Müller y Petelski, 2009). Según Oscar Vignart, en ese momento presidente de Dow Química Argentina SA, filial de Dow Chemical, las ventajas de la Argentina en ese momento eran contar con “la industria del gas más desarrollada de América latina, pero además lleva seis años de transformaciones, con apertura, desregulación, privatizaciones y estabilidad”.³⁸
En suma, el Estado sólo se volvió “empresario” temporariamente (16 meses); no retuvo ni controló políticamente a INDUPA, sino que sólo intervino para su reprivatización. Y esto lo hizo justamente mediante los organismos encargados de llevar adelante las privatizaciones (Comisión de Trabajo ‘Privatización de Petroquímica Bahía Blanca e INDUPA’), mediante entes y empresas en vías de privatización (BANADE y Petroquímica Bahía Blanca), y mediante la designación en el directorio de INDUPA de personal asociado directamente a empresas y bancos privados; de hecho, y como señalamos, los bancos privados que participaron de la capitalización,  lo hicieron con la condición de que en menos de un año la empresa se privatizara.

Conclusión

En este artículo hemos mostrado que los usos políticos de las empresas estatizadas por gobiernos de derecha varían dependiendo de la coalición sectorial, más precisamente, de la participación o ausencia de la burguesía industrial en la coalición de gobierno. En la tabla 4 se sintetizan y comparan ambos procesos de estatización:

Tabla 4.
Comparación entre las estatizaciones de SIAM Di Tella y de INDUPA

Fuente: elaboración propia

Como ambas estatizaciones fueron realizadas por gobiernos de derecha favorables al empresariado, las empresas fueron “salvadas”, i.e. estatizadas en crisis. Pero mientras que la coalición que estatizó SIAM Di Tella era industrial, la que estatizó INDUPA era financiera, y esto implicó que las estatizaciones fueran utilizadas para alcanzar diferentes objetivos políticos: la provisión de economías externas para la burguesía industrial mediante obras de infraestructura, en un caso, y la privatización total del sector petroquímico, en el otro caso. Estos diversos usos políticos se cristalizaron en el tiempo que las empresas fueron retenidas en el sector público. SIAM Di Tella fue retenida por 15 años porque su estatización se presentó como una oportunidad única para reemprender la acumulación de capital industrial. En cambio, INDUPA sólo formó parte del sector público 16 meses ya que desde un principio, el gobierno y los bancos privados acreedores de la empresa coincidían en la intención de privatizar el sector petroquímico. Finalmente, para alcanzar estos objetivos, el Poder Ejecutivo intervino a través de entes completamente diferentes: en el caso de SIAM Di Tella, el control fue amplísimo y prácticamente todos los ministerios y secretarías participaron de las decisiones económicas de la empresa; en el caso de INDUPA, las decisiones fueron adoptadas por los organismos encargados de llevar adelante el proceso de privatizaciones, no sólo del sector petroquímico, sino de la totalidad de las áreas en las que el Estado era empresario.³⁹
El rol cumplido por el BANADE es muy elocuente respecto de las coaliciones sectoriales: bajo coaliciones industriales sus directivos ambicionaban hacerse cargo de las empresas en crisis para conducirlas íntegramente, esto es: aportar asistencia financiera, técnica y también política; por el contrario, bajo coaliciones financieras, el banco solamente aportó fondos para sanear empresas, mientras el propio organismo estaba siendo liquidado.⁴⁰ En este sentido, en futuras investigaciones sería interesante probar la teoría presentada aquí tomando como objeto de estudio otros organismos económicos (bancos, entes reguladores, entes autárquicos científicos, fondos fiduciarios, empresas mixtas, etc.) para intentar determinar si sus metas variaron dependiendo de los diferentes alineamientos político-sectoriales.
Ahora bien, este trabajo se concentró en las estatizaciones realizadas por gobiernos de derecha, encontrando diferencias entre las mismas a partir del análisis de la coalición sectorial. Pero ¿es posible pensar que también encontraremos diferencias entre los gobiernos “populistas” o de “izquierda” en función de las demandas regulatorias de la burguesía industrial o de la ausencia de las mismas? Aerolíneas Argentinas, creada por Perón en 1950 a partir de la estatización de cuatro aerolíneas privadas, y re-estatizada por el kirchnerismo en 2008, constituye un caso interesante para observar esta dinámica en futuras investigaciones.

Notas

1|   Se trata de los gobiernos de A. P. Justo (1932-1938), R. Castillo (1942-1943), E. J. Farrell (1944-1946), J. D. Perón (1946-1955), E. Lonardi (1955), A. Frondizi (1958-1962), J. C. Onganía (1966-1970), R. Levingston (1970-1971), A. Lanusse (1971-1973), R. A. Lastiri (1973), H. Cámpora (1973), J. D. Perón (1973-1974), I. Martínez de Perón (1974-1976), J. R. Videla (1976-1981), C. Menem (1989-1999), N. Kirchner (2003-2007), C. Fernández de Kirchner (2007-2015) y M. Macri (2015-2019).
2|   En Chaia De Bellis (2020) se registran 276 empresas estatizadas entre 1930 y 2018; los sectores a los que pertenecían son: transporte 17%, agroindustrial 15%, industrial 14%, alimenticio 6%, químico 6%, portuario 6%, ganadero 5%, eléctrico 4%, hidrocarburos 4%, textil 4%, construcción 3%, comercial 3%, inmobiliario 2%, comunicaciones 2%, agua y saneamiento 1%, petroquímico 1% y otros 7%.
3|   Por supuesto que esto se trata de una generalización: los gobiernos del denominado “giro a la izquierda” en América Latina han realizado “salvatajes” (estatizaciones de empresas en crisis); sin ir más lejos, el kirchnerismo, por ejemplo, estatizó LAPA (2003), Correo Argentino (2003) y Aerolíneas Argentinas (2008).
4|   Empleamos aquí el término “derecha” sólo para establecer un diálogo con los estudios sobre denominado “giro a la izquierda” en América Latina, como veremos más adelante. Por “derecha” aquí nos referimos en realidad a los gobiernos “pro-empresariales”, siguiendo la contraposición realizada por los estudios de economía política comparada entre gobiernos “pro-trabajo” y “pro-empresariales” (del inglés “pro-business” versus “pro-labor”, ver: Pinto, 2013; Kohli, 2004; etc.). Es decir: sólo en esta dimensión “pro-empresarial” igualamos a los gobiernos de la Revolución Argentina y al de Menem, y no en todas las demás que son, por cierto, muy diferentes (dictadura militar/democracia, economía cerrada/globalización, etc.). Pero esta dimensión “pro-empresarial” es, justamente, la dimensión que más nos interesa, ya que estamos analizando –y comparando- una de las formas más intensas de intervención del Estado en la vida de las empresas privadas, esto es: la estatización de empresas. Básicamente nos interesa observar cómo dos gobiernos “pro-empresariales” desplegaron un mismo recurso económico-político (i.e. la estatización) pero con resultados diferentes que estuvieron determinados, justamente, por la diferente composición sectorial de ese empresariado. Agradezco al/la evaluador/a anónimo/a por remarcar la necesidad de esta aclaración.
5|   En relación con la selección de casos, si dejamos de lado las empresas de servicios públicos, tanto SIAM Di Tella como INDUPA expresan no sólo las empresas más grandes estatizadas por la derecha, sino que integran el conjunto de empresas más importantes que se hayan estatizado en todo el período 1930-2018, seguramente junto a las empresas del Grupo Bemberg, estatizadas por el peronismo en 1953, y Repsol-YPF, estatizada por el kirchnerismo en 2012, gobiernos éstos últimos de diferente orientación a los aquí estudiados.
6|   La rápida homologación entre “populismo” e “izquierda” realizada por los estudios sobre el “giro a la izquierda” mencionados arriba sólo es retomada aquí para establecer una discusión con los mismos y no porque estemos de acuerdo con esta igualación conceptual. En efecto, es mucho más apropiado caracterizar los procesos de inclusión de los sectores populares en América Latina mediante el concepto de gobiernos “pro-trabajo”, como detallamos en la nota 4 y en el sentido en que lo utilizan, por ejemplo, Collier y Collier (1991). Agradezco al/la evaluador/a anónimo/a por remarcar la necesidad de esta aclaración.
7|   Para otros trabajos sobre estatizaciones y empresas públicas en otros continentes y regiones, que se concentran tanto en gobiernos “pro-trabajo” como en gobiernos “pro-empresariales” ver Toninelli (2000) y Sigmund (1980).
8|   Con el término regulación me refiero aquí a aquellas decisiones gubernamentales que tienen efectos directos sobre la estructura del mercado: cuáles y cuántos actores participan en la producción de un bien, qué bien es producido y en qué cantidad, cuáles son los precios en las diferentes etapas de elaboración y venta de esos bienes, y qué sectores venden y/o compran esos bienes. Al afirmar que la participación de la burguesía industrial en la coalición de gobierno conducirá a que las empresas estatizadas sean controladas políticamente por el Poder Ejecutivo para alcanzar tales objetivos regulatorios, sigo los trabajos de Etchemendy (2015), Castellani (2009), Chibber (2008), Evans (1995) y O’Donnell (1982), entre otros, que muestran las interacciones entre Estado y empresariado (basadas en inversión pública, subsidios, protección y promoción sectorial, planificación económica conjunta, créditos blandos, creación de empresas mixtas, etc.) cuando la burguesía industrial se integra al gobierno.
9|   En 1973, SIAM Di Tella, caso analizado aquí, ocupaba el puesto 31 de las empresas que más vendieron. Para contar con más detalles, las empresas más importantes ese año fueron, en orden de mayor a menor según ventas, YPF, Fiat, Somisa, Shell, Ford, Esso, CAP, Acindar, Chrysler, Sasetru, Molinos Río de la Plata, IKA-Renault, Nobleza, General Motors, Safrar (Peugeot), Swift, Alpargatas, Propulsora Siderúrgica, Mercedes Benz, Santa Rosa, Goodyear, Celulosa Argentina, Sancor, Duperial, Ducilo, Sade, Pirelli, INSA, IBM, Ledesma, SIAM, Olivetti, Massalin, Nestlé, Conasa, Dálmine, Gurmendi, Cargill, Fate, Loma Negra, Firestone, Philips, Piccardo, Citroen, Refinerías de Maíz, etc.
10| En 1999, INDUPA, caso analizado aquí, ocupaba el puesto 85 de las empresas que más vendieron. Para contar con más detalles, las empresas más importantes ese año fueron, en orden de mayor a menor según ventas, YPF, Telefónica de Argentina, Telecom Argentina, Supermercados Norte, Cargill, Shell, Supermercados Disco, Carrefour, Esso, Sistema Coca Cola, Supermercados Coto, Techint, Lotería Nacional, Pérez Companc, Sancor, Arcor, Ford, Renault Argentina, Siderca, Volkswagen Argentina, Siderar, Asociación de Cooperativas Argentinas, Sideco Americana, Aerolíneas Argentinas, Osde, Aceitera General Deheza, Edesur, Edenor, Cencosud (Jumbo), Unilever, Molinos Río de la Plata, Droguería del Sud, Movicom, Cervecería Quilmes, Astra, Daimler Chrysler Argentina, Roggio, Mastellone, Peugeot-Citroen, Fiat, Louis Dreyfus, Siemens, Metrogas, La Plata Cereal, Vicentin, etc.
11| En palabras de O’Donnell (1982: 196) la economía política de la Revolución Argentina constituyó “un intento de la gran burguesía de subordinar a su propia acumulación no sólo al sector popular sino también a una burguesía agraria dotada de enorme centralidad económica y de resortes de poder político e ideológico”.
12| La Revolución Argentina sustituyó trabajo por acumulación de capital: desactivando la participación política del movimiento obrero (sus partidos y organizaciones) la dictadura eliminaba presiones distributivas y facilitaba a la burguesía industrial la capacidad de acumular capital.
13| Mediante la implementación de retenciones a las exportaciones agrarias combinadas con devaluaciones (del 64.88% en 1967 y del 37.14% en 1970/1971) los gobiernos de la Revolución Argentina no sólo extrajeron recursos para realizar inmensos proyectos de infraestructura como veremos luego, sino que también subsidiaron la exportación de manufacturas de origen industrial (MOI), buscando obtener autonomía respecto de las divisas provistas por la burguesía agraria.
14| O’Donnell (1982) denominó “modelo burocrático-autoritario” a la experiencia política de la Revolución Argentina. Con el concepto “burocrático” el autor refiere a cómo estos gobiernos expresaron la fusión política de las grandes burocracias de los monopolios públicos y privados en el Estado. La conducción política de la administración pública fue sustituida directa y totalmente por la conducción tecnocrática del sector industrial. El personal que desembarcó, por ejemplo, en el Banco Central, en el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), en el Banco Nación, en los ministerios de Economía, Trabajo, Defensa, Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos, en las secretarías de Hacienda, Energía y Minería, Transportes, y en empresas públicas como SEGBA, provenía de las empresas Krupp, Ducilo, Rhone, Swift, Ford, Standard Oil, National Lead Company, Acindar, Techint, Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, Rigolleau, Propulsora Siderúrgica, Sasetru, Pérez Companc, Bridas, o la propia SIAM Di Tella, entre otras (Chaia De Bellis, 2020).
15| Se trata de las posiciones monopólicas desde las cuales la burguesía industrial obtiene cuasi-rentas de privilegio, posiciones creadas y mantenidas por una serie de intervenciones estatales que van desde la compra venta de insumos a precios diferenciales hasta la estatización de empresas en crisis, pasando por la capitalización de deudas privadas o los grandes proyectos de infraestructura (Castellani, 2009); como veremos luego, el uso político de SIAM Di Tella una vez en manos del Estado puede ubicarse aquí.
16| Hacia 1987 se conformó el “Grupo de los Ocho” integrado por las principales cámaras de los sectores agrario, agroindustrial y financiero (bancos): la SRA (Sociedad Rural Argentina), la UIA (Unión Industrial Argentina), CACom (Cámara Argentina de Comercio), ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), AEA (Asociación de Bancos de la Argentina), la UAC (Unión Argentina de la Construcción), CACons (Cámara Argentina de la Construcción), y la Bolsa de Comercio; además, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial, acreedores de la Argentina, se encontraban también en este agrupamiento (Cantamutto y Wainer, 2013). Los “Capitanes de la Industria” (i.e. la burguesía industrial local) no integraban este agrupamiento y junto con las centrales gremiales se opusieron a los intentos de desregulación del mercado y privatizaciones durante el gobierno de R. Alfonsín.
17| Mediante la Ley de Emergencia Económica se eliminaron los regímenes de promoción industrial (capítulo IV), los regímenes de promoción minera (capítulo V), y los regímenes de “compre nacional” (capítulo VIII). El Decreto de Desregulación Económica desreguló el mercado interno y el comercio exterior, y se puso en marcha una amplia reforma fiscal: se eliminaron las restricciones a la oferta de bienes y servicios al igual que la intervención estatal sobre la formación de precios, y las restricciones para acceder a los diferentes mercados (art.1°); se modificó la Ley de Defensa de la Competencia (22.262) (art. 2°) y se eliminó la Ley de Abastecimiento (20.680) (art. 4°); se liberalizó el transporte de carga (art. 5°) y la comercialización de medicamentos (art. 13°); se eliminaron las cuotas y cupos cuantitativos y cualitativos en el comercio exterior (art. 19°); se eliminaron los derechos de exportación y la intervención del Estado en las exportaciones (arts. 20º, 25º, y 29º entre otros); se eliminaron las restricciones a las importaciones de bienes y servicios (26º y 29º entre otros); se suprimió el Fondo de Promoción de las Exportaciones (art. 72°); y se disolvieron entes reguladores (Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, Instituto Forestal Nacional, Mercado de Concentración Pesquera, Mercado nacional de Hacienda de Linieres, Corporación Argentina de Productores de Carne, Dirección Nacional del Azúcar, Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate etc., arts. 45° y 36°), entre muchas otras medidas.
18| Si durante la primera etapa de privatizaciones la adquisición de empresas mediante la capitalización de títulos de la deuda externa representó el 32.58% de las modalidades de pago (Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Economía de la Nación), lo que expresa una importantísima participación de los bancos en la administración de las empresas privatizadas y un desplazamiento del sector industrial en el liderazgo económico, las mismas privatizadas tuvieron un rol protagónico en el sistema de endeudamiento y valorización mencionado arriba: si revisamos la composición de la deuda del sector no financiero veremos que las privatizadas expresaron un altísimo porcentaje promedio: el 33.69 % entre 1991 y 1999 (Basualdo, 2010).
19| La empresa contaba con cuatro grandes líneas de producción: automotriz, electrodomésticos, siderúrgica (SIAT), y equipos eléctricos y maquinarias (Electromecánica).
20| Las empresas estatizadas durante la Revolución Argentina fueron las siguientes: SIAM Di Tella, La Cantábrica, Compañía Swift de La Plata, La Emilia Industrias Textiles, Industrias Llave SA, Editorial Codex, CADDIE SA, FACA Mauricio Sibert SA, Pol SA, Fábrica Ítalo Argentina de Lana Peinada, Fábrica Argentina de Vidrios y Revestimientos de Opalina Hurlingham, Gilera, Electrodinie SACyF, Mancuso y Rossi SAIC, La Bernalesa SA, Gaby Salomón SA, Textiles Gloria SA, Compañía Papelera del Norte de Santa Fe SA, Las Palmas Chaco Austral SA, Ingenio Bella Vista, Ingenio Esperanza, Ingenio La Florida, Ingenio Lastenia, Ingenio Nueva Baviera, Ingenio La Trinidad, e Ingenio Santa Lucía.
21| Por ejemplo, Ricardo Zinn fue Asesor del Ministerio de Defensa, Asesor de la Presidencia del Banco Nación, y Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía, y también integraba SIAM Di Tella. Casos similares, también de la empresa SIAM Di Tella, son los de Leandro Anidjar, Secretario de Hacienda y Subsecretario de Energía, y de Federico Frischknecht, Secretario de Prensa y Turismo. Otros casos de empresas estatizadas cuyos directivos ocupaban cargos en el Estado fueron los de Krieger Vasena, Ministro de Economía, quien integraba el directorio de la empresa norteamericana DELTEC, dueña de los frigoríficos Swift, estatizados en 1972, y de Luis Montemuri, miembro del directorio del BANADE y a la vez presidente de la siderúrgica La Cantábrica, estatizada en también en 1972.
22| Por “economía externa” se entiende a todos aquellos factores externos a una empresa que contribuyen a su desarrollo, tales como la cantidad de actores en el mercado capaces de proveerle insumos, infraestructura, tecnología, etc. Cuando el Estado es el proveedor de economías externas se trata de una forma de regulación (ver nota 8). Aunque esta estrategia estatal pueda ser comprendida como “desarrollista” (en tanto que intenta modernizar y acelerar políticamente la estructura productiva), la estatización y utilización de SIAM se distancia de la típica estatización desarrollista consistente en la selección política de “ganadores” o “campeones nacionales” (Falk et al. 2011) y no de empresas quebradas. Además, los burócratas que conducen las estatizaciones desarrollistas son autónomos –por lo que pueden controlar eficientemente los recursos asignados (Evans, 1995)- y no son la propia burguesía, como vemos en este caso, que termina utilizando los recursos estatales para salvar su patrimonio (ver nota 28).
23| Ford, FIAT, General Motors, Peugeot, Chrysler, etc. y Philips, respectivamente.
24| Aproximadamente 183 empresas ingresaron al primer programa de rehabilitación industrial: el 29.60% de las empresas pertenecían al sector metalúrgico, como SIAM Di Tella; lo siguió el sector textil con el 18.43%, luego el sector automotriz con el 6.70%, y las empresas papeleras con el 6.14%. (cálculos realizados a partir de Andrieu, 1975). 
25| Ver Ley 17.507 (1967), Decreto 1.768 (1968), Decreto 898 (1970) y Decreto 8590 (1972).
26| Sobre el BANADE ver el importante trabajo de Rougier (2004).
27| En 1970, en el directorio ya había miembros de procedencia estatal como Enrique Valente, el General Alfredo Cassino, y Pedro Megna (este último representante del BIRA); ya en 1972 el presidente de la empresa, Brigadier Mayor Jorge Sixto Fernández, representa al Poder Ejecutivo al igual que la mayoría del directorio (SIAM Di Tella Ltda., Memoria y Balance General, 1969/70 y 1971/72).
28| Al seguir una lógica política (basada en la selección discrecional de actores) más que económica (basada en la rentabilidad) el uso regulatorio que el Poder Ejecutivo asigne a las empresas puede ser compatible, tanto con una estrategia de rescate financiero exitosa, como con una estrategia fallida o incluso deliberadamente malversada, como en el caso de SIAM Di Tella. De hecho, el Estado pudo hacerse con el paquete accionario de la empresa sólo porque ésta incumplió con las contraprestaciones asociadas a los rendimientos financieros incluidas en los programas de rehabilitación. El despegue de las divisiones SIAT y Electromecánica (asociadas a las demandas de la burguesía industrial) fue paralelo al crecimiento de los pasivos de la empresa. Tal es así que Schvarzer (2000: 234-235) comenta que los propietarios de las empresas asistidas por el Estado “optaban por  extraer el máximo posible de beneficios líquidos, antes de dejar la planta hipotecada a los acreedores o en manos del Estado “benefactor” (…) Los periódicos bautizaron a esa práctica como “vaciamiento de empresas”, aludiendo al hecho de que sus dueños no dejaban nada de ellas salvo el cascarón (…) el listado incluye a textiles como La Bernalesa y La Emilia; a conocidos y antiguos establecimientos gráficos, como Peuser y Kraft, así como a SIAM (…) En todos los casos el Estado asumió un rol de hospital de empresas en mal estado; se hizo cargo de ellas y las mantuvo en marcha exhibiendo notable incapacidad para salir luego de esa trampa”. Desde el enfoque que plantea nuestra hipótesis, utilizar una empresa quebrada y luego estatizada para proveer de economías externas a la burguesía industrial y utilizar al Estado para sanear el “vaciamiento” que esa misma burguesía realiza en sus propias empresas, no revela una contradicción sino un resultado coherente producto de la integración (o asimilación) de la burguesía industrial en el gobierno. Agradezco al/la evaluador/a anónimo/a por remarcar la necesidad de esta aclaración.
29| Si bien el análisis presentado aquí llega hasta 1973, es importante destacar que SIAM Di Tella fue retenida en el sector público hasta que R. Alfonsín decidió privatizarla: en 1985, la división Electromecánica fue comprada por el Grupo Pérez Companc y Electrodoméstica por la empresa Aurora Grundig, mientras que SIAT, la división siderúrgica, fue comprada por Techint en 1986 (su único competidor); las demás áreas de la empresa no privatizadas fueron liquidadas en 1994. 
30| Datos elaborados a partir de López (1997) y Azpiazu (1994).
31| La quiebra de las empresas del Grupo Richard, con INDUPA a la cabeza, fue una consecuencia directa de la desregulación del mercado. Como señalaba el CEO de INDUPA entre 1992 y 1994, Ignacio Noel, “habíamos realizado inversiones y el Estado había aprobado nuestros proyectos y nos había otorgado importación de equipamiento en el contexto de precios internos fijados por aranceles altos. Esos aranceles se bajaron de repente de un día para el otro. Destruyeron nuestra ecuación financiera” (entrevista realizada por Etchemendy, 2015: 193).
32| Ver Boletín Oficial (1993a y 1993b). Según el diario Clarín, la petroquímica INDUPA solicitó “la apertura del mayor concurso preventivo registrado hasta ese momento, por un pasivo reconocido de 510 millones de dólares” (Clarín, 11/06/1998: “La capitalización tiene historia. INDUPA y Tabacal, los dos casos testigo”). Este pasivo millonario estaba constituido por el endeudamiento de INDUPA frente a bancos privados y frente al propio Estado.
33| Ver Decreto 1318 (1994).
34| El directorio de INDUPA estatal en 1994-1995 estuvo conformado por Oscar H. Saggese (presidente), Marcos Migliardi (vicepresidente), Héctor M. García Cuerva (director titular), Alejandro J. Olivera (director titular) y Juan Carlos Brea (director titular) (Instituto Petroquímico Argentino, 1994).
35| La Nación, 20/12/1997: “Final con interrogantes para el quebrado BCP”, y Página 12, 20/11/2014: “Secuelas del Mercobank”.
36| Revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química, 1994: 7670.
37| Mediante la Resolución 673, el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos elegía la oferta de estas tres empresas por sobre la que realizara Pérez Companc en conjunto con COPESUL (Companhia Petroquimica do Sul), un conglomerado petroquímico de Brasil conformado por Petrobras y Odebrecht. Señala el artículo 1° de la Resolución ministerial 673 de 1995: “Adjudicar al oferente Consorcio “DOW-Y.P.F.-ITOCHU” que ofreció al contado la suma de dólares estadounidenses trescientos cincuenta y siete millones quinientos un mil quinientos treinta (u$s 357.501.530) por la venta en bloque y en forma conjunta del cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones de Petroquímica Bahía Blanca Sociedad Anónima, Industrial y Comercial y de doscientos veintiún millones trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y cinco (221.363.985) acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una y de un voto por acción, de INDUPA Sociedad Anónima, Industrial y Comercial, de propiedad del Estado Nacional”.
38| La Nación, 8/06/1997: “Por qué Dow invierte fuerte en la Argentina”.
39| En Chaia de Bellis (2020 y 2021) se muestran los paralelismos entre SIAM Di Tella e INDUPA y otros casos que también pueden ser explicados por nuestra hipótesis. Por ejemplo, en 1970 la Revolución Argentina, además de las estatizaciones mencionadas en la nota 18, creó CONASA (Compañía Nacional Azucarera SA), una empresa pública resultante de la fusión de siete ingenios azucareros del Grupo Tornquist estatizados durante su quiebra. CONASA fue empleada por el Estado para regular los cupos de producción, tanto para el mercado interno como para exportación, cooperando con los grandes oligopolios norteños (como por ejemplo Ledesma, Concepción y Tabacal, entre otros). Similares al proceso de INDUPA son, por ejemplo, las 65 estatizaciones realizadas en 1980 por la última Dictadura Militar. Esta “oleada” de estatizaciones estuvo conformada por Austral Líneas Aéreas SA, Sol Jet SA, Lagos del Sur SA y Plataforma 1200 -cuatro empresas aéreas en crisis que el gobierno estatizó para recapitalizar y reprivatizar-, unas 44 empresas vitivinícolas del Grupo Greco, y unas 17 empresas de alimentos, ganadería y comerciales del Grupo Oddone, ambos grupos en situación de quiebra. Pero más reciente es el caso de Oil Combustibles, estatizada durante el gobierno de Macri en 2018: la empresa se encontraba en quiebra por una deuda de 8 mil millones de pesos con la AFIP, y tras varios intentos privados de salvataje el gobierno pasó a gestionarla mediante YPF estatal; tres meses después, en septiembre de 2018, y luego de un proceso de “saneamiento”, el gobierno re-privatizó la empresa vendiéndola a Delta Patagonia y Gulf Oil.
40| De hecho, la liquidación del BANADE implicó que el Estado abandonase sus acciones en más de un centenar de empresas que involucraban desde SIDERCA (Techint) hasta YPF (ver Resolución 565/2005 del Ministerio de Economía y Producción, anexo II).

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