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El conflicto por el fracking en Mendoza (2013-2019). Aportes para una periodización

(The conflict over fracking in Mendoza (2013-2019). Contributions for a periodization)

Mariano J. Salomone*

*INCIHUSA-CONICET-CCT-Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n - Parque Gral. San Martín - Ciudad de Mendoza - Argentina. Correo Electrónico: msalomone@mendoza-conicet.gob.ar ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4607-7244

Recibido el 12/07/19
Aceptado el 14/04/20

Resumen

Entre el mes de abril y mayo de 2018 irrumpió en el escenario sociopolítico de Mendoza una intensa movilización en oposición a la explotación de petróleo y gas no convencional conocida como fractura hidráulica o fracking. La iniciativa para explotar yacimientos no convencionales en la provincia se remonta a julio de 2017, cuando el gobierno autorizó la realización de una prueba piloto por parte de la empresa El Trébol, en la zona de Puesto Rojas, yacimiento Cerro El Pencal (Malargüe). Desde entonces, la habilitación del fracking en el escenario local atravesó diferentes instancias, alrededor de las cuales gravitó el malestar social.
Este artículo procura contribuir a la conceptualización de este emergente conflicto, procurando identificar una serie de hitos clave en su configuración: la constitución de los sujetos involucrados, la formulación de sus demandas, sus repertorios de acción. En particular avanza sobre una propuesta de periodización del conflicto que reconoce tres momentos: 1) corresponde al 2013, año en el cual aparecen los primeros interrogantes y debates públicos en relación al fracking, como resonancia de una coyuntura nacional (el acuerdo entre YPF-Chevron para la explotación de Vaca Muerta); 2) refiere al proceso de su habilitación por el ejecutivo provincial, iniciado con la autorización de una prueba piloto en julio de 2017, una controvertida “audiencia pública” en diciembre de ese año y su final reglamentación por decreto en marzo de 2018; 3) la etapa de aumento de los cuestionamientos e intensificación de la protesta y la movilización social (entre abril-mayo de ese año), en la cual el conflicto se extendió a la totalidad del territorio provincial.
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo recurre al rastreo y análisis de diferentes registros, como la prensa gráfica local (diarios Los Andes y Mdz), documentos públicos gubernamentales y declaraciones de las diferentes organizaciones sociales involucradas.

Palabras Clave: conflicto social, fracking, Mendoza, periodización.

Abstract

Between April and May 2018, a strong movement against fracking—non-conventional gas and oil exploitation by hydraulic fracture—broke into the social-political scenario of Mendoza. The initiative for the exploitation of non-conventional deposits in the province can be traced back to July 2017 when the Government approved a pilot test by the company El Trébol at Puesto Rojas, Cerro El Pencal deposit (Malargüe). Since then, fracking has undergone several stages, each of them followed by social unrest.
This paper is a contribution to the conceptualization of this emerging conflict by identifying a series of key landmarks that shaped it: the constitution of the involved subjects; the formulation of demands; the set of actions taken. The periodization proposal has three moments: 1) 2013, first questionings and public debates on fracking, echoing a national situation (the YPF-Chevron agreement for the exploitation of Vaca Muerta); 2) the moment when the provincial government enabled this practice by authorizing a pilot test on July 2017, a controversial “public hearing” on December of that year, and its final regulation by a decree of March 2018; 3) the stage of increasing questioning and intensification of social protest and movements (between April and May 2018), when the conflict extended to the whole province.
Methodologically, the tool used was the tracking and analysis of several records, like the local newspapers (Los Andes and MDZ), public official documents, and statements from the social organizations involved.

Keywords: social conflict, fracking, Mendoza, periodization.

Introducción

El 27 de julio de 2017 la empresa El Trébol realizó por primera vez fracking en Mendoza. La operación fue autorizada por el gobierno provincial como parte de una prueba piloto en cuatro pozos petroleros ubicados al sur mendocino, en el departamento de Malargüe. A partir de aquella primera experimentación, el gobierno provincial habilitó, en marzo de 2018, el uso de la fractura hidráulica en la explotación de yacimientos no convencionales para todo el territorio provincial. Los cuestionamientos emergieron desde una gran diversidad de sectores y organizaciones sociales, tanto en rechazo del fracking propiamente dicho1, como respecto del modo con el que fue impulsado desde el gobierno. Hacia el mes de abril, irrumpió en el escenario sociopolítico mendocino una intensa movilización social en oposición a la explotación de combustibles no convencionales (fracking). En este trabajo propongo realizar un aporte a la conceptualización de este emergente conflicto, identificando una serie de hitos clave en su configuración, que permiten identificar diferentes períodos en el proceso de constitución de los sujetos involucrados, la formulación de sus demandas, sus repertorios de acción.
El conflicto abierto alrededor de la iniciativa del fracking es relativamente reciente en nuestro país y, más aún, en la provincia de Mendoza. Sin embargo, cabe destacar que su corta historia sintetiza múltiples determinaciones en relación a escalas espaciales y pliegues temporales que podemos encontrar en su configuración. El fracking ha sido impulsado por la industria de los combustibles fósiles, a escala global, como parte de una respuesta sistémica al creciente agotamiento que presentan los reservorios convencionales de crudo en todo el mundo. Frente a este límite físico del planeta, el capital insiste compulsivamente en profundizar un modo de producción basado en la misma matriz energética. En efecto, la explotación de no convencionales hunde sus raíces en la dependencia capitalista del petróleo y, en tal medida, puede ser leída como una estrategia orientada a redoblar la apuesta, ampliando la frontera petrolera al extremo de lo posible. Esto es, hasta las últimas gotas de petróleo y gas ubicadas a mayor profundidad, entre rocas más compactas, en lugares donde la extracción resulta tecnológicamente más difícil, económicamente más costosa y ambientalmente más riesgosa (Grandoso, 2011; AAVV, 2014). De allí que, desde el pensamiento crítico, diferentes autores/as han propuesto la figura de energías extremas para caracterizar las condiciones que involucra actualmente la producción de este tipo de energía (Klare, 2010; Oilwatch Sudamérica, 2017; Roa Avendaño y Scandizzo, 2017).
El fracking entonces es una energía extrema. El tipo de extracción de petróleo y gas no convencional implica el “desafío” de superar importantes barreras geológicas y ambientales, que ponen a prueba lo que es técnicamente posible. Pues todo lo que rodea a estos megaproyectos extractivos supone un mecanismo de funcionamiento al extremo: las tecnologías que demanda, las cantidades de energía y agua que utiliza; la infraestructura que requiere, las finanzas de las que depende. Michael Klare (2010) advierte que se trata de trabajar bajo climas adversos, de perforar la tierra a temperaturas extremas o realizar fracturas en la roca utilizando unas presiones que van al límite. Por su parte, Hildyard (2017) señala un punto clave de estos emprendimientos, la magnitud de las infraestructuras. Los nuevos “corredores” construidos para garantizar la ampliación de la frontera extractiva, desde África hasta Asia y desde el Ártico hasta América del Sur, implican reconfigurar masas terrestres enteras (junto a los mares que las conectan) para convertirlas en “centros de producción y distribución”, “zonas de tránsito”, “corredores de desarrollo”, “zonas de exportación”, “iniciativas de desarrollo espacial”, “interconectores” y “terminales logísticas intermodales” (Hildyard, 2017). Son auténticos proyectos de transformación de la geografía mundial que buscan hacer del planeta un espacio dispuesto para la acumulación de capital.
Ahora bien, tal como sucedió en los inicios del desarrollo capitalista, en tiempos de la acumulación originaria, resulta crucial destacar que la violencia y el colonialismo son parte constitutiva de esta nueva fase de despojo abierta en las últimas décadas por el neoliberalismo (Roux, 2008; Lang, López y Santillana, 2013; Seoane, Taddei y Algranati, 2013). El sur del mundo y en particular la región latinoamericana, han sido los territorios sobre los que recae esta ofensiva extractivista que tiene como único criterio la maximización de la ganancia. El fracking pone de manifiesto que, en las últimas décadas, a través de nueva fase de acumulación originaria, el capital global ha desencadenado procesos de mercantilización de la naturaleza hacia asuntos que resultaban impensables hace un tiempo. La producción de estas energías extremas constituye un engranaje determinante. “América Latina ha sido, y es en la actualidad, vital para garantizar el suministro de petróleo y gas requerido por los países del norte industrializado y las economías emergentes para su desarrollo económico” (Roa Avendaño y Scandizzo, 2017: 54). Esta ampliación de la frontera petrolera tiene lugar a través de una dinámica que se sostiene sobre la violencia y el recrudecimiento del colonialismo en nuestra región: destrucción de áreas de protección ambiental, desplazamiento de pueblos originarios y comunidades campesinas de sus tierras comunales, avasallamiento de sus derechos colectivos, eliminación de formas (re)productivas previas, flexibilización laboral, etc.
Durante las últimas décadas, la dinámica del conflicto social en América Latina ha estado signada por el avance del despojo de bienes comunes naturales. Hay un amplio campo de investigación que ha abordado la ofensiva extractivista y el proceso de mercantilización de la naturaleza, así como las gramáticas elaboradas desde las comunidades y pueblos de la región en defensa del agua y la vida. Sin embargo, sobre conflictos ligados al fracking, los antecedentes son menores. En primer lugar, porque la iniciativa global del fracking tiene apenas algo más de una década. Estados Unidos, el país pionero, comenzó a emplear masivamente el paquete tecnológico de la fractura hidráulica hacia 2005. Mientras que en Europa recién alrededor de 2010 irrumpe en la agenda pública el debate por los no convencionales. En Argentina, ese debate emerge con fuerza hacia 2012. Ahora bien, a medida ha ido avanzando la técnica de la hidrofractura, movimientos ciudadanos, asambleas de vecinos/as y comunidades rurales, a ritmos diversos, han opuesto resistencia en cada uno de sus territorios a la industria petrolera. Sucede que, por una parte, la relevancia geopolítica que envuelve a la industria del petróleo y, por la otra, los graves efectos sobre el ambiente y la salud asociados al fracking, han hecho surgir cada vez más conflictos socioambientales en todos los puntos de extracción (Urresti y Marcellesi, 2012: 28).
Algunos trabajos se han encargado de analizar experiencias de resistencias aparecidas en el norte global, indagando la oposición generalizada al fracking que impulsaron grupos de base en cientos de ciudades y pueblos de todo Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa (Urresti y Marcellesi, 2012; Transnational Institute, 2014). La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, ha reseñado la experiencia de diferentes países, regiones, municipios y comunidades que lograron prohibir o declarar una moratoria al fracking (AIDA, 2019). Mientras que un reciente trabajo analiza uno de los casos más emblemáticos de oposición al fracking en los Estados Unidos, la consulta popular realizada en 2014 en la ciudad de Denton, en el estado de Texas (Auyero, Hernández y Stitt, 2019). Por su parte, el libro Resistencia global al fracking, reúne experiencias del movimiento antifracking de diferentes lugares del mundo, incluyendo el caso de la Multisectorial Contra la Hidrofractura de Neuquén, Argentina (Sosa Rodríguez, 2015). Por su parte, en el marco de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking2, se ha llevado a cabo un seguimiento del avance de los no convencionales y la conflictividad regional (2016). En Argentina los trabajos sobre conflicto social en torno al fracking refieren en su totalidad a la experiencia de Neuquén y Río Negro, las zonas donde se viene aplicando de manera masiva la fractura hidráulica. Cabe mencionar los trabajos que sentaron las bases para pensar la problemática del fracking en Argentina, aportando un análisis de la emergencia de los primeros conflictos (AAVV, 2014; Svampa y Viale, 2014). La labor desarrollada por el Observatorio Petrolero Sur (OPSUR) ha sido fundamental en la problematización de los procesos sociopolíticos desencadenados por la industria del fracking. Desde 2012 la publicación de la revista Fractura Expuesta, ha brindado un seguimiento de la conflictividad social asociada al avance de la explotación en Vaca Muerta; incluyendo también análisis sobre la experiencia de movimientos sociales en diferentes lugares de la región latinoamericana y el resto del mundo. En relación a la resistencia abierta en el norte de la Patagonia, encontramos estudios que han analizado el proceso de constitución de la Multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén (Álvarez y Gutiérrez, 2016; Riffo, 2016; Acacio y Wyczykier, 2020), las disputas territoriales con las comunidades mapuches (Gutiérrez y Millaman, 2016, Pérez Roig, 2018) y los conflictos en el Alto Valle de Río Negro (Acacio y Svampa, 2017, Svampa, 2018).
Para el caso de Mendoza, los antecedentes específicos sobre la conflictividad abierta alrededor del ingreso del fracking son menores. Debido al carácter incipiente que el desarrollo de no convencionales tiene en la provincia. Por ello en este trabajo he propuesto una aproximación centrada en la tarea de periodización del conflicto y la identificación de los actores involucrados, sus demandas y los asuntos de disputa. En la tarea de reconstrucción del conflicto por el fracking en Mendoza he otorgado cierto énfasis a la elaboración de una crónica sobre lo sucedido. Desde el punto de vista metodológico, dicha reconstrucción, implicó recurrir al rastreo y análisis de diferentes registros, tales como la prensa gráfica local, los diarios Los Andes (versión electrónica) y Mdz, así como documentos de diferentes áreas gubernamentales, comunicados de organizaciones sociales (asambleas socioambientales) y declaraciones públicas realizadas por otros actores involucrados (cámaras empresariales).

El ingreso del fracking a la Argentina y la ampliación de la frontera petrolera en Mendoza

En Argentina la iniciativa del fracking remite al contexto de descubrimiento del yacimiento llamado Vaca Muerta, en 2010. En diciembre de ese año YPF anuncia el potencial argentino en hidrocarburos no convencionales a partir de las reservas encontradas de gas de esquistos (shale) en dicha formación, ubicada en la cuenca neuquina (Patagonia norte). Se trata de una superficie de 30 mil km2 que es compartida por cuatro provincias (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza). Según las estimaciones realizadas, se trata del segundo reservorio a nivel mundial de gas y el cuarto en petróleo. En su conjunto, las reservas no convencionales de Argentina, se estiman que equivaldrían a 6 veces las reservas de petróleo y más de 27 veces las de gas explotables en forma convencional (Scandizzo, 2019).
Ahora bien, para comprender el significado histórico de la explotación no convencional en Argentina, resulta crucial reconocer la manera como la política particular del sector energético se entrecruza con los avatares macroeconómicos que jalonan la vida sociopolítica de un país periférico. Allí se define la centralidad de Vaca Muerta tanto para la política neodesarrollista de los gobiernos kirchneristas, como para el proceso de relegitimación neoliberal encabezado por el gobierno de Mauricio Macri durante los últimos años. En ambos, avanzar sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales se presenta como la oportunidad de resolver las contradicciones inherentes a los respectivos modelos de acumulación en un país dependiente.
Durante los gobiernos kirchneristas, si bien con ciertas diferencias para cada período, esas tensiones emergieron principalmente en torno al dilema definido entre entender los hidrocarburos como insumos estratégicos para el desarrollo productivo o como fuente de divisas e ingresos fiscales (Pérez Roig, 2016). El neoliberalismo de los años 90 había impulsado la desregulación y privatización del sector energético, promoviendo la transformación de los hidrocarburos en commodities orientados al mercado de exportación. En efecto, en el sector primó un comportamiento rentístico guiado exclusivamente por la maximización del beneficio, el descuido de las necesidades del mercado interno y una paulatina desinversión. Así, en los primeros gobiernos kirchneristas, el sector energético estuvo marcado por una tendencia decreciente de la producción de petróleo y gas, al tiempo que aumentaba la demanda de energía asociada a la reactivación económica en curso. Esa brecha, desde 2004, fue cubierta a través de crecientes importaciones que, para el 2014, llegaron a representar el 23% del consumo interno (Kofman y López Crespo, 2019: 45). Así, en un contexto de alza de precios internacionales, pronto la salida de divisas por ese concepto aumentó extraordinariamente, provocando que el sector energético se convirtiera en un problema macroeconómico, al afectar la balanza de pagos general (en 2011 el Banco Central había perdido la mitad de sus reservas).
En ese contexto se anuncia el descubrimiento de Vaca Muerta (AAVV, 2014). El potencial en yacimientos no convencionales asomaba no sólo como posibilidad de lograr el autoabastecimiento, sino como la promesa de transformar Argentina en país petrolero, esto es, generar saldos exportables y colocar al país como formador de precios en el mercado internacional. De esa manera, tendió a imponerse una visión dominante que identificó sin más el descubrimiento de nuevos “recursos naturales”, con la posibilidad de obtener un enriquecimiento rápido y acelerado (Svampa y Viale, 2014: 305). Esa ilusión desplazó la discusión más profunda en términos económicos, ambientales y sociales sobre la conveniencia (o no) de explotar hidrocarburos no convencionales (AAVV, 2014: 51). En su lugar se priorizó profundizar la matriz energética fósil, aunque esto implicase una técnica controversial y experimental como el fracking (Svampa y Viale, 2014; Kofman y López Crespo, 2019). Esa perspectiva es la que sostuvo los cambios introducidos en materia hidrocarburífera por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, la promulgación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley 26.741, 2012), la cual contemplaba la expropiación del 51% de las acciones de Repsol-YPF; o la implementación del Plan Gas (2013), un programa de estímulo sectorial a la producción de gas. Una política que tenía como objetivo principal incrementar la producción con el fin de lograr el autoabastecimiento. Así, el Estado, a través de una política de subsidios, sería quien permitiría iniciar el desarrollo de no convencionales, financiando un precio estímulo que cubriera la diferencia de costos entre la explotación convencional y la no convencional, para transitar la curva de aprendizaje (Kofman y López Crespo, 2019: 49).
Ahora bien, en los últimos años, el gobierno de Cambiemos introdujo un nuevo giro a la política energética que expresa, en el sector particular, los rasgos de un modelo profundamente regresivo y centrado en el mercado. Mantiene la apuesta por Vaca Muerta, pero cambia la definición de quién debe traccionar su desarrollo y cómo distribuir los beneficios económicos (Scandizzo, 2019). Se trata, según el análisis realizado en el marco del Enlace por la Justicia Energética Socioambiental, de un cambio de prioridades, cuyas marcas se perfilan en la política de los tarifazos, la reorientación de los objetivos hacia la exportación, el paulatino desplazamiento de YPF y la flexibilización laboral (Kofman y López Crespo, 2019).
La política de ajuste del gobierno le impuso un claro desafío en relación al sector hidrocarburífero: cómo recortar los programas de subsidios energéticos sin afectar la rentabilidad de las empresas. En tal sentido un eje central del plan de ajuste ha girado en torno a los llamados “tarifazos”, que trasladaron a los/as usuarios/as el peso de garantizar los ingresos de las empresas3. En efecto, la política tarifaria adoptada por Cambiemos ha operado como mecanismo de transferencia de ingresos a las empresas prestatarias de servicios públicos y al capital financiero internacional (Kofman y López Crespo, 2019). No obstante, a pesar de esa transferencia, durante los últimos años se observa una disminución en la inversión que tendió a traducirse negativamente en la situación del empleo del sector petrolero: en dos años se perdió el 14% de la fuerza laboral registrada en 2015 y cayó un 16% el salario real. Además, cabe destacar la muerte de 8 operarios en los últimos 15 meses como efecto del proceso de flexibilización laboral, que tuvo como hito crucial la “adenda” al convenio colectivo de trabajo sectorial, acordada entre el gobierno, las empresas y los dirigentes gremiales a comienzos de 2017. El conjunto de estos datos ubica a los/las trabajadores/as del sector petrolero entre los/las que más perdieron con el desarrollo de Vaca Muerta.
Ahora bien, el informe elaborado por Kofman y López Crespo (2019), señala dos características más que acompañan este viraje impulsado por el gobierno de Cambiemos en relación a la explotación de no convencionales. Por una parte, hacer de Vaca Muerta un polo de exportación. Ello significa dejar de concebir la energía como un recurso estratégico para las fuerzas productivas nacionales, para entenderla únicamente como una mercancía a ser transada en base a un precio internacional. Lo cual supone una reorientación de los objetivos del sector, ya no en función de las necesidades del mercado interno, sino a la medida del mercado exterior. Por la otra, se observa un paulatino desplazamiento del lugar central que se había otorgado a YPF, relegando la compañía de bandera en favor de nuevos actores privados. Los datos de los últimos años, advierten que la empresa bajo control estatal está entregando la conducción del sector a otras empresas como PAEG, Shell y Pampa Energía. Así, por ejemplo, considerando las actividades de explotación y exploración, la presencia de YPF se redujo de 1.012 pozos en 2015 a 730 en 2016 y 496 en 2017 (Kofman y López Crespo, 2019: 21).
El conflicto por el fracking en Mendoza, se configura alrededor del ingreso de la explotación no convencional sobre la “lengua de Vaca Muerta”, tal como lo dieron a conocer los medios hegemónicos. La porción que se encuentra ubicada bajo el suelo mendocino, al sur provincial, en el departamento de Malargüe. Se trata de unas reservas de menor dimensión que lo que representa Vaca Muerta para provincias como Neuquén. Sin embargo, ha despertado las mismas expectativas, la ilusión de un desarrollo y crecimiento económico rápido y acelerado. En la narrativa dominante, los hidrocarburos no convencionales han sido presentados como el “gran potencial” de Mendoza para “diversificar su matriz productiva”. El gobierno de Alfredo Cornejo, en los últimos años, parece haber tomado la decisión de impulsar la iniciativa con firmeza. Luego de autorizar aquella primera prueba piloto, durante el 2018, a pesar del fuerte rechazo social que había generado, decidió avanzar por decreto con la reglamentación de la fractura hidráulica en yacimientos no convencionales. Y finalmente, a comienzos de abril de 2019, otorgó la primera concesión para la explotación no convencional, una licencia por 35 años a la empresa El Trébol4 para operar en el yacimiento Cerro Pencal, del Área Puesto Rojas.

Primeras voces de alerta: resonancias de un debate nacional

Un primer momento que podemos identificar en la configuración del conflicto en Mendoza, corresponde al 2013, año en el cual aparecen los primeros interrogantes y discusiones públicas en relación a la iniciativa del fracking. Aquel debate puede ser leído como resonancia de una coyuntura nacional. Por una parte, aludía a la polémica desatada en torno al acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta en Neuquén. Pero en tal sentido, por la otra, el debate provincial se hacía eco de las resistencias que encontraba el avance del fracking sobre el territorio patagónico: el caso de la comuna de Cinco Saltos de Río Negro y la promulgación de la primera ordenanza municipal de prohibición del fracking. Noticia que se hizo presente en la agenda mediática local (Fernández Rojas, 2013). Ahora bien, por aquel entonces también era posible identificar indicios de las pretensiones que tenía el propio gobierno local en relación a una iniciativa sobre yacimientos no convencionales. En septiembre de 2012, el gobierno provincial había participado de la Tercera Conferencia Mundial de Petróleo y Gas No Convencional realizada en Houston (Estados Unidos), con el claro objetivo de difundir y publicitar “el potencial” mendocino en no convencionales (Gobierno de Mendoza, 2012).
Tal como sucede cada vez que una realidad es problematizada y puesta en discusión, principalmente cuando se trata de los llamados “recursos naturales” –un mineral-, la apertura del debate obedece a la praxis de un sujeto que logra tomar la palabra y colocar sus demandas como asunto de debate en el espacio público. En este caso, ese sujeto refiere a la existencia de un movimiento socioambiental organizado, que en el contexto provincial tomó cuerpo alrededor de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP). Una organización nacida en 2007 sobre la experiencia de lucha que tuvo lugar en diferentes zonas de Mendoza contra proyectos de megaminería. Los orígenes de AMPAP se remontan a las primeras puebladas contra la megaminería en el Valle de Uco (San Carlos) y el sur mendocino (Gral. Alvear) en 2004 (Onofrio, 2009)5. El proceso de constitución de la AMPAP está marcado por las subjetividades políticas ligadas al clima social generado alrededor de la crisis de 2001 en Argentina y el ciclo de resistencia al neoliberalismo que abrió en el país. En efecto, la historia de la AMPAP remite a esa intensa experimentación colectiva en el terreno de las formas de organización, los repertorios de acción y la creación de nuevas programáticas y horizontes emancipatorios que tuvo lugar a comienzos del siglo XXI en toda la región. Entre las características que caben resaltar, hay que mencionar en primer lugar la territorialidad como una de las dimensiones que resulta clave en este tipo de experiencias organizativas. En ellas el territorio aparece como espacio de resistencia, de rechazo a los proyectos que se imponen desde arriba, pero también de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. Es el lugar donde se amalgaman la dinámica de apropiación social y la disputa a la racionalidad neoliberal como lógica de la desposesión. En segundo lugar, hay una revalorización de formas y espacios de deliberación vinculados a la democracia directa, con estructuras de participación flexibles, no verticales y tendientes a la horizontalidad. De allí el carácter asambleario de este tipo de organizaciones y la prioridad otorgada a la acción directa como herramienta de lucha (cortes de ruta, movilizaciones). En tercer lugar, la importancia de la demanda de autonomía, no solo como eje organizativo (respecto del Estado y partidos políticos) sino también como planteo estratégico que remite a la capacidad de autodeterminación.
Resulta crucial la experiencia de la AMPAP en la configuración de este nuevo conflicto alrededor del fracking. Su acumulado histórico, la formulación de un conjunto de demandas vinculadas a la problemática socioambiental, su articulación política a lo largo de todo el territorio provincial y a través de redes nacionales e internacionales, es lo que permitió a las asambleas socioambientales anticiparse a la iniciativa de los sectores dominantes. Así, Los Andes afirmaba:
“Aunque todavía no hay sitios en el país donde se aplique este tipo de explotación, el fracking ya genera un debate a nivel nacional. Preocupadas por su posible desembarco y la amenaza que significa para un territorio rico en hidrocarburos como el suyo, lo que las asambleas hicieron -esta vez- fue anticiparse” (Manoni, 2013).
En efecto, desde comienzos de ese año, las asambleas de vecinos/as autoconvocados/as realizaron movilizaciones en diferentes departamentos de la provincia para declarar los territorios libres de fracking. En verdad se trató de una iniciativa que diferentes organizaciones socioambientales promovieron en todo el país. Entre fines de 2013 y mayo de 2014, se sancionaron una treintena de ordenanzas municipales que prohibieron el fracking o establecieron algún tipo de moratoria (Svampa y Viale, 2014: 322). En Mendoza, el primer municipio en sancionar una normativa al respecto fue San Carlos, seguido posteriormente por Tunuyán y Tupungato. En agosto la iniciativa se hizo extensiva al departamento de Luján de Cuyo. Cabe destacar además que la AMPAP protagonizó algunas movilizaciones en la Ciudad de Mendoza, como la manifestación del 24 de julio frente a la Legislatura provincial. Allí presentaron un documento “fustigando duramente el acuerdo entre YPF y Chevron y solicitando la prohibición del uso del fracking” (Los Andes, 2013). Con posterioridad, en septiembre, la AMPAP acompañó la iniciativa nacional de una marcha en distintos puntos del país en repudio del acuerdo YPF-Chevron y la explotación de Vaca Muerta. Buscaban “instalar el tema que se viene” para Mendoza y “concientizar sobre los peligros del fracking” (Mdz, 2013).
En efecto, la lucha contra el fracking a mediados de 2013 da cuenta del hecho de que el movimiento socioambiental mendocino, si bien llevaba algunos años sin atravesar un período de movilización fuerte (el último gran ciclo de lucha había sido en 2011 contra el proyecto San Jorge en Uspallata), se encontraba organizado y en estado de alerta, participando en diferentes oportunidades en defensa de la ley provincial 7722 que se encontraba en proceso judicial6. El diario Los Andes señalaba:
“Que no corten rutas ni se movilicen ni entreguen panfletos no implica que estén inactivas. La calma aparente es, en realidad, un estado de alerta. Así lo han demostrado las asambleas por el agua pura del Valle de Uco” (Manoni, 2013).
De allí que podamos considerar este momento como la emergencia de las primeras voces que alertaron sobre los peligros ligados a la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales. En este punto cabe enfatizar la importancia de la AMPAP, su experiencia de lucha contra la megaminería y la programática elaborada durante más de una década de resistencia y enfrentamiento contra el neoliberalismo. Ese acumulado histórico recuerda que, tal como pensaba E. P. Thompson, la protesta social es un asunto de economía moral de la multitud. La acción colectiva y sus determinantes resultan incomprensibles si se observan como la respuesta espasmódica a ciertos atropellos puramente económicos, como simple reflejo a los imperativos y requerimientos que, a cada momento, impone la dinámica de acumulación del capital. Si bien los sectores subalternos se encuentran siempre en un terreno marcado por la iniciativa de los sectores dominantes, es decir, en circunstancias que no son elegidas, éstos se organizan e intentan transformar sus condiciones de existencia a partir de su propia historia política y cultural. Sus memorias, tradiciones, valores culturales y estéticos, sus experiencias organizativas y sus anticipaciones utópicas.
Todo ello formó parte de la experiencia de lucha contra la megaminería y es el trasfondo de una importante resignificación de la “cultura del agua” que se atribuye al pueblo mendocino. Una sensibilidad particular ahora organizada bajo la defensa del agua como bien común, en el marco de la resistencia al avance de actividades extractivas a gran escala: contaminantes, secantes y saqueantes. En relación al fracking, nuevo motor de desarrollo, esas demandas decantaron en torno al rechazo del acuerdo YPF-Chevron y el reclamo de una “Provincia libre de fracking”. Así, la AMPAP afirmaba, “estamos de pie y no vamos a permitir que nos engañen con falsas promesas” (AMPAP, 2013), dejando en claro aquello que también los medios habían registrado como consecuencia del acuerdo leonino entre YPF y aquella multinacional: en torno al debate sobre la explotación de Vaca Muerta y el uso del fracking, inevitablemente “entra en juego la cuestión social […] tendrá ineludibles consecuencias políticas sobre el Gobierno provincial (Fiore, 2013).

La prueba piloto y el proceso de habilitación del fracking. Para muestra, basta un botón

Un segundo momento que podemos identificar en la configuración de este conflicto, refiere al período en el que comienza a practicarse efectivamente el fracking en Mendoza. Este momento está comprendido por la serie de medidas impulsadas desde el gobierno provincial con el fin de abrir y allanar el camino a la explotación hidrocarburífera no convencional en la provincia. En efecto, abarca una serie de hechos clave orientados a ese objetivo: la autorización express de una prueba piloto en julio de 2017; una audiencia pública realizada en diciembre de ese año; y la posterior publicación de un decreto, en marzo de 2018, con el que finalmente el ejecutivo provincial reglamentó el uso del fracking en el lado mendocino de Vaca Muerta. Cada una de esas instancias estuvo atravesada por importantes irregularidades que, lejos de corresponder a situaciones marcadas por cierta excepcionalidad, caracterizan el mecanismo de funcionamiento de este tipo de actividades extractivas a gran escala. Es decir, debemos tomar los avatares y anomalías vinculados con esta “prueba piloto” como representativos de las condiciones que hacen posible avanzar sobre la explotación de no convencionales.
El 27 de julio de 2017 la empresa El Trébol comenzaba a operar en los yacimientos Cerro el Pencal y Puesto Rojas, ubicados en el Área de concesión Puesto Rojas (Malargüe). Se trataba de cuatro pozos originariamente explotados de forma convencional, que ahora serían operados por dicha empresa mediante fractura hidráulica como parte de una prueba piloto en Mendoza. El ejecutivo provincial en todo momento orientó la iniciativa sobre el shale oil bajo una mirada unidimensional, en la que resaltaba el “potencial” no convencional para generar inversiones y promover el crecimiento económico de Mendoza. Así lo presentaba al momento de anunciar la prueba piloto:
“Si bien las reservas de hidrocarburos convencionales están en un proceso de declinación, en Mendoza existe un gran potencial aún por explorar en las reservas del no convencional. Mediante la exploración y explotación del petróleo pesado y no convencional, la Provincia podría mantener el ritmo de inversión y de empleo por los próximos 20 años” (Gobierno de Mendoza, 2017).
El ensayo finalizó el 14 de agosto y fue presentado de manera exitosa por el gobierno y la prensa hegemónica: “Ha sido una prueba positiva, técnicamente impecable, se han tomado todos los recaudos. Según los organismos técnicos que inspeccionaron esa fractura, arrojó un buen resultado” (Peralta, 2017). Resulta crucial describir en forma abreviada algunos “detalles” del proceso por el cual el gobierno provincial habilitó la fractura hidráulica, ya que permite reconocer la manera como la experiencia local repite aquello que jalona el avance del fracking a nivel nacional y global.
En primer lugar, la autorización de la prueba piloto formó parte de una decisión que pasó por alto la evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública, ambas obligaciones contempladas en la normativa vigente a nivel nacional y provincial. Por el contrario, fue parte de un proceso administrativo llevado a cabo por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), un área “menor” perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Resolución 813 (DPA, 2017). El argumento esgrimido por el gobierno constituye sin dudas uno de los ejes centrales del discurso de promoción del fracking: “la fractura hidráulica se trata de una técnica que se usa hace más de 50 años”. Es decir, la defensa del fracking se sostiene sobre la base de la no distinción entre la explotación convencional y no convencional, abstracción que disuelve las especificidades históricas que determinan cada uno de los procesos de extracción. Es precisamente lo que permitió al ejecutivo provincial un bypass legal para lograr una autorización de trámite abreviado que “permite obviar el circuito ‘largo’ establecido por la ley 5961” (Icardi, 2017b). Así, “Como se trataba de pozos activos, no se hizo una manifestación de impacto ambiental nueva, sino que se ampliaron los permisos ya existentes” (Icardi, 2017a). En efecto, el llamado “aviso de proyecto” a través del cual se tramitó la autorización de la prueba piloto, requirió apenas 9 días corridos para ser aprobado.
Pero además cabe destacar algunos pormenores de aquella controvertida resolución. Uno de ellos son las observaciones realizadas por los “dictámenes técnicos” que la DPA solicitó al Departamento General de Irrigación (DGI) y a la Fundación CRICYT. Por ejemplo, en el caso de este último, el informe realizado por el organismo señala –entre otras cuestiones- ciertas deficiencias y/o ausencias en la información presentada por la empresa: la información proporcionada es “genérica y de bibliografía” y “no coinciden precisamente con lo observado en el campo”. En consecuencia, solicitaba a la empresa quesea presentada una serie adicional de contenidos: planos topográficos; relevamientos geomorfológicos; presentación de mapas y otras informaciones; así como la instalación de freatímetros y sismógrafos para realizar un monitoreo antes y después de las fracturas. Sin embargo, el mismo día que la Fundación CRICYT presenta su dictamen, el 26 de julio, fue aprobado por la DPA, es decir, sin atender a los requerimientos que presentaba. Al día siguiente comenzaron las operaciones por parte de la empresa El Trébol.
Un segundo hito en el camino de habilitación del fracking fue la realización de una audiencia pública en diciembre de 2017, convocada para “discutir el procedimiento de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica” (Los Andes, 2017). El ejecutivo con esa audiencia buscaba dar “transparencia a todo el proceso administrativo”, con el objetivo de lograr un mínimo de legitimidad a una decisión sumamente cuestionada que tendría que salir por decreto. Los diarios locales presentaron la audiencia como una reunión exitosa en la cual el gobierno había puesto en consideración el uso del fracking en la provincia y lograba una amplia licencia social. Los Andes titulaba “Avanza el fracking con más apoyos que quejas”, afirmando que durante las 4 horas que duró la audiencia, “no presentó mayores inconvenientes pensando en el futuro de la iniciativa” (Villatoro, 2017). Algo dudoso a la luz de lo que sucedería unos meses después, con la intensa movilización que envolvió a toda la provincia. De hecho, la audiencia pública fue cuestionada por las asambleas socioambientales debido a que las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo tendieron a limitar el debate y obstaculizar la participación ciudadana. Esa audiencia fue convocada a las apuradas para realizarse un 28 de diciembre –momento en el que la mayoría de las organizaciones están en receso y la ciudadanía anticipando los festejos de fin de año-, a 400 kilómetros de la capital provincial, en un Municipio cuyo establishment resulta claramente a favor de la técnica del fracking. Aun así, según el testimonio de miembros de la AMPAP, el día de la audiencia –sin contar las intervenciones a cargo de las autoridades-, hubo exactamente la misma cantidad de oradores/as a favor que en contra.
El último paso dado por el gobierno para habilitar la explotación de no convencionales, fue su reglamentación por medio de un decreto (Decreto 248, 2018). Desde las organizaciones sociales en defensa del agua, el decreto venía a cerrar un proceso totalmente cuestionable. Eduardo Sosa, quien fuera hasta diciembre de 2017 Jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, afirmaba:
“El reciente decreto que reglamenta la fractura hidráulica es el corolario de un proceso ilegal pergeñado desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT). Esta dependencia, a escondidas, autorizó esta técnica en menos de una semana esquivando el derecho de acceder a la información ambiental y la participación ciudadana, sin consultar a los expertos ni realizar investigación alguna, obviando por supuesto el procedimiento de evaluación ambiental que exige la legislación que dispone el Estado” (Sosa, 2018).
Durante esta etapa se pusieron en marcha diferentes acciones por parte de la AMPAP y otras organizaciones sociales. Ante la autorización del gobierno de la prueba piloto en Malargüe, diferentes organizaciones sociales manifestaron públicamente su repudio (Asamblea del pueblo de Alvear, 2017; Mdz, 2017). El repertorio de acciones incluyó la presentación de recursos de amparo, la realización de charlas informativas y concentraciones frente a la Legislatura de Mendoza. Mientras que gran parte de las demandas estuvieron vinculadas a un reclamo de mayor participación ciudadana ante una política gubernamental que avanzaba, sin consentimiento popular y a escondidas de la ciudadanía, con iniciativas productivas que ponían en riesgo el agua de Mendoza: “el fracking mata, el gobierno miente” (AMPAP, 2017). Así, frente a los intentos de avance en la mercantilización de la naturaleza, opusieron la defensa del agua como bien común: “el agua de Mendoza no se negocia” (AMPAP, 2017). Frente a la autorización de un método extractivo experimental –la prueba piloto- opusieron lo que se conoce como principio precautorio:
“Hasta tanto no exista una base científica o datos concluyentes que determinen con exactitud que esta técnica no genera una repercusión directa sobre el medio ambiente y la salud de nuestros habitantes (principio precautorio de la ley 25675) solicitamos se suspenda en forma urgente el proyecto petrolero no convencional denominado ‘El Trébol’ en Malargüe–Mendoza” (Asamblea del pueblo de Alvear, 2017).
La prueba piloto realizada en Malargüe, fue presentada en el debate público local como la “Vaca Muerta Mendocina”, aludiendo a que se debía seguir el “ejemplo del desarrollo” neuquino sobre ese sector (Kretschmar, 2017). La comparación tenía como sustento la expectativa que despertaba en términos de “inversión y desarrollo” para Mendoza. Sin embargo, el paralelo puede servir también para señalar los atropellos que, según varios estudios, han rodeado la imposición del fracking y los proyectos de energías extremas en otras latitudes. Son varias las similitudes que presenta el caso mendocino con lo sucedido en las vecinas provincias de Neuquén y Río Negro. La iniciativa del fracking en Mendoza, teniendo en cuenta las diferencias, se abrió camino surcando el territorio bajo una misma impronta, en la que la falta de transparencia, el fraude institucional y el avasallamiento de derechos colectivos y ciudadanos asoman como parte de sus ejes centrales. En definitiva, el fracking ingresa a Mendoza de la mano de una prueba piloto que anticipa su mecanismo de funcionamiento: el gobierno como uno de los principales promotores de la dinámica del despojo, procedimientos administrativos flexibles y ritmados por los tiempos del capital, ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones, ocultamiento premeditado de la información, disputa territorial con las comunidades mapuches y desconocimiento de sus derechos, así como el ultraje de áreas protegidas. Si la prueba piloto sería el modelo seguido por el gobierno provincial en relación a la explotación no convencional, esa experiencia dejaba al descubierto un modus operandi en relación al cual podríamos afirmar, según reza el dicho popular, “para muestra, basta un botón”.

Una protesta social que florece en otoño: la movilización contra el fracking

El 5 de marzo de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 248/18 que detalla los procesos administrativos y los controles que serán necesarios para la explotación de yacimientos no convencionales en la provincia. El mismo puede ser leído como punto de inflexión hacia un tercer período en la dinámica del conflicto sobre el fracking en Mendoza. Uno caracterizado por el aumento progresivo de los cuestionamientos, su extensión a prácticamente la totalidad del territorio mendocino y la intensificación de acciones colectivas y movilizaciones. Este nuevo ciclo de protesta social sumó, al protagonismo de la AMPAP, la participación de una diversidad de organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Argentina de Espeleología o la Fundación Pedemonte. Organizaciones que se vieron convocadas por los riesgos ambientales vinculados al fracking y la forma arbitraria como el gobierno impulsaba su iniciativa. Pero además, cabe señalar, que como resultado de estas movilizaciones, emergieron nuevas organizaciones territoriales, como la Agrupación Lucha, Tierra y Agua surgida en San Rafael, o las asambleas de jóvenes que nacieron en diferentes departamentos de Valle de Uco.
Durante el mes de marzo, fue ganando un paulatino lugar en el espacio público-mediático local el debate sobre el fracking, mientras aumentaba también el malestar social ante la falta de información y la manera como era impulsada la iniciativa desde el gobierno. Una serie de elementos lograron precipitar ese malestar en un ciclo de movilización social. El primero de ellos fue la publicación del mencionado decreto que reglamentaba el fracking sin consulta previa y a pesar de los cuestionamientos y la oposición que estaba suscitando. En segundo lugar, salieron a la luz unos documentos “secretos” que revelaban una posible contaminación como producto de la primera práctica de fracking en Malargüe, la mencionada prueba piloto. Hacia mediados de marzo aparecieron, filtrados por Ecoleaks (2018), dos informes elaborados por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación, que determinaban que había petróleo o derivados en el agua que es de consumo humano o destinada a riego en las napas de agua pertenecientes a la zona donde se había realizado fracking. “Lo que muestran los informes es que hay evidencia de contaminación en los pozos de pruebas pilotos en el Cerro Pencal. Se trata de contaminación elevada con hidrocarburos” (Fayad, 2018)7. Por último, los crecientes cuestionamientos al fracking proliferaron a través del uso de redes sociales, tales como Facebook y Whasapp. Entre la información que circuló masivamente cabe destacar la viralización de un “audio” de Whasapp anónimo, popularizado bajo el nombre “Mendoza es un pueblo sacrificable”, al cual la prensa atribuyó rápidamente las primeras movilizaciones (Mdz, 2018a).
En la última semana de abril tuvieron lugar las primeras concentraciones, asambleas y movilizaciones en diferentes lugares de la provincia. La primera marcha fue realizada en el departamento de General Alvear, ubicado al sur de Mendoza, durante la noche del lunes 23. Allí, convocados a través de las redes sociales, “alrededor de 1.500 personas se congregaron para manifestarse en contra del decreto del gobernador Alfredo Cornejo que habilita la actividad en la provincia” (Villatoro, 2018b). Ese día, a su vez, se realizaron diferentes reuniones asamblearias en otros departamentos de la provincia, como en la Ciudad de Mendoza, Tupungato y San Carlos (Valle de Uco). Sin embargo, el punto de inflexión en relación a la movilización, ocurrió dos días después, el miércoles 25, cuando una multitud en Alvear volvió a marchar por el departamento del sur mendocino. Esta vez “más de 8.000” personas se manifestaron contra el fracking en la plaza central Carlos María del departamento. La consigna central que podía leerse en los carteles y los cánticos fue “no al fracking”, mientras que entre las reivindicaciones figuraban la derogación del Decreto 248/18 del gobernador y la exigencia a la legislatura de una norma que prohíba la fractura hidráulica en la totalidad del territorio provincial (Villatoro, 2018a).
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió el jueves 26 cuando, en diferentes lugares del sur y Valle de Uco, grupos autoconvocados/as realizaron cortes de ruta informativos. Primero sucedió en San Carlos, donde más de 800 manifestantes, muchos/as de ellos/as estudiantes, al observar la circulación de un camión “sospechoso” que transportaba tanques con destino a Malargüe, impidieron su paso (Manoni, 2018). El hecho movilizó otras zonas del sur mendocino, produciendo cortes intermitentes en diferentes localidades de Alvear y San Rafael. En la Ciudad de Mendoza, se manifestaron en rechazo del fracking en el quilómetro cero. Algunos cortes de ruta informativos se repitieron el viernes 27, nuevamente al sur de la provincia. Durante esa semana, en la mayoría de los departamentos hubo un estado de asamblea permanente, a través del cual la AMPAP fue coordinando la lucha y organizando una diversidad de acciones colectivas. Actividades principalmente de contrainformación en espacios públicos y la organización de reuniones de concientización tales como charlas, foros y conferencias tendientes a promover el diálogo y el debate. Entre las estrategias definidas como parte de la lucha por una “Mendoza libre de fracking” hay que mencionar el uso intensivo de las redes sociales, la presencia en actividades artísticas para visibilizar el conflicto, entrevistas radiales y una fuerte campaña de recolección de firmas.
Dos acciones más pueden ser destacadas como parte de este período de movilización. La primera es la convocatoria hecha por la AMPAP a marchar el día 12 de mayo en la tradicional Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas, celebración anual que se realiza en el municipio de Alvear. Por primera vez en sus 37 ediciones, como efecto de la lucha contra fracking, el gobernador decidió no concurrir al tradicional almuerzo. La segunda, es el “acampe” realizado en la Plaza Independencia (Ciudad de Mendoza), llevado a cabo del 18 al 20 de mayo, que concluyó con una marcha a la Legislatura provincial para la presentación del proyecto de ley de prohibición del fracking elaborado por la AMPAP. El mismo fue acompañado con planillas que reunían 42.851 firmas en contra del fracking, recolectadas en toda la provincia desde el inicio de las movilizaciones (Pérez, 2018).
Ahora bien, resulta crucial destacar que, durante el período descripto, no fueron únicamente los/las vecinos/as autoconvocados/as en defensa del agua quienes se movilizaron. Frente a las protestas sociales, los sectores dominantes también motorizaron una serie de intervenciones en el espacio público y pusieron en marcha fuertes operaciones mediáticas y administrativas. En mayo, justo un día antes de la mencionada Fiesta de la Ganadería, el sector empresario de la industria petrolera realizó una caravana a la Ciudad de Mendoza desde el departamento de Malargüe, bajo la consigna en “defensa de la matriz productiva del departamento” (De la Rosa, 2018). Mientras que, desde diferentes áreas del gobierno, como parte de una reacción que comprometió a funcionarios/as de la mayor jerarquía (gobernador y vicegobernadora, ministros/as y subsecretarios/as), se puso en marcha una fuerte campaña orientada en una doble dirección. Por un lado, legitimar la iniciativa del fracking a través de charlas informativas, conferencias y spots publicitarios que destacaban los supuestos beneficios que traería la explotación no convencional. Por el otro, la cruzada buscó desacreditar todo cuestionamiento que surgiera a la fractura hidráulica, acusando de “metemiedo” y “terrorismo” a cualquiera de las voces disidentes que lograba asomar en el espacio público.
Sin embargo, hay que subrayar que la maniobra no se limitó a realizar acusaciones mediáticas, sino que incluyó persecuciones y la puesta en marcha de una política de criminalización de la protesta social que arrojaría una serie de imputaciones judiciales a militantes sociales y vecinos/as que participaron en diferentes manifestaciones. Por ejemplo, a raíz del corte de la Ruta 40 del 26 de abril, un juez federal imputó a 11 manifestantes, a través de un operativo que comprendió hechos de persecución como la visita de gendarmería al terciario Rosario Vera Peñaloza para identificar a los/las estudiantes que habían participado de la acción colectiva el día anterior (Los Andes, 2018a). En mayo, la autora del “audio viral” de Whasapp que hablaba de Mendoza como “zona de sacrificio”, fue denunciada penalmente por tres diputados provinciales y un concejal del sur de Mendoza, por la posible comisión del delito de intimidación pública, delito cuya pena está prevista de 2 años a 6 años de prisión (Los Andes, 2018b). Posteriormente, en una charla informativa organizada por la Cámara de Comercio de San Rafael, la directora de la DPA fue increpada por un grupo de personas. Quienes habían concurrido a la conferencia a la salida le gritaron e insultaron, y al intervenir la policía un oficial resultó herido. Como resultado de ese suceso, un hombre fue detenido e imputado (Mdz, 2018b). Un reciente informe realizado por la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI, 2019), destaca con preocupación que la respuesta desde el Estado a las diferentes expresiones que adoptó el repudio a la iniciativa del fracking, “fue la persecución, la represión y la criminalización de la protesta, empleando para ello toda una gama de estrategias”. Por último, en esa dirección, es importante mencionar el nuevo Código Contravencional que impulsó el gobierno provincial durante el 2018, el cual quedó finalmente aprobado en el mes de octubre. El mismo, según el informe presentado por Xumek, una asociación civil provincial dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, está organizado en torno a un sentido profundamente antidemocrático que infringe gran parte de los principios del Estado de derecho (Xumek, 2018: 137-142). Esta nueva normativa fue ampliamente cuestionada por diferentes sectores sociales y su rechazo formó parte de las demandas elaboradas dentro de las organizaciones movilizadas contra el fracking. De hecho, varios artículos del nuevo código estuvieron “inspirados” en diferentes sucesos vinculados a las protestas sociales en oposición al fracking, como “utilizar las redes sociales para incitar a otras personas a provocar escándalos o tumultos” (Art. 55, inciso c). Es decir, su trasfondo ideológico prefigura una normativa fuertemente punitivista, orientada a fortalecer mecanismos de disciplinamiento social, a través de un nuevo dispositivo de control penal para la regulación de los conflictos sociales (Xumek, 2018: 147-154).

Reflexión final

He procurado realizar un aporte a la periodización del conflicto alrededor del fracking en Mendoza. No obstante, cabe destacar que se trata de un asunto de disputa que permanece abierto y aún en marcha. Es por lo tanto el intento de descripción y análisis de un escenario cuyos cambios precipitan día a día. En abril de 2019 el Gobierno de Mendoza otorgó la primera concesión para la explotación de una zona con hidrocarburos no convencionales, perteneciente a la formación Vaca Muerta; mientras que recientemente ha anunciado el próximo arribo de YPF para operar en otra área no convencional de la provincia. En forma paralela, durante el mes de junio, la AMPAP ha convocado a realizar una serie de acciones colectivas para exigir, en la legislatura provincial, el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de prohibición del fracking presentado un año atrás, en mayo de 2018.
Cabe hacer un breve señalamiento en relación a la propuesta central de este trabajo. La mirada retrospectiva tiende siempre a presentar el pasado bajo la apariencia de un tiempo lineal y secuencial, una serie de hechos que se suceden unos a otros, guardando entre sí alguna relación. Sin embargo, aquí lo crucial es advertir que el devenir de este conflicto expresa el anudamiento de fuertes vínculos entre pasado y presente, en los cuales se producen (re)pliegues de diversas temporalidades. Esos estratos del tiempo, amalgamados en el conflicto, podemos referirlos a la corta, mediana y larga duración. En tal sentido, la historia del fracking en Argentina incluye un tiempo corto, relativo a su reciente ingreso hacia el año 2010, cuando se anuncia el “potencial” de Vaca Muerta en hidrocarburos no convencionales. Un hallazgo en el contexto de una coyuntura particular –de crisis energética-, frente a la cual los no convencionales aparecían como la solución a los problemas nacionales, no solo cerrando el horizonte a cualquier otra alternativa, sino también reeditando los dilemas que suscitaron las políticas de desarrollo en las décadas del 60 y 70 para los países periféricos. A su vez, de la mano del fracking como “nuevo horizonte productivo”, se proyecta la sombra del largo derrotero del colonialismo sobre América Latina, de saqueo y reorganización de la región como espacio para la acumulación de capital.
Esa densidad histórica permite reconocer que el conflicto por el fracking no refiere a un problema puramente económico, ni energético, ni ambiental; aunque incluya a todos ellos por igual. Alrededor del fracking está en juego lo que el pensamiento crítico latinoamericano ha denominado una crisis civilizatoria. Una crisis multifacética a la que nos vemos enfrentados/as, tal como ha señalado Edgardo Lander, por las consecuencias del patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra los factores que hacen posible la vida en el planeta. Ahora bien, esa expansión de la lógica capitalista hacia todos los rincones del planeta, incluido el crudo alojado en el subsuelo y en las profundidades del mar, debe confrontar con un conjunto heterogéneo de experiencias sociales que hacen de la “ética del bien común” el fundamento histórico de modos alternativos de producción y reproducción del vínculo social.
El ingreso del fracking a Mendoza, tal como ha sido analizado en este trabajo, muestra una dinámica semejante a la descripta por Marx en relación a los tiempos de la llamada acumulación originaria, donde la lógica del capital se impone “a sangre y fuego” por medio de prácticas fraudulentas y predatorias, una estrategia que cuenta entre sus engranajes el chantaje, el engaño, así como el castigo y disciplinamiento social. No obstante, la iniciativa del fracking también ha dado lugar a una de las protestas sociales más importantes de los últimos años, poniendo de manifiesto que el territorio provincial, lejos de constituir un espacio vacío y homogéneo para la acumulación, está habitado por una diversidad de sujetos decididos a movilizarse y oponer resistencia al proceso de mercantilización de la vida: “el agua de Mendoza no se negocia”, “el petróleo no calma la sed”. Esa experiencia de lucha resulta crucial porque es desde donde puede producirse una apertura del mundo, la irrupción de lo nuevo, el destello de horizontes alternativos.

Notas

1|   La explotación de yacimientos no convencionales ha sido mundialmente muy cuestionada debido a que requiere el uso intensivo de una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. En este trabajo, necesariamente, he pasado por alto los diferentes problemas sociales y ambientales relacionados al fracking. Para un análisis de las controversias, riesgos y problemas asociados a dicha práctica, véase (AAVV, 2014; Svampa y Viale, 2014; CHPNY y PSR, 2015; Álvarez Mullally et al., 2017).
2|   La Alianza Latinoamericana frente al Fracking es una alianza de varias organizaciones, expertos/as y activistas de México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay que trabajan en el tema de fracking.
3|   Para dimensionar el ajuste realizado a través de las tarifas energéticas (luz y gas), por ejemplo, podemos comparar el aumento acumulado al 2018 –en promedio entre un 600% y un 362% en el caso de un hogar con tarifa social-, con el aumento que experimentaron los salarios, en promedio, sólo un 62% (Kofman y López Crespo, 2019: 23).
4|   El Trébol pertenece a Phoenix Global Resources PLC, empresa creada recientemente a partir de la fusión de Andes Energía (controlada por empresarios argentinos –grupo Vila-Manzano- pero con sede en el Reino Unido) y Petrolera El Trébol S.A. (de Trefoil Holdings B. V. Group, con sede en Países Bajos y subsidiarias radicadas en diferentes países). Resulta muy difícil acceder a informaciones certeras acerca de los orígenes y movimientos de estos capitales. Una breve reseña puede encontrarse en el informe Compañías europeas a la conquista de Vaca Muerta (Scandizzo y Álvarez Mullally, 2018: 53-57).
5|   Una reconstrucción amplia del conflicto por la megaminería en Mendoza puede encontrarse en Wagner (2014). Mientras que el análisis de uno de los ciclos de movilización más importante, el rechazo en Uspallata al proyecto San Jorge, puede encontrarse en Barrientos (2012).
6|   Apenas sancionada la Ley 7722, normativa que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la explotación metalífera, una decena de empresas mineras demandaron su inconstitucionalidad. Tras 8 años de judicialización, en diciembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó por unanimidad su constitucionalidad. Algunos determinantes históricos de ese fallo judicial han sido analizados en un trabajo anterior (Salomone, 2019).
7|   La prueba piloto se realizó en pozos petroleros que habían sido explotados durante décadas en forma convencional. En efecto, no podía en principio determinarse si la contaminación con hidrocarburos era producto de la práctica del fracking o de la histórica explotación de esos pozos. Sin embargo, la controversia sirvió para poner de manifiesto las irregularidades señaladas en el primer apartado en relación a la Resolución 813/18 de la DPA. Puesto que allí los dictámenes técnicos exigían el monitoreo de aguas abajo de la zona de explotación a través de freatímetros, tomando muestras antes y después de la fractura. Los documentos filtrados revelaban que dichos freatímetros fueron colocados con posterioridad a la práctica del fracking.

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