PERONISMO Y “SOCIALISMO NACIONAL”: LA POLITICA DE EXPROPIACIONES DURANTE EL GOBIERNO DE MIGUEL RAGONE: EL CASO DE -MINAS DE UNCHIMÉ/ALTOS HORNOS GÜEMES Y FRIGORÍFICO ARENALES. SALTA, 1973-1974

Alejandra SOLER; Rubén CORREA

INTRODUCCIÓN

La presente investigación forma parte de un proyecto de estudio más amplio referido a la relación entre régimen político, partidos, empresarios, sindicatos y militancia revolucionaria en Salta, durante la década del sesenta y setenta. En este trabajo abordamos el análisis de las políticas estatales implementadas por el gobierno del Dr. Miguel Ragone (1973-74), vinculadas a la expropiación de las Minas de Unchime y el Frigorífico Arenales.

La memoria y los estudios históricos acerca del gobierno peronista de Miguel Ragone (1 ) (1973/1974) nos remiten a un proyecto “nacionalista”, “popular”, “revolucionario”, en línea con lo que proponía el renovado movimiento político a escala nacional.

En efecto, luego de dieciocho años de proscripción, el peronismo retornaba al poder en 1973 sobre la base de una nueva conjunción de expectativas y fuerzas sociales heterogéneas, como resultado del propio proceso histórico: difusión del socialismo, los procesos de lucha de los movimientos de liberación nacional en los países del Tercer Mundo, la experiencia de la revolución cubana, la derrota norteamericana en Vietnam y el reciente triunfo de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile.

En ese sentido, se difunde la “actualización política y doctrinaria para la toma del poder” propuesta por Perón en 1971 (Feinman: 2010, 601), leída de distinta manera por los peronistas. Para el partido, según su plataforma electoral, el difuso “socialismo nacional” no era otra cosa que la doctrina justicialista y cristiana en acción (2 ). Para otros, asentados en los planteos de John W, Cooke, el peronismo representaba los intereses de la clase obrera y debía pasar a una nueva etapa camino al socialismo (Goldar, 1985:24).

En ese marco, las iniciativas de expropiación señaladas, podrían interpretarse como producto del “clima de época” y de los debates sobre la “vía socialista” y el “socialismo nacional”.

Si bien diversos trabajos se han realizado desde esta perspectiva, pensamos que es necesario indagar con mayor precisión el proceso histórico. En ese sentido, en esta investigación nos proponemos explicar la política de expropiación del gobierno peronista salteño en el marco de un ciclo histórico más amplio que otorga sentido a aquellas políticas.

Partimos entonces de que el objeto de estudio puede insertarse en un ciclo largo de crisis del modelo de acumulación social:

“Entre fines de la década de los sesenta y comienzo de la siguiente comenzaron a advertirse síntoma de agotamiento del dinamismo de crecimiento de la economía mundial que siguió a la posguerra…se ha señalado frecuentemente que el punto de inflexión de esa onda larga expansiva es coincidente con el notorio debilitamiento de la hegemonía norteamericana frente a la reconstrucción de las economías de la Europa occidental…” (Chitarroni: 1997, 97).

El proceso descripto se articulaba además con una crisis del régimen político y agudización de la conflictividad social, con orígenes en los hechos de masas de 1969, de la que la burguesía intentaba salir mediante el llamado a las elecciones de 1973 (Bonavena: 1998, 97).

El peronismo salteño comenzó los preparativos electorales a fines de 1972. La candidatura de Miguel Ragone fue el resultado de un frágil acuerdo gestado en el interior del peronismo, acuerdo que duró hasta su asunción a la gobernación, el 25 de mayo de 1973. A partir de allí, se puede percibir que las bases de sustentación de su gobierno se fragmentaban hasta disolverse, situación que cristaliza cuando Isabel M. de Perón decreta la intervención federal a la provincia, en noviembre de 1974. Sin respaldo del peronismo ortodoxo y del sindicalismo “burocrático”, cuestionado por el peronismo revolucionario (en particular por el Frente Revolucionario Peronista) y el sindicalismo clasista, pero al mismo tiempo, sospechado de ser permeable a las influencias de la “Tendencia Revolucionaria” vinculada a Montoneros, Ragone había quedado atrapado en una compleja y contradictoria trama que en el último tiempo diversos investigadores han intentado explicar.

Desde la perspectiva seguida en esta investigación, las políticas de expropiación desarrolladas por el gobierno peronista salteño deben entenderse en el marco de ese escenario.

A través del análisis de fuentes judiciales, periodísticas y gubernamentales, pretendemos reconstruir la trayectoria de las empresas objeto de expropiación con el fin de observar la forma en que se articulan o entraron en tensión distintos intereses, en particular los del gobierno provincial, el empresariado salteño y la clase obrera.

Partimos de la hipótesis de que, más que obedecer a un programa de “socialización de los medios de producción” como podría suponerse de un gobierno que proclamaba su adhesión a un impreciso “socialismo nacional”, estas expropiaciones puede insertarse en un ciclo histórico que se inicia a fines de 1960, vinculado al “giro nacionalista” del Estado, y orientado primero a la promoción y luego al salvataje de la burguesía regional/local.

Las fuentes para esta investigación fueron relevadas en los archivos del Poder Judicial de la Provincia (en particular la consulta al voluminoso expediente de expropiación del Frigorífico Arenales), los diarios de sesiones de la Legislatura salteña, otros documentos oficiales y material periodístico.

EL PROGRAMA POLÍTICO-SOCIAL DE MIGUEL RAGONE

Revisando brevemente los trabajos que procuran determinar la ideología del gobernador Miguel Ragone y la orientación de sus políticas, es posible advertir que algunos de ellos, interpretan que predomina una tendencia “nacionalista” y “popular”, con alusiones a un vago “socialismo nacional”.

Estas consideraciones se desprenden del análisis de los discursos del gobernador a lo largo de la breve campaña electoral y durante su periodo de gestión. Tal es el caso de los estudios de Myriam Corbacho, tanto, en “Pensamiento Político de Miguel Ragone. Único gobernador constitucional secuestrado y desaparecido” (Corbacho, 2003), como en otro trabajo realizado junto a María Elina Tejerina “Gobierno de Miguel Ragone en Salta: entre el ideal y la realidad, 1973-1974” (Corbacho y Tejerina, 2007) y Daniel Escotorín en “Salta Montonera” (Escotorín, 2007). Los autores caracterizan a este gobierno simplemente como “gobierno popular”, basándose fundamentalmente en la lectura de una serie de discursos y el registro de algunos gestos políticos. Por ejemplo, se suele citar la apertura de las puertas de la casa de gobierno al “pueblo”, la visita a comunidades indígenas del norte, o medidas políticas como el recorte de gastos de “ceremonial” o supresión de la escolta policial y la reforma de la institución policial a cargo de un viejo militante de la resistencia peronista, Rubén Fortuny.

Por su parte, Alicia Servetto, caracteriza a Ragone por el “estilo de gobierno”, definiéndolo como “paternalista y humanista cristiano”. Al analizar la “retórica” del gobernador, la autora avanza hacia nuevos elementos para caracterizarlo:

“Para terminar con la situación de injusticia social, con los privilegios de las minorías, con el colonialismo y la dependencia, Ragone proponía expandir los servicios del estado de bienestar –salud, vivienda y educación- y fomentar la industrialización para absorber la mano de obra desocupada: “Para nosotros, la industrialización no es un fin, sino sólo un medio para el logro de esta felicidad y bienestar popular”. La intervención estatal era un recurso para desarrollar la economía provincial, pero para Ragone ese desarrollo sólo sería posible con “el concurso de la actividad privada” de ese modo descartaba de plano los supuestos económicos más radicalizados, entre ellos la eliminación de la propiedad privada” (Servetto, 2010:165).

Analizando las fuentes disponibles es posible establecer, junto a Servetto, que el programa político de Miguel Ragone se sustentaba en la plataforma electoral del Partido Justicialista provincial (3 ), cuyo programa partidario giraba alrededor de tres principios: la liberación nacional, el desarrollo y la socialización de la economía y la participación popular. En relación al primer punto, se ponía acento en la independencia de “todos los imperialismos dominantes”, y en particular, la necesidad de resguardar el “ser nacional” frente a “formas disolventes de vida”.

En cuanto al segundo punto, reivindicaba la “base socialista” del movimiento justicialista distante del socialismo internacional, pero abierto a “aplicar todas las experiencias de socialización de la economía”. El concepto de “socialización” iba unido al de “justa distribución de los ingresos”, este criterio admitía que “la propiedad privada y la iniciativa privada deban ser garantizadas en tanto cumplan una función social”.

La Juventud Peronista de Salta parecía entender de la misma manera al socialismo prescripto por la plataforma partidaria. Su titular, Santiago López, afirmaba que “…entendemos por patria socialista, no la confiscadora y distribuidora de la pobreza, sino la multiplicadora eficaz y distribuidora equitativa de los frutos de la riqueza común” (El Tribuno, 1973a)

En relación al tercer punto de la plataforma del PJ citada, se afirmaba que “la doctrina justicialista profundamente humanista, popular y cristiana tiene como finalidad promover la realización espiritual y material del hombre argentino a través de la comunidad organizada”. También proponía la estimulación de un sistema de participación, co-gestión y autogestión en las empresas estatales, con intervención de trabajadores, técnicos y usuarios.

A los efectos de establecer el sentido que tenía el concepto “socialismo nacional” tan vigente en los planteos políticos de la época, sigamos un artículo titulado “¿Un Socialismo Nacional o un Capitalismo Social?” del Diario El Intransigente, quien ubicaba al socialismo como una doctrina que rechazaba tanto el “liberalismo ultramontano como a la izquierda ortodoxa”. La definía también como “una doctrina esencialmente humanista y cristiana distante de Marx, y del capitalismo sólo en lo que respecta a la explotación del hombre por el hombre”. Partidaria del fortalecimiento del Estado, señalaba el diario, rechazaba la inversión extranjera y la dependencia que generaba (El Intransigente, 1973).

El programa de gobierno al que se refería Ragone en las entrevistas que la prensa publicaba en el período de la campaña electoral previa a los comicios del 11 de marzo de 1973, no distaba de la plataforma electoral aprobada por el partido. Se sustentaba fundamentalmente en la idea de llevar adelante una “Revolución en paz, unión y trabajo… con gran respeto a las libertades individuales, las leyes y la Constitución” (El Tribuno, 1973b). Según su concepción, era necesario retomar el proyecto político “postergado en 1955”. Es decir, un programa basado en el orden, la legalidad, la distribución y la industrialización dirigida tanto por el estado como por el capital privado.

En esta línea de análisis, es posible contextualizar uno de los tantos proyectos de expropiación que fueron debatidos públicamente, nos referimos al del diario El Tribuno, considerado como la expresión empresarial opositora a Ragone. El proyecto presentado por dos legisladores peronistas, fue fundamentado desde una posición histórica, más que ideológica, como parte de un proceso de reivindicación y devolución de los bienes perdidos por el Partido Justicialista, luego del golpe militar de 1955. El 22 de marzo de 1974, 32 legisladores solicitaban a Ragone se incluya la discusión del proyecto en el temario de las sesiones extraordinaria, y el 26 de junio Paulino Aramayo, autor del proyecto, solicitaba el tratamiento sobre tablas. Luis Borelli, propuso que el proyecto se reserve hasta tanto se constituyeran las autoridades partidarias, lo que fue aprobado por unanimidad. Así, aduciéndose que el partido estaba intervenido este proyecto no pudo progresar en el debate parlamentario y pronto cayó en el olvido.

Es importante recordar que el diario ya pertenecía a la empresa Horizonte S.A presidida por el empresario Roberto Romero, vinculado a los dirigentes peronistas críticos de las candidaturas decididas en el congreso partidario de diciembre de 1972. Grupo que en el transcurso de los meses se constituyó, en el interior del peronismo, como el principal opositor a la gestión de Miguel Ragone.

Derrotado en su intento por incorporarse al PJ (4 ), Roberto Romero, antiguo militante de la UCRI, fue reforzando sus relaciones con las fracciones opositoras al gobernador, en una alianza de amplias dimensiones. La alianza opositora comprendía la CGT conducida por el sindicalismo “burocrático”, los empresarios vinculados a Horizonte S.A, que pugnaban por el control la Confederación General Económica y los dirigentes peronistas del Grupo Reconquista (antiguos aliados a Ragone) y la Lista Azul y Blanca del PJ, que respondía al sector de la “derecha peronista” promotora del intento de ocupación de la Casa de Gobierno en septiembre de 1973.

Por otro lado, Ragone también sufría la presión de los grupos revolucionarios quienes intentaron volar con explosivos los talleres del diario El Tribuno en abril de 1974, la madrugada previa a la inauguración de la planta construida en el Complejo Limache.

No obstante, el contexto adverso y conflictivo por el que transitaba el gobierno provincial, no existen evidencias de que Ragone haya impulsado en la Legislatura el proyecto de expropiación del diario El Tribuno.

Entonces, si Ragone se mantuvo aferrado al principio de legalidad constitucional y respeto a la función del capital privado en el control del principal órgano de prensa de la provincia, ¿qué circunstancias políticas motorizaron el pedido de expropiación de la mina Unchime/Alto Hornos Güemes y el Frigorífico Arenales?.

EL CASO DE LAS MINAS DE UNCHIME/ALTOS HORNOS GÜEMES (AHG)

A partir del análisis de la documentación oficial y la información periodística, es posible establecer que la empresa AHG, titular de los derechos mineros del yacimiento Unchime, había sido fundada en 1960. En 1963, la empresa ya presentaba dificultades financieras, por lo cual se inició un juicio de convocatoria de acreedores. No obstante, el gobierno provincial del interventor Pedro Felix Remy Solá, argumentando que la Dirección de Fabricaciones Militares había calificado a la empresa AHG como “técnicamente eficiente y económicamente rentable”, decide otorgarle el beneficio de acogerse a la Ley N° 243 exceptuando a la empresa del pago de impuesto inmobiliario e impuesto a las actividades lucrativas por el lapso de diez años (5 ).

En 1964 se autoriza a la empresa a emitir debentures (6 ) que fueron colocados por un monto aproximado de 30 millones de pesos m/n. Un año después, el Poder Ejecutivo Provincial acepta en beneficio de la provincia, acciones ordinarias clase B de AHG en pago y cancelación de las deudas por capital, intereses y costas de la mencionada empresa, a favor de los organismos estatales, conforme a los créditos verificados en el juicio de convocatoria a acreedores (7 ). Según la prensa, además del apoyo financiero del estado provincial, la empresa había recibido 210 mil pesos m/n, otorgados por ley nacional N° 16846/65, cuya primera entrega se había materializado por gestiones del gobierno provincial, quien además, había avalado la operación financiera (El Tribuno, 1972).

Sin embargo, en 1967, durante la dictadura militar, el interventor Héctor D´Andrea, rechaza un pedido de la empresa para que el Estado amplíe las exenciones impositivas (8 ), y en septiembre de 1972, el PEP a cargo del Cnel. Spangenberg, por ley N° 4512, declara de “utilidad pública y sujetos a expropiación” todos los bienes muebles e inmuebles, derechos mineros y demás derechos o bienes mineros ubicados o referidos al yacimiento minero Unchimé - tres meses después, 18 de diciembre de 1972, el gobierno militar interventor reafirma la decisión de expropiación de derechos mediante decreto 6981, que individualizaban las minas involucradas. Además, se exigía a la empresa un determinado ritmo de explotación y le retira la personería jurídica.

La decisión se sustentaba en el criterio de que, a pesar del apoyo financiero del Estado y de haber logrado la aprobación de un concordato en el juicio de convocatoria de acreedores, la empresa no había reactivado el yacimiento, ni iniciado la producción de arrabio, tampoco había instalado los altos hornos que estaban previstos.

Por otro lado, los bonos debentures no habían sido rescatados en la fecha convenida ni saldados los intereses devengados, Por todo esto, el Directorio fue suspendido, y se solicitó la liquidación de la empresa por los innumerables pedidos de quiebra por parte de acreedores. A todo esto se sumaba que el gobierno nacional había procedido a descontarle a la provincia de los Fondos de Coparticipación Federal el préstamo de 210 mil pesos que había otorgado a la empresa en 1965.

Esta expropiación de derechos, impulsada por el gobierno militar, también podría vincularse a las necesidades del Plan NOA Geológico encarado por el gobierno de Lanusse a través de la Dirección de Fabricaciones Militares, que se orientaba a la realización de estudios evaluativos sobre los recursos naturales y sus posibilidades de transformación en diferentes regiones del país. El 6 de septiembre de 1972, la provincia había firmado un convenio de investigación, aprovechamiento y explotación geológico minero con el organismo nacional.

A partir de lo actuado por el gobierno militar, el gobernador Miguel Ragone dio inicio, en septiembre de 1974, al juicio de expropiación, con el objetivo de concretar, según señala la información periodística, el programa de acción convenido con la Nación en la Primer Acta de Concertación Nacional de abril de 1974 (9 ).

Ragone había tardado 18 meses de su gestión en concretar este paso, pues durante ese tiempo, los propietarios de AHG intentarían viabilizar diferentes proyectos para conservar los derechos que la empresa había conseguido durante la década de los sesenta.

En enero de 1974, Oscar Caviglia, vicepresidente de AHG se entrevista con Ragone. Según su Ministro de Economía, Jesús Pérez, el objeto de la reunión era que se levantaran las medidas decretadas por el gobierno militar que impedían la venta de equipos (El Tribuno, 1974a). Según la prensa, Ragone había adquirido el compromiso de tramitar un préstamo ante el Banco Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, AHG había comenzado a tejer una serie de acuerdos empresariales para reactivar el proyecto de instalación de los altos hornos. El diario El Intransigente del 5 de junio informaba que después de once años de inactividad, el complejo siderúrgico había firmado, en enero de 1974, un contrato de usufructo minero con la empresa Hierro Salta S.A. por 20 años. Según éste acuerdo, la empresa quedaba obligaba a una explotación intensiva del Yacimiento Minero Unchimé, mientras que Altos Hornos atendería la parte siderúrgica.

El artículo periodístico, también anunciaba la integración de la empresa Mar – Hel, propiedad del Ing. Alberto Gir, accionista del grupo empresario Norte S.A, propietario del diario El Intransigente, cuyo director y accionista era Miguel Ángel Martínez Saravia, máximo dirigente del radicalismo salteño y ex candidato a gobernador por ese partido en las elecciones de marzo de 1973.

Días después la empresa organizó la presentación oficial de los planes de reactivación en las instalaciones de Campo Santo (Departamento de General Güemes). El acto contó con la presencia de varios funcionarios del gobierno provincial y de miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Entre los directivos de AHG estaban presentes, el Dr. Adolfo Dusan Strizic, y el Ing. Manuel Espinosa, en representación de un grupo de empresas conformado por los Talleres Progreso Zorrilla Hnos, S.A; Stein y Roubaix Española S.A., Talleres Ubasa S.A. Todas estas empresas estaban radicadas en Bilbao, España, dato que permite observar la presencia de inversores extranjeros en el paquete accionario de AHG.

A mediados de agosto, en la Legislatura Provincial, los diputados habían acordado la reunión de una comisión destinada a analizar la posibilidad de reabrir las instalaciones de AHG, para lo cual, era necesario decidir sobre las deudas que ésta empresa mantenía con la Provincia (dos millones cien mil pesos ley) y la derogación de los decretos expropiatorios del gobierno militar. A la presión de los directivos de la empresa, se sumaría la UOM dirigida por el sindicalismo burocrático, quienes desarrollaron una intensa campaña pública a favor de la reapertura del establecimiento industrial, simultáneamente intentaban desprestigiar al gobierno provincial argumentado, en palabras del delegado normalizador de la UOM Ginés Fernández, que no había “atendido al plan de reactivación y pago de deudas” (El Tribuno, 1974a).

El día 22 de agosto, la reunión de la comisión legislativa quedó frustrada, cuando el Ministro de Economía, Jesús Pérez, al parecer se negó a participa si la misma se realizaba bajo la presión de los sectores gremiales (UOM y CGT). La actitud del ministro provocó la reacción del bloque de diputados justicialistas “verticalistas”, opositores a Ragone, quienes publicaron una resolución repudiando “la actitud antiperonista y antiobrera del Ministro J. Pérez”.

Días después, mediante una solicitada, el gobierno dio a conocer las razones por las que había retirado del recinto de la Legislatura (El Tribuno, 1974b). Según el ministro, la reunión debía realizarse teniendo en cuenta el compromiso del Directorio de la empresa AHG de tener, al menos, aprobados por los organismos correspondientes una serie de proyectos y créditos para la reactivación de la producción. Según la solicitada, el gobierno provincial había tomado conocimiento de que la empresa sólo había realizado una presentación preliminar ante la Secretaría de Desarrollo Industrial, por lo cual el ministro de Economía, consideró que no estaban cumplidas las condiciones para concretar la reunión.

El gobierno provincial, decidido a resolver la situación, dio un paso más cuando por decreto N° 5699, del 6 de septiembre de 1974, ordenó liquidar a favor de la dirección de Minas la suma de 926 mil pesos para hacer efectiva la expropiación de los derechos mineros de la mina Unchime, acción iniciada –recordemos- por el gobierno militar de Spangenberg en noviembre de 1972 (10 ). Aunque el decreto aclaraba que: a) la expropiación no recaía sobre la maquinaria ni planta industrial de la empresa, b) que no perjudicaba los intereses de AHG ya que había antecedentes de varias siderurgias que producían arrabio con mineral importado, c) que en el caso de que “mediaran proyectos, orgánicamente presentados, y fueran factibles, la Provincia se comprometía a proporcionar todo el mineral necesario”.

Por lo anterior, el decreto finalizaba afirmando que esto “permitiría iniciar el programa de acción convenido en la primer Acta de Concertación de la Provincia sobre reactivación del yacimiento minero de Unchime, coadyuvando a conservar el poder de decisión nacional en el área siderurgia”.

EL CASO DEL FRIGORÍFICO ARENALES

Los antecedentes de esta empresa también se remontan a la década del sesenta. Fue en el año 1967, que obtiene la personería jurídica por gestión del Directorio conformado por Jaime Sierra, Carlos Saravia Toledo, Zeñón Torino, Carlos Alberto Posadas, Ernesto Clerico, José Giné, José Raúl Tomas y Gerardo López, la mayoría de ellos productores y empresarios de Salta (11 ).

Su historia es sintetizada en el informe que el Síndico designado en 1973 (Luis Aguilera), presentó ante la Justicia en junio de 1974, en orden al pedido de quiebra solicitado por la Municipalidad de Salta el 27 de octubre de 1973, bajo la Intendencia del Ing. Gerardo Bavio (12 ).

Allí, el Síndico recordaba que inmediatamente después de su apertura, la empresa había recibido del estado Provincial la suma de 600 mil pesos otorgada con fondos provenientes de la Junta Nacional de Carnes, préstamo cuya devolución fue generosamente prorrogada en el transcurso de los años.

A marzo de 1968, el total de las acciones de la empresa alcanzó la suma de 1.200.000 pesos, con un crédito de los accionista de 600.000. El informe señala que a marzo de 1969 el pasivo ascendía a 1.122.000 y el activo 2.165.347 pesos, es decir, la balanza era favorable para la empresa. Sin embargo, en los inventarios ya existían créditos que crecerían año tras año y que nunca llegarían a ser cobradose. Entre los principales deudores se encontraba la firma Hollander S.A constituida por capitales extranjeros, responsable de exportar carne faenada en el frigorífico Arenales, bajo la técnica kosher y con destino al Estado de Israel.

Así, en el balance de 1971 las utilidades alcanzaron la suma de 44 mil pesos, mientras que en el rubro “créditos otorgados” se registraban 2 millones de pesos (el mayor monto provenía de la deuda de la empresa Hollander). La situación empeoraba porque no se habían recibido créditos bancarios o extra bancarios y se acentuaban las ejecuciones por falta de pago de obligaciones a terceros. En 1971, debido al pésimo estado financiero de la empresa y los conflictos al interior del Directorio, se designa como administrador judicial al Dr. Francisco René Diez Barrantes, Director de Agricultura y Ganadería de la provincia de 1969 a 1973, quien intentaría llevar a cabo el saneamiento de las cuentas.

Entre 1972 y octubre de 1973, el grupo Tonda, cuya casa matriz estaba radicada en la provincia de Santa Fe y dedicada a la actividad del transporte y producción ganadera, adquiere el paquete mayoritario de acciones, iniciando aparentemente, según el informe del Síndico, un acelerado vaciamiento y endeudamiento del Frigorífico.

En octubre de 1973 se designa una nueva administración judicial, encabezada por Víctor José Martorell (directivo de la CGE), quien ocupa el cargo hasta que es declarada la quiebra -a mediados de noviembre- ante la pérdida del capital social y la situación de cesación de pagos en la que se encontraba la empresa. El 7 de ese mes ya había ingresado en el Senado el Proyecto de Declaración de Utilidad Pública y expropiación de los bienes del Frigorífico.

Entre los fundamentos del proyecto se señalaba que la empresa había sido beneficiada por innumerables créditos, avales, moratorias, resultando estéril tal apoyo y que era necesario que el Estado interviniera para garantizar los siguientes objetivos: 1- incrementar la producción de carne, 2- beneficiar al consumo popular, 3- eliminar los intermediarios, 4- asegurar un precio justo de los productos (13 ).

El dictamen de comisión fue favorable al proyecto original (y aprobado por la Cámara) argumentando que la solución no podía ser más que la expropiación “pues de otra manera se corre el riesgo de que la planta al ser llevada a subasta por decisión judicial, quede desmantelada por la intervención de agentes de la competencia que tratarán de eliminar al competidor, siendo el estado provincial y municipal los principales acreedores”.

Dos meses después de declarada la quiebra y aprobada en Senadores la declaración de Utilidad Pública, Ragone interviene en el conflicto entre los trabajadores y la empresa Tonda (principal accionista del Frigorífico) y sus directivos.

Los trabajadores del grupo empresarial Tonda habían decidido ocupar los depósitos de camiones de la empresa, frente a la deuda de cuatro meses de salarios, situación que se prolongó por más de dos semanas. Hacia el 28 de diciembre de 1973, los intentos por parte del gobierno de contactar a directivos o responsables de la empresa habían fracasado.

La situación se agravó cuando el propietario de una concesionaria de camiones de Buenos Aires se instaló en Salta con el objetivo de recuperar las unidades adquiridas por los empresarios, cuyos pagos estaban adeudando. Ante esta situación, los trabajadores solicitaron una audiencia con el gobernador Ragone para solicitarle que el gobierno provincial al menos cubra el pago de los salarios atrasados. Ragone dispuso una partida para el pago parcial de los salarios, medida que fue criticada por la Revista El Otro País (opositora al gobernador) de febrero de 1974.

Luego de esta intervención arbitral del gobernador en el conflicto entre el empresariado y los trabajadores, el proyecto de expropiación siguió su curso. Aprobado en el Senado a fines del año 73, recién pasó a tratamiento en Diputados en junio de 1974 por el expreso pedido del Intendente Juan Carlos Sánchez (reemplazante del Ing. Gerardo Bavio). La iniciativa finalmente fue aprobada el 29 de julio de 1974, pero su aprobación fue antecedida por un intenso debate en la cámara baja sobre la constitucionalidad de la ley.

El conflicto se produjo porque la Cámara de Diputados cuestionó el proyecto original aprobado en el Senado, en lo relativo a la forma de valuación e indemnización que (al margen de lo que establecía la Ley General de Expropiaciones, y extralimitándose) preveía descontar del valor de origen o revalúo “los excedentes sobre una ganancia razonable” y establecía el pago en un plazo de 6 meses.

El dictamen de la comisión de Legislación de Diputados, había modificado el proyecto, restringiendo la Ley a un artículo declarando la utilidad pública y sujeta a expropiación los bienes de la empresa y otro que autorizaba al Estado a demandar y oponer la compensación de sus créditos.

Frente al debate generado por tal modificación, y para otorgar legitimidad a la decisión de Diputados, el 18 de julio, a instancia de los diputados justicialistas, fueron reunidos representantes de varios sectores presididos por Jaime Duran (dirigente de la CGE), en la que además participaron: otro dirigente de la entidad, Víctor Martorell; el Dr. Darío Arias, (Cámara de la Producción); Mártires Quintana, en representación del Sindicato de la Industria y la Carne; Néstor Saravia en representación de la CGT; los diputados Luis Rizo Patrón, Gregorio Gullo, Hugo Poma, Heredia y Borelli; el Dr. Loutaif, Fiscal de Estado y un tal Bustos en representación de la Municipalidad, según consta en las Actas de la Cámara de Diputados del 18 de julio de 1974.

Lo importante de rescatar del registro de esta reunión es la posición del fiscal de Estado, Dr. Loutaif, que señalaba: “Con respecto a la forma de valuación que establece el proyecto del Senado. Existen varias formas de valuación y es imposible circunscribir al Estado para que use uno cuando podría encontrar otro más conveniente. Esta forma de valuación resultaría inconstitucional por atentar contra el derecho de defensa y de propiedad, por cuanto obligaría al expropiado que en este caso realice una venta forzosa al recibir un precio de más… en cuanto a la forma de pago en cuotas, también la considero violatoria de cláusulas constitucionales”.

Martorell, representante de la CGE y ex interventor del Frigorífico, aclaraba que había avalado el primer proyecto del Senado “discutido hace un año”, porque se trataba de otras circunstancias. Pero ahora daba su entero apoyo al fiscal de Estado. Expresaba que: “Lo que hay que discutir es si se debe expropiar o concurrir a la licitación para que el P.E tenga elementos para decidir. Si bien somos empresarios que perseguimos fines de lucro, en el caso del frigorífico anteponemos el fin de servicio a la comunidad y desarrollo de la política ganadera… apoyamos plenamente la expropiación”.

Aquel proyecto modificado por Diputado volvió para ser revisado a la Cámara de Senadores, en donde fue rechazado. Finalmente, se aprobó el proyecto original (aquel que puntualizaba la forma de valuación, indemnización y pago) con la fuerte oposición de los miembros del bloque del Movimiento Popular Salteño y la Unión Cívica Radical para quienes la expropiación era un mal negocio para la provincia.

Lo cierto es que la reactivación de la planta estaba prevista en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, elaborado en el marco de la “Primer Acta de Concertación” firmada entre el Ministro de Economía de la Nación, José Ber Gelbard, presidente del Comité del Plan Trienal, y el gobernador Miguel Ragone, el 29 de abril de 1974, tal como citamos en páginas anteriores.

El Acta era un instrumento que implicaba la contracción de un “compromiso” dirigido a: “promover el desarrollo de las zonas rezagadas del interior, eliminando las injustas diferencias en los niveles de vida y erradicando el subconsumo, la desocupación y la falta de posibilidades que generan la despoblación del interior del país”.

En el apartado referido a lo previsto en relación a la “Industrialización”, se apuntaba que “la provincia, resuelta la situación jurídica de la empresa Frigorífico Arenales, y una vez que la misma sea de su propiedad, realizará inversiones a los efectos de mejorar su rentabilidad” con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo por un monto que no se especificaba.

LAS EXPROPIACIONES DE RAGONE Y EL PROGRAMA DEL TERCER PERONISMO EN EL CICLO LARGO DE LA CRISIS DEL MODELO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA EN ARGENTINA

Con relación al programa económico elaborado por el gobierno peronista durante la presidencia de Cámpora y los meses de gestión de Perón, Jorge Schvarzer, señala que Gelbard (ministro de Economía) con el Plan Trienal de 1974/1977 asumió como propios los proyectos de la etapa iniciada a fines de 1960 y principios de 1970 (Schvarzer, 1996:283).

Según el autor, la vinculación entre la industria argentina y el origen de los capitales podría dividirse en dos etapas: la primera se extiende de 1958 a 1968 y la segunda de 1968 a 1976.

La primera se caracteriza por el fomento de la inversión directa extranjera y la multiplicación de las transnacionales instaladas en el país, al amparo del Estado y como medio de promover la entrada de equipos y métodos de producción, especialmente en el rubro automotriz, motores, química, petrolero, etc. “La renuencia oficial a promover el capital local, produjo dos respuestas en el empresariado argentino: 1- Un grupo asumió el desafío de expandirse: fue el caso de las ramas fabriles modernas como las metalúrgicas, de celulosa, metal, etc., que incluso recibieron el apoyo del Estado, 2- Otros, optaron por esperar a que mejoren las condiciones de inversión, y así languidecieron” (Schvarzer, 1996: 228-232). Este último fue el caso de ingenios azucareros y frigoríficos, como también el caso de las fábricas de cerveza y textiles.

El autor señala que los primeros en cerrar fueron los frigoríficos, con grandes dificultades para mantener su posición en el mercado mundial. Su destino fue la quiebra. Swift, por ejemplo, pasó a otras manos, y en lugar de evolucionar hacia la lógica productiva, tendió a mantenerse bajo predominio financiero. Su nuevo propietario, Deltec, lo utilizó en maniobras de sobrefacturación, transferencia de ingresos y evasión de impuestos, es decir, se convirtió en una planta fabril para la ganancia ilícita. La justicia logró probar la actitud fraudulenta y decretó su quiebra a fines del sesenta. “La solución no fue el cierre sino el paso a la administración estatal, para evitar problemas de empleo… el estado asumió ingentes costos y sin encarar nuevas inversiones. Como en la década del treinta, esa política era conservadora en el sentido de que no deseaba cambiar ni corregir nada” (Schvarzer, 1996: 233).

La segunda etapa, de 1968 a 1976, esta vinculada al fracaso de la etapa anterior, en la comprobación de que el capital y las empresas extranjeras no eran los motores del desarrollo. Según Schvarzer, esta idea había sido reforzada por el Best Seller El desafío Americano, de Servan Schreiber, que denunciaba los métodos que las empresas norteamericanas desarrollaban para invadir el mercado europeo. La importancia de esta obra en esta etapa, proviene del hecho de que las críticas eran realizadas desde el mundo empresarial europeo, con lo cual adquiría legitimidad la idea de que “se podía estar en contra de los Estados Unidos sin ser de izquierda y se podía ser “antiimperialista” sin ser “anticapitalista” (Schvarzer, 1996: 253).

Los efectos perjudiciales de las transnacionales eran claros: habían traído el menor capital posible, reinvertían solo una parte de las ganancias, giraban el resto al exterior, y no exportaban, dada la prohibición que emanaba de sus casas matrices, como estrategia de reservarse ciertos mercados, generando un efecto negativo en la balanza de divisas. El peligro del avance del capital transnacional hacia la compra de empresas locales, en el rubro fabricación de cigarrillos, alertó a la burguesía nacional, que inició una revisión del proceso.

Una de las alternativas seguidas fue el apoyo estatal al capital local. Schvarzer rescata uno de los primeros documentos públicos conocidos al respecto. Se trata del texto “Políticas Nacionales”, aprobado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1970, “que proponía dar estímulo fiscal y en materia de organización para promover la concentración de industrias de capital nacional…” (Schvarzer, 1996: 270). Otra de las alternativas seguidas por el gobierno fue la creación de nuevas empresas en los rubros de acero, aluminio y celulosa entre otros.

Aldo Ferrer coincide en establecer una ruptura del modelo anterior a fines de la década del 60. Hacia 1970 se habrían manifestado las inconsistencias del plan económico de marzo de 1967 y se asiste a una grave crisis de la balanza de pagos: expansión de las importaciones, estancamiento de las exportaciones, aumento de los precios internos, inmovilidad del tipo de cambio, salida de capitales. Esto dio lugar a lo que Ferrer llama “apertura nacionalista” (Ferrer, 1981: 259)

A fines de octubre de 1970 se produce el relevo de todo el equipo económico y la instalación de uno nuevo dispuesto a la “argentinización de la economía nacional”. Se creó el Banco Nacional de Desarrollo, sobre la Base del ex Banco Industrial, “convirtiéndose en uno de los bancos de fomento de mayor capacidad operativa y financiera en escala internacional”, que jugaría un rol fundamental en el financiamiento de los proyectos de industrialización del período de Ragone (14 ).

En nuestro criterio, el retorno del peronismo al poder en 1973 estaba impregnado de las expectativas que el conjunto de la sociedad tenía en la capacidad de Perón de alcanzar un acuerdo social que diera reimpulso a las fuerzas productivas del país y que permitiera al mismo tiempo, mejorar la participación de los trabajadores en la distribución de los ingresos.

En este sentido, es posible inferir que las políticas del Tercer peronismo, más que una ruptura con las medidas económicas anterior, muestran cierta continuidad con las políticas de nacionalización de la economía puestas en marcha durante el último tramo de la dictadura militar encabezada por Lanusse y ratificadas por el Acta de Concertación de 1973 y las de promoción y desarrollo de las industrias nacionales y regionales establecidas en el Plan Trienal de 1974.

En este marco general del proceso histórico, la política de expropiación de Ragone, no se desplazó del programa trazado por el gobierno nacional durante el periodo 1973-1974, por el contrario, las medidas asumían la necesidad de colocar a la provincia en la misma dirección de las políticas nacionales.

CONCLUSIONES

Recapitulando, del análisis realizado sobre la política de las expropiaciones durante el gobierno del Dr. Miguel Ragone, surgen una serie de observaciones importantes de resaltar.

Hacia fines de los años sesenta los gobiernos militares interventores en la provincia de Salta, comienzan a restringir el otorgamiento de beneficios a determinadas empresas, entre ellas las vinculadas a las minas de Unchime/AHG y el Frigorífico Arenales.

La primera fue declarada de utilidad pública, y su proceso de expropiación fue completado durante el gobierno de Ragone. El estudio de la trayectoria de la empresa, y de la política expropiatoria del gobernador peronista insertándola en el análisis del ciclo político - económico de más largo plazo revelan las líneas de continuidad de los actos entre el último tramo del gobierno militar de Spangenberg y de Miguel Ragone. En ese sentido, las expropiaciones del gobierno peronista en Salta, efectivamente entroncan con las tendencias económicas que venían desarrollándose con anterioridad, en el marco del “giro nacionalista” de la economía argentina y el largo ciclo de crisis del modelo de acumulación.

Sin embargo, no todas fueron líneas de continuidad. Las políticas descriptas se ubicaban en un nuevo contexto, redefinidas a favor de una política “nacional y popular” y del Acta de Concertación/Plan Trienal de 1974, destinada a reforzar la potestad del Estado en un sector estratégico de la producción industrial, sin que esto implicara lesionar los intereses del capital privado, potenciando la intervención de empresarios locales, es decir, en alianza con la “burguesía nacional”.

En esa línea, es posible interpretar que la declaración de “utilidad pública” del Frigorífico Arenales, con apoyo del empresariado local, obedecía a sus expectativa de recibir, en un proceso de reprivatización, una empresa saneada en sus deudas - lo que efectivamente ocurrió durante el gobierno militar de Roberto Ulloa a fines de la década del setenta.

Es decir, el programa político de Ragone se sustenta en la posibilidad de un acuerdo con la burguesía local, y la protección de la propiedad privada. Esto se hace explícito con mayor claridad cuando el gobernador rechaza la modificación de la Ley General de Expropiaciones promovida por los diputados peronistas opositores. Paradójicamente, el proyecto impulsado por este sector de la denominada “derecha” peronista, será considerado por Ragone, los legisladores oficialistas y los dirigentes de la CGE como “socializante”, porque alteraba los conceptos de “utilidad pública, valuación indemnizatoria y formas de pago”, cuestiones que afectaban al capital privado.

Entonces, ¿cómo explicar la posición anterior con el proclamado “socialismo nacional” de la plataforma partidaria?

Sin mayores contradicciones el peronismo y Ragone consideraban al “socialismo nacional” como un modelo en el cual el Estado recobraba la capacidad de planificar y regular la economía, constituyéndose en “garante del desarrollo y del bienestar general”. De esta manera, se podía justificar el salvataje de una burguesía nacional/local débil e incapaz de sostener los niveles de inversión o de buscar alternativas de diversificación productiva que permitieran volcar en provecho de la economía nacional, la crisis económica de los países centrales.

Las expropiaciones estudiadas, también deben enmarcarse dentro de los objetivos de reflotar la producción de industrias siderúrgicas y metalmecánicas de la provincia, en crisis desde la quiebra de los ingenios tucumanos a fines de los años sesenta. Además, el desarrollo de una industria frigorífica fue considerado estratégico para atender el consumo local de carnes, pero también la demanda proveniente de países vecinos, deficitarios en la producción de ganado.

Con relación a este último punto, el programa de Ragone también contemplaba la formación de un mercado regional de más vasto alcance que permitiera la integración de productores y empresarios de las provincias del norte argentino y países de la región centro-sudamericana.

Este proyecto halló su expresión concreta en la FERINOA (Feria Internacional del Norte Argentino), realizada ininterrumpidamente hasta la actualidad desde noviembre 1974, semanas antes de la intervención federal a la provincia de Salta, que dejaría en suspenso otras líneas trazadas por el gobierno de Miguel Ragone.

En síntesis, se puede advertir que la política de expropiación durante el gobierno de Ragone fue más bien el resultado de un conjunto de decisiones e intereses que preceden a este gobierno, y que con él fueron resignificadas en función de un nuevo programa político en donde el Estado encara la tarea de regular la actividad productiva, sin coartar la participación del capital privado, intentando retornar a la antigua alianza entre el estado- burguesía nacional- movimiento obrero, sin mayores pretensiones revolucionarias.

NOTAS

Daniel Escotorín (2007) Salta Montonera. La actuación política de los sectores populares en la provincia de Salta. 1972 – 1976, Buenos Aires, Ediciones CTA, Corbacho, Myriam, M. Elina Tejerina, “Contradicciones y conflictos en la reorganización del peronismo salteño, después de 18 años de proscripción”, en: Academia Nacional de la Historia, 2005. Servetto, Alicia (2010) 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”, Buenos Aires, Siglo XXI Editores. Ragone, Mártir de la democracia, Salta, Editorial América, 2006, Arenas, Octavio (2011) No se irán sin Castigo. Testimonio de un juicio histórico. Condenados por el magnicidio del ex gobernador Miguel Ragone, Salta, Editorial MILOR, Pérez, Jesús (1994) El terco Miguel, Salta, Arte Impreso, Barquet Lucrecia y Adet Raquel, (2004) La represión en Salta, 1970-1983. Testimonios y Documentos. Editorial Milord, Caro Figueroa, Gregorio, “A propósito del crimen del Dr. Miguel Ragone. De la politización del crimen a la criminalización de la política”, en Política y Cultura de Salta, Nº 6. Año II. Marzo, 2005, Saravia, Carlos Humberto (2010), Pedazos de Infierno, Salta, Colección del Bicentenario Funda Voz. <<<
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Idem. <<<
En 1957 Roberto Romero, asociado a don Bernardino Biella y Jorge Decavi, compró en remate el diario El Tribuno, periódico confiscado al Partido Peronista por la dictadura militar de 1955. En 1959 el grupo empresario organizó el primer directorio de la empresa Horizontes S.A. En 1972 Romero se incorporó al Justicialismo, pero su presencia es resistida por los dirigentes tradicionales del partido y por los miembros de la juventud peronista. En 1973 se vinculó al Movimiento de Recuperación Peronista que desconocía el liderazgo de Ragone. En 1983, nuevamente ingreso su ficha de afiliación al partido Justicialista, el triunvirato responsable de la normalización partidaria trabó su incorporación, pero tras recurrir a la Justicia Federal, el ex juez Federal Dr. Ricardo Lona falló a su favor, lo cual le permitió competir en las elecciones internas que luego lo llevaron a la gobernación de la provincia de Salta en las elecciones de octubre de 1983. En: Edición Especial de El Tribuno. 50 Aniversario, 1949-1999. <<<
Archivo de la Legislatura. Provincia de Salta (ALPS). Boletín Oficial, Decreto 7558, 3 de junio de 1963. <<<
Aquellos títulos negociables emitidos por una sociedad que toma prestado del público un capital importante, a largo plazo, dividiendo su deuda respecto a cada inversor en títulos de igual valor, denominados debentures y obligaciones. GUYENOT en NISSEN (1996), Ley de Sociedades Comerciales, Tomo 5, Ed. Abaco, 2º Ed., Buenos Aires, p. 154). <<<
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FUENTES OFICIALES

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ABHS. Diario El Tribuno, (Salta, Argentina), 10 de agosto de 1974a, s/d.
ABHS. Amplio informe sobre Altos Hornos Güemes dio a conocer el gobierno, Diario El Tribuno, (Salta, Argentina), Año XXVI, Nº s/d, 25 de agosto de 1974b.
ABHS. Altos Hornos Güemes, Solicitada, Diario El Tribuno, (Salta, Argentina), Año XXVI, Nº s/d, 25 de agosto de 1974b.
ABHS. Edición Especial de El Tribuno. 50 Aniversario, 1949-1999.

ACERCA DEL AUTOR

Universidad Nacional de Salta. Facultad de Humanidades. Proyecto de Investigación CIUNSa N° 1804. Correo Electrónico: alejandrasolerc@gmail.com - rubencorrea2005@yahoo.com.ar <<<