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ARTÍCULO ORIGINAL
Los barrios construidos durante el primer peronismo en Mendoza, Argentina. Instituciones y estrategias
(Neighborhoods built during the first peronism in Mendoza, Argentina. Institutions and strategies)
Verónica Cremaschi*
* CONICET / CCT INCIHUSA Mendoza - Av. Ruiz N. Leal s/n - Parque General San Martín - CP 5500 - Mendoza - Argentina Correo Electrónico: vcremaschi@mendoza-conicet.gob.ar
RESUMEN
El presente artículo se centra en desentrañar los mecanismos financieros que implicaron la participación de instituciones provinciales y nacionales y que dieron lugar a la concreción de un gran número de viviendas durante los gobiernos del primer peronismo en la provincia de Mendoza.
Para lograr este objetivo nos basamos en el contraste de una base documental compuesta de artículos periodísticos, labores de gobierno y planos y resoluciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que nos otorgaron fundamentos para comprender las acciones y estrategias que se articularon entre el IPV y el Banco Hipotecario Nacional para llevar a cabo los barrios de este período.
Dentro de este tejido de relaciones institucionales, no podemos dejar de lado la importancia de la participación de los gremios, que fueron activos en la toma de decisiones antes y durante la construcción de sus espacios habitacionales.
Como resultado concluimos en que las estrategias financieras empleadas estuvieron condicionadas por las relaciones entre la provincia y la nación de los gobiernos de estos años. Sumado a esto, evidenciamos que la participación gremial fue activa durante el período en lo que refiere a concreción de viviendas.
Palabras Clave: Vivienda; Financiamiento; Primer peronismo; Mendoza.
ABSTRACT
This article focuses on the financing mechanisms used by the federal and provincial governments to complete housing projects during the first Peronist administration in the province of Mendoza. This researcher has studied and contrasted documents such as newspaper articles, official government documents, blueprints, and decrees by the Instituto Provincial de la Vivienda (Provincial Institute for Housing, or IPV). These documents provided data that allowed us to better understand the actions and strategies jointly coordinated by the IPV and the Banco Hipotecario Nacional (National Mortgage Bank) to realize these housing projects during this period. In addition to the coordinated actions of these institutions, this article highlights the active participation of worker unions in the decision-making processes before, during and after the construction of these housing projects.
We conclude that the financing strategies used to accomplish these projects were conditioned by the relationships between the provincial and the federal governments of this period, and that worker unions were also active and important participants in the realization of these projects.
Key Words: Housing; Financing; First peronism; Mendoza.
INTRODUCCIÓN
Como se puede constatar si se indaga en la historiografía sobre el período peronista, existen trabajos que han abordado el tema de la vivienda en la etapa centrándose en los distintos aspectos que implica tratar esta temática: simbólicos, financieros, constructivos y tipológicos.
En su mayoría estas investigaciones han abordado el problema centrándose en la provincia de Buenos Aires, (Ballent, 2001, 2009; Liernur, 1999; Ballent y Liernur, 2014; Aboy, 2005, 2011; Arella, 2006; Ramos, 1999; Gaggero y Garro, 1996; Pérez, 2012; AA. VV., 2011.) Sin embargo, resulta interesante complementar estos análisis tomando en cuenta otros casos provinciales. Esto es así debido a que se sucedieron una serie de interesantes articulaciones entre entidades provinciales y nacionales que condicionaron la concreción de las viviendas en esta etapa histórica en el interior del país.
Si bien analizan otros períodos históricos, observamos en Mendoza un marcado interés por la temática de la vivienda. En este sentido se destacan las investigaciones de Raffa (2004), Cerdá (2011, 2007/8; s/f), Moretti et al. (2014), Richard-Jorba (2011), Manzini (2011a; 2011b; 2012) Raffa y Manzini (2014), Cirvini y Manzini (2010 y en prensa) y Cremaschi (2012 y 2015).
En el caso específico del primer peronismo, abordado en este trabajo, la intervención de distintas instituciones con reglamentaciones, actores, intereses y posibilidades económicas diferentes influyó en la elección de tipologías, en el financiamiento y en los aspectos técnicos de las unidades construidas. Esta interacción promovió que los resultados fueran diversos.
Aunque existen algunos trabajos que abordan la temática en la provincia de Jujuy (Jerez, 2012/2013), en la ciudad de Rosario (Rigotti, 2011), en Córdoba (Ortíz Bergia, 2014) y en la Argentina en general (Lecuona, 2001; Armus, 1989; Cirvini, 2004), observamos una vacancia historiográfica cuando indagamos en el caso particular de Mendoza durante el primer período peronista. Por ello, uno de los objetivos de este trabajo es contribuir a llenar esta falta, indagando en las particularidades de las políticas de vivienda peronista en la provincia. Conocer las acciones en esta materia contribuye a enriquecer la historia regional y a complementar con matices provinciales los trabajos antes citados que han abordado el período en la esfera nacional.
Por otra parte, elucidar los mecanismos de construcción de estos barrios colabora a comprender el contexto de surgimiento de estos espacios que forman parte de la ciudad actual. Su materialidad fue condicionada por las interacciones entre las instituciones intervinientes en su construcción y, por ende, comprender estas relaciones colabora a explicar su estructura formal. Ello contribuye a otorgar una significación histórica a las viviendas, lo que potencialmente puede emplearse en futuras acciones patrimoniales
A diferencia de otros casos provinciales, el doble financiamiento, por parte de la Nación y la provincia, fue muy significativo en Mendoza. Hacia 1950 en esta provincia la nación había invertido $ 16.000.000 de pesos y el gobierno local, $ 91.000.000 (La Nación Argentina, 1950: 320). La misma fuente indica la inversión alternativa de una u otra jurisdicción en las distintas provincias argentinas.
Debido a ello, en este trabajo investigamos cuáles fueron las entidades intervinientes en la configuración de los barrios concretados en esta etapa con la intención de evidenciar los engranajes que se pusieron en marcha que permitieron la construcción de una gran cantidad de viviendas en Mendoza. Para ello expondremos cómo influyeron las relaciones entre los gobiernos provincial y nacional en la concreción de estas obras públicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se encuadra en distintas indagaciones relacionadas a un proyecto postdoctoral que nos ha llevado a relevar los repositorios disponibles en la provincia que contienen fuentes relativas a la vivienda. Estos son principalmente la hemeroteca de la biblioteca San Martín, el archivo Histórico de la Provincia y el del IPV. Si bien el tema del financiamiento no fue la preocupación inicial que guió las búsquedas, al poco tiempo se transformó en un tópico con peso en sí mismo.
Para lograr elucidar algunos de estos aspectos, nos hemos basado en el análisis y contraste de distintas fuentes documentales. Las principales son los diarios La Libertad, Los Andes y La Palabra, las reseñas generales y mensajes de gobierno de Faustino Picallo, Blas Brisoli y Carlos Evans, y planos, documentos y resoluciones que constituyen el archivo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Se tuvieron en cuenta todos los documentos que aportaran información relativa a temas de financiamiento. Los datos obtenidos de estas fuentes fueron analizados críticamente y “cruzados” de forma sistemática, lo que permitió cotejarlos. Muchos de estos acervos y sus respectivos documentos resultan interesantes puesto que no han sido considerados como fuentes históricas anteriormente.
En cuanto a la literatura crítica, resultaron muy valiosos los aportes de Gómez (2012 y 2013) que es el único autor detectado que aborda el tema del financiamiento de viviendas en la Argentina de forma exclusiva. Este autor profundiza en la acción del Banco Hipotecario Nacional así como también en la intervención de empresas privadas de crédito en la construcción de viviendas.
RESULTADOS
El problema de la escasez de vivienda se incrementó de manera notable durante las primeras décadas del siglo XX. En este sentido fueron muy importantes el arribo masivo de inmigrantes europeos desde fines del siglo XIX y los movimientos migratorios internos producidos porque las urbes ofrecían servicios y posibilidades laborales a las poblaciones rurales. Este impacto condujo a un fuerte crecimiento urbano y la concentración demográfica en las ciudades, que desencadenó en que las condiciones habitacionales fueran precarias e insalubres en las ciudades que no estaban adecuadamente preparadas para el incremento poblacional.
Si bien existieron algunas acciones para solucionar este problema por parte de los gobiernos de los primeros decenios, durante el peronismo este se abordó de una manera sistemática y sostenida en el tiempo. A partir de la revolución de 1943, el Estado comenzó a tomar una firme iniciativa en la construcción de las viviendas populares y en la legislación relativa a la regulación de los alquileres, que implicó su congelamiento e impedir el desalojo de las familias de trabajadores y de los pequeños empresarios (Arella, 2006: 9). El gobierno peronista de esta etapa planificó y construyó 500.000 viviendas, un tercio de la cantidad total del parque habitacional entonces existentes (Larrañaga y Petrina, 1987: 203).
Los avances en el acceso masivo a la vivienda propia y digna fueron importantes bastiones en que se apoyó el peronismo, porque según se sostiene, la casa marca la capacidad de ahorro y consumo de una familia y, por lo tanto, es un símbolo de status y de distinción social (Ballent, 2001: 319). Es un bien material que se expone a la percepción de todos (como la ropa) de manera duradera y que expresa el ser social de su propietario, sus “medios” y sus gustos (Bourdieu, 2001: 34). Debido a estas consideraciones, deducimos la importancia de que una significativa masa de trabajadores pudiera adquirir viviendas que poseían comodidades y detalles constructivos antes no observados en los proyectos de construcción. Es decir, las implicaciones de los planes masivos no solo fueron significativas en la esfera estrictamente pragmática sino que también operaron un impacto en el ámbito simbólico.
La nueva política redistributiva de ingresos del primer peronismo amplió el mercado interno, incorporando a los trabajadores como consumidores de la producción de bienes durables y semidurables (Gaggero y Garro, 1996: 34). El acceso a la vivienda también fue posible gracias a estas medidas. Además de solucionar un problema práctico, evidenciaban el ascenso social de los trabajadores, ya que el poder de consumo popular propiciado por el peronismo, que se materializó en el bienestar social, se convirtió en la esencia del justicialismo (Milanesio, 2014: 231).
La intervención activa en el área de la vivienda se enmarcaba en la concepción de un Estado dirigista, nacionalista y popular, facilitador de la redistribución del ingreso (Gaggero y Garro, 1996: 15). En este sentido fueron trascendentes algunas instituciones estatales que se crearon o fueron transformadas buscando una finalidad social. Es el caso del Banco Hipotecario Nacional, ente financiero fundamental de la mayoría de los planes habitacionales, al que el peronismo imprimió una dimensión social que no tenía anteriormente y perduró hasta el liberalismo de 1990 (Ballent en Gómez, 2013: 292).
Estas transformaciones quedaron reflejadas en la prensa provincial, que informaba que en 1946 se reestructuraba el Banco Hipotecario Nacional y se establecía el cambio de cédulas Hipotecarias por bonos. En palabras de Perón, este nuevo sistema tenía por objeto “[…] aumentar las ganancias de banco Hipotecario sino lograr la solución del problema de la vivienda con el beneficio colectivo” (Los Andes, 17 de diciembre de 1946: 1). Se otorgó preferencia al financiamiento de los trabajadores, lo que condujo a que se abarataran los créditos hipotecarios. Si anteriormente el cliente debía pagar el 9% al banco al iniciar el trámite, con la reforma, la tasa se bajó a 2,8% anual para determinadas operaciones de fomento (La Libertad, 23 de noviembre de 1949: 8). Además, no se requería dinero inicial para comenzar el trámite y las tasas de interés no se ajustaban a la inflación (Gómez, 2013: 294). Esto se debía a que las políticas del BHN se definieron a partir del 1946 basándose en criterios sociales que no siempre respondían a las necesidades de estabilidad financiera (Ibíd.: 292). A pesar de que resultaba una pérdida preocupante para el BHN debido al proceso inflacionario que se vivía por entonces, se priorizó la función social del programa (Ibíd.: 299).
Existieron dos modalidades en la construcción de viviendas patrocinadas por el gobierno: por un lado, existía la acción directa del Estado, que implicaba la construcción y posterior venta o alquiler; por el otro, era usual la construcción indirecta, propiciada mediante créditos entregados por alguna entidad estatal, como la fundación Eva Perón o el Banco Hipotecario Nacional, que fue el que manejó mayor volumen de préstamos (Aboy, 2005: s/p y Gómez, 2013: 293).
Además de lo implementado a nivel estatal, existieron una serie de empresas privadas que subvencionaban la construcción de viviendas por medio de un sistema de crédito recíproco. Esta modalidad se desarrolló en Argentina desde 1935 y fue implementada hasta 1949, cuando las empresas del sector fueron intervenidas y liquidadas por el Banco Central (BCRA) y su cartera de clientes transferida al BHN (Gómez, 2012: 75). El crédito recíproco era una modalidad de ahorro gestionada por empresas privadas destinada al financiamiento inmobiliario a bajo interés o sin interés (Ibíd. 76). Las primeras firmas autorizadas fueron ARCA (Asociación Recíproca de Crédito Argentino) y FINCA en 1935, cuya fundación como compañía financiera se remonta a 1932 (Ibíd. 77). Estas sociedades perdieron su razón de ser cuando el BHN flexibilizó las condiciones para acceder a los créditos. En 1946 este último fue definido como la única institución facultada para entregar créditos hipotecarios para vivienda urbana (Gómez, 2013: 293).
En Mendoza los servicios de estas empresas eran frecuentemente publicitados por medios gráficos y, si bien la construcción de viviendas financiadas por estos medios no resultó cuantitativamente significativa, se presentaba como una opción a nivel local. Algunos de ellos fueron SU CASA, CASAS SA, Edificador argentino, ARCA, etc. En todos los anuncios se destacaba que las empresas estaban autorizadas o se ajustaban a los requerimientos del Banco Central. (Figura 1)
Figura 1. Propaganda de compañía fi nanciera. La Libertad, 22 de diciembre de 1947: 3
LA SITUACIÓN DE MENDOZA
El problema de la habitación popular también fue preocupante en la provincia de Mendoza. En las primeras décadas del siglo, no hubo política de vivienda para obreros (Richard-Jorba, 2011: 50). Si bien los gobiernos de esos años admitían la difícil situación de algunos sectores sociales, su apoyo financiero se orientaba hacia la infraestructura para la producción, que reactivaría la economía y por ende la construcción privada (Cerdá, 2011: 213). La primera iniciativa de construcción estatal estuvo dado en las Casas Colectivas, cuyo proyecto es de 1935 (Raffa, 2004). Esta experiencia, sin embargo, no logró mitigar el problema.
Según el Censo Escolar de la Nación, realizado en 1943, en la capital de la provincia existían 6002 familias que vivían en una sola habitación, mientras que en 3232 casos 2 o 3 familias compartían una casa (Los Andes, 5 de octubre de 1945: 15). Al parecer, esta realidad se agravaba en Departamentos con actividad vitivinícola, debido a que en estos se concentraban grandes masas trabajadoras que percibían bajos sueldos, lo que los llevaba a vivir en el hacinamiento (La Libertad, 10 de mayo de1944: s/p).
Intentando dar solución a la falta de viviendas en el ámbito de la provincia, durante el primer gobierno peronista se sancionó de forma unánime la ley 1658, de 1947. La normativa creaba el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que estudiaría y fomentaría la realización de planes de construcción de casas de bajo costo. Funcionaba bajo el contralor del Poder Ejecutivo provincial y tenía por finalidad planificar y realizar viviendas económicas y antisísimicas urbanas y rurales para su venta o arrendamiento destinadas a familias de limitados recursos. Además, otorgaba franquicias y asesoramiento a particulares, propulsaba el saneamiento y la renovación del parque habitacional, administraba un fondo permanente destinado a su funcionamiento y estatuía la obligación de dotar de vivienda confortable a cuidadores o contratistas de fincas con cultivos permanentes superiores a diez hectáreas, entre otras actividades (Ley 1658, art 1° y 2°). Inicialmente se destinaron a su funcionamiento 30 millones de pesos para la construcción de viviendas individuales y colectivas, que sería recuperado con los alquileres o las licitaciones (18 meses…, 1947: 231). Esta ley, pionera a nivel nacional, dotó a la provincia de un ente autárquico que trabajaba sistemáticamente esta problemática y que sigue trabajando activamente hasta la actualidad.
Mediante la acción del Instituto, se adoptó exclusivamente la tipología de viviendas unifamiliares en entornos verdes. En su mayoría, el estilo se acercaba al californiano; de escala amable, muros de ladrillo o revocados, teja española y algunos detalles de herrería. El peronismo repitió una tipología en todo el país: el chalet argentino, que era una versión simplificada de la tendencia californiana, que, en la década anterior, había tenido una amplia aceptación en las clases medias y en viviendas suburbanas y rurales de las elites (Cirvini, 2008:127). Este tipo se hallaba cercano a las ideas católicas que existían en ciertos sectores del peronismo. La vivienda con jardín permitía ampliaciones o sea que no limitaba el número de hijos y, por ende, tendía a la protección de la familia, conservando valores católicos y burgueses (Aboy, 2011: s/p). La vivienda individual era considerada el recinto natural para el desarrollo de la familia obrera, y la vivienda colectiva se pensaba para trabajadores solteros o bien, como alojamiento provisorio (Lecuona, 2001: 18). Además de las cuestiones simbólicas, en la elección del californiano pesaron aspectos tecnológicos. Tanto los materiales como las técnicas constructivas eran de tradición local, lo que permitió la absorción de una importante cantidad de mano de obra (Larrañaga y Petrina, 1987: 208). Esta tipología tenía experiencia constructiva, agradable apariencia y aceptación social (Rizzo y Granero, 2009: 107).
EL FINANCIAMIENTO
La creación del IPV, además de agilizar la construcción de viviendas, contribuyó a complejizar la trama que se entretejía entre distintas entidades nacionales y provinciales que, en actuación conjunta, asumieron roles y actividades diversas en el planeamiento y materialización de los proyectos habitacionales.
A continuación describiremos algunas de las modalidades utilizadas para la concreción de los barrios más importantes llevados a cabo en esta etapa con el objetivo de clarificar la interacción antes mencionada entre las entidades nacionales y provinciales. Como observaremos, en algunos casos pueden percibirse ciertos ribetes conflictivos propios de un trabajo conjunto que implicó la toma de decisiones, la puesta en marcha de mecanismos de control, etc.
Distinguimos una primera etapa que transcurre entre los años 1946-1948. Durante los años iniciales del gobierno peronista y luego de la creación del IPV en 1947, la provincia financió la totalidad de las obras de vivienda con fondos provenientes de sus arcas. Estas acciones posibilitaron la creación de los primeros barrios peronistas, de características más modestas que los que se implementarán en el transcurso de la década. Uno de ellos fue el 4 de junio (Figura 2). Si bien el proyecto de este conjunto habitacional era del gobierno anterior, la primera etapa fue construida, adjudicada y financiada por fondos provinciales durante el peronismo. La modestia que hemos mencionado más arriba se palpa en que las viviendas eran de un solo tipo para abaratar su costo; en contraste, en el barrio de Bancarios, realizado unos años luego y financiado integralmente por el BHN, estaban proyectados 16 modelos diferentes. Otro detalle que denota la simpleza constructiva era que los techos del 4 de Junio poseían tirantes de madera, caña, barro y grasa, como aislante. Los pisos eran de mosaico calcáreo, a excepción del baño, lavadero y la cocina, cuyas terminaciones eran de cemento alisado. Esto también contrasta con el de Bancarios, en el que se emplearon azulejos para el baño y cocina, y granito y parquet para el resto de las dependencias.
Figura 2. Viviendas del barrio 4 de Junio en construcción. La Libertad,
3 de septiembre de 1944: s/p.
En 1945 estaban listas 148 casas. Sin embargo, hasta 1946, solo se habían adjudicado 10. Como lo demuestra este dato, la licitación inicial fue un fracaso. Debido a ello, se ofrecieron en alquiler. La convocatoria se amplió: además de obreros, a quienes estaban destinadas inicialmente, podían postularse empleados del Estado cuyos ingresos no excedieran los 350 pesos, pensionados o jubilados con familia a cargo (La Libertad, 7 de octubre de 1946: s/p). Se otorgaría prioridad a las familias con mejores antecedentes, a las que poseían peores alojamientos y a las constituías por integrantes argentinos. Sin embargo, se consideraba que el régimen de alquiler era una medida provisoria en el camino a la vivienda propia. Por ello se propuso adoptar un sistema de arrendamiento con opción de compra, mediante el cual los inquilinos debían decidir si adquirir el inmueble antes de los 5 años de que habitaran la casa. (La Libertad, 9 de septiembre de 1946: 5). Como la mayoría de las adjudicaciones de alquiler se habían realizado previamente a la creación del IPV (1947), antes de entregarlas en venta el Instituto realizó un censo entre los inquilinos para determinar si eran o no buenos candidatos (Res. N° 145, 1949). Como se aprecia, todas las decisiones, aun cuando no estaba creado el IPV, fueron tomadas por reparticiones provinciales.
El 4 de junio fue el único de los barrios peronistas en que la designación de la empresa constructora no se produjo a través de un llamado a licitación pública sino por un decreto del gobernador (La Libertad, 3 de septiembre de 1944:s/p). Esto puede haberse debido a la celeridad con que se quiso comenzar a dar soluciones habitacionales. En la mayoría de los expedientes existentes en el IPV se encuentra documentación que da cuenta del meticuloso proceso de selección de las empresas. Observamos pedidos de recomendación a distintas entidades y una grilla detallada de precios y servicios que ofrecían.
En las licitaciones se agregaba una cláusula por la cual se le otorgaba a la empresa ganadora una certificación de acopio de materiales, lo que colaboraba en el financiamiento y aseguraba la adquisición de materiales. Esto era importante debido a la inestabilidad de los precios y a la escasez de insumos de construcción. (Informe de la comisión designada para preparar las bases de la construcción de las casas dentro del plan de edificación previsto en la ley N° 1658, s/ f: 3).
Otro beneficio que se otorgaba a las empresas que se presentaban a la licitación era que no estaba a su cargo el pago de derechos municipales ni el agua de construcción, los que quedaban a cargo del Instituto (Cláusulas particulares de las obras, 1950: 3).
Luego de estas experiencias iniciales, se comenzó a emplear el financiamiento mixto. Esto sucedió hacia 1949. Ejemplo de esta metodología se puede apreciar en la construcción del barrio Presidente Perón en Dorrego, Guaymallén, departamento adyacente a la ciudad de Mendoza. Las primeras cien casas fueron levantadas con fondos propios del IPV. Al finalizar su construcción, serían adjudicadas a obreros y empleados del Estado que solicitaran créditos al BHN para adquirirlas. De esta forma, el Banco solo financiaba las obras ya construidas por la entidad provincial. Así el IPV recuperaba rápidamente los fondos para continuar invirtiendo en otros barrios.
Para la segunda etapa, el IPV contaba con 179 lotes luego de haber dejado previstos los espacios para iglesia y escuela. Este terreno, adyacente al sector ya construido, había sido ofrecido al Instituto por parte de un privado, la sociedad anónima Bienvivir, que se lo entregaría urbanizado según los requerimientos de la entidad: con cunetas, puentes, cruces de calles, plazas y centros de salud (Res. N° 159, 1948). El IPV también había realizado los proyectos de las viviendas y confeccionado los pliegos para la licitación. Sin embargo, no contaba con el dinero para llevar a cabo la obra. Por ello la institución provincial cedería los terrenos al BHN, que se constituiría en propietario y construiría y financiaría la obra (Res. N° s/n, 1949: I y II). Posteriormente, el Banco pagaría los terrenos al IPV de contado o de forma fraccionada, cuando se fueran adjudicando o escriturando las parcelas a los futuros propietarios. Esta modalidad otorgaba como beneficio que el BHN no tenía que desplazar efectivo para adquirir el terreno. A su vez aceleraba el procedimiento debido a que, al momento de aprobar el financiamiento, el IPV pondría a disposición del Banco los terrenos, los planos, las bases y condiciones de licitación, las especificaciones técnicas, etc.
Con igual procedimiento se construyó la primera etapa del barrio ferroviario General San Martín, también denominado Eva Perón (Figura 3), en las adyacencias de la ciudad de Mendoza (Los Andes, 18 de mayo de 1949: s/p). El terreno lo había comprado la provincia con un préstamo del Banco Mendoza, de jurisdicción local. El IPV se lo entregaría al BHN y el dinero sería devuelto por esta entidad con las primeras cuotas que pagaran los propietarios del crédito hipotecario que se depositaría en una cuenta creada a tal fin en el Banco Mendoza (Res. N° 29, 1949). Un dato interesante es que a la inauguración asistió el ingeniero Dupeyrón, que pertenecía a la Fundación Eva Perón, aunque esta institución no había tenido incidencia directa en la concreción del barrio.
Figura 3. Barrio María Eva Duarte de Perón. 1er loteo AVS 1952 s/p.
A pesar de la fuerte actuación del Banco, que explicitaba las condiciones reglamentarias, es sugestivo destacar que los beneficiarios eran patrocinados y presentados por el IPV. Además el Instituto tomaría a su cargo la preparación de las bases de licitación y pliegos de especificaciones técnicas. La licitación y adjudicación se realizarían en la sede del Instituto y estarían presentes miembros de las dos instituciones. Este trabajo conjunto se continuaría en la fiscalización y certificación de los acopios, obras, etc. (Ibíd.).
Luego de estas experiencias, hacia 1950, distinguimos un tercer momento: el BHN financió completamente las obras de vivienda. Durante esta etapa, además de construirse en mayor número, fueron las mejor equipadas, amplias y confortables. Esto repercutió en el precio final: fueron las viviendas más costosas del período. Este es el caso del barrio destinados a empleados bancarios, de la CELA (Compañía Eléctrica de Los Andes) y de YPF, que formaban un cuerpo con más 600 viviendas denominado Villa Evita, en el departamento de Godoy Cruz, cercano a la capital. Se sumó a esta modalidad la ampliación del loteo Ferroviario General San Martín, antes mencionado. En esta modalidad el Banco Hipotecario pagaría los terrenos y la totalidad de la construcción hasta su terminación (Res. N° s/n, 1949: I y II). Si bien el IPV había firmado un compromiso de compra-venta con los propietarios de los terrenos, no llegó a disponer de los fondos para cumplir los pagos, y fue entonces que le solicitó al BHN su ayuda financiera. Al momento de esta acción los lotes ya habían sido adjudicados a los beneficiarios por parte del IPV. Por este motivo, el Banco debía retribuir al Instituto las sumas gastadas en preparación de loteos, indemnizaciones y preparación de las licitaciones mensuras, publicación de licitaciones o cualquier otra erogación realizada.
La falta de recursos propios que se evidencia con estas solicitudes de ayuda financiera, nos indica que la idea inicial que proponía la autonomía del Instituto (1) no había sido tan exitosa como se pretendía.
La cesión de los lotes al BHN tenía algunas condiciones impuestas por el IPV: este tenía derecho a continuar interviniendo en la prosecución de las viviendas, se haría cargo de la preparación de proyectos, presupuestos, controles, urbanización y licitación. Además, el Banco Hipotecario debería proceder a la venta de los lotes de conformidad con los planos realizados por la entidad provincial y entregarlos a los beneficiarios presentados y patrocinados por el IPV. Sumado a esto, quedaba aclarado que el BHN cedería a precio de costo los lotes o espacios que la entidad provincial solicitara para construcción de viviendas por su propio régimen financiero u otras construcciones como mercados, comercios, correo, sanitarios, escuelas, etc. (Res. N° 110, 1949).
Pero el Banco reaccionó ante los condicionamientos. Esto es apreciable en una resolución que amplía la del 1 de julio de 1949, anteriormente abordada, en la que se observan las modificaciones o agregados con las que el BHN reforzaba algunos de sus derechos (Res. N°130, 1949). Así es que, en lo ateniente al artículo 1, se ampliaba la facultad del Banco de agregar al precio de los lotes cualquier gasto que produjeran. Esto implicaba que esta entidad y no sólo el IPV tuviera derecho de actualizar los valores de acuerdo a los gastos que hiciese. Además agregaba que podría elegir el modo de financiamiento según lo considerara necesario. Este podía ser indirecto, es decir, realizarse por medio de préstamos individuales, o directo, en el que el Estado afrontaba el costo y construcción y adjudicaba los préstamos a la finalización de las obras. Sumado a lo anterior, señalaba que el Instituto se allanaba a aceptar indicaciones, disposiciones y resoluciones que el Banco ordenara y, finalmente, el IPV sería el responsable de llevar a cabo las gestiones frente a organismos nacionales y provinciales para servicios y la urbanización.
Además, en el Art. 7 de la resolución 268 del 6 de diciembre de 1949, el BHN dejaba claro que si bien el IPV tendría a su cargo la fiscalización inmediata y permanente de las obras, el Banco podría, a través de sus propios organismos, tener la más amplia intervención en todos los procesos constructivos o en las irregularidades que detectara en la ejecución de las mismas.
Ampliando sus derechos, los responsables del Banco solicitaban estar presentes cuando se abrieran los sobres con las propuestas para la adjudicación de las licitaciones de los barrios que financiarían. Así, la comisión que tendría a cargo la licitación se integró por un técnico de la casa Central, un funcionario de la gerencia de Centro y Cuyo y el gerente de la sucursal Mendoza (Art. 4 Planilla complementaria sesión 4 de noviembre de 1949).
Para materializar algunos de los barrios planeados a nivel provincial financiados por la nación, se apeló al Plan Eva Perón, implementado a partir de 1953. Este programa del BHN consistía en una categoría de préstamos para la construcción de viviendas populares que cubrían el 100% del valor de la propiedad más el 30% del terreno. La tasa era baja, del 4% anual en un plazo de hasta 40 años, pero estaba limitada la superficie cubierta que debían poseer las viviendas, que no debía superar los 70 metros cuadrados (Gómez, 2013: 296). Con este plan, el directorio profundizó su participación en la definición de obras incluyendo planos, costos y materiales; así, en la documentación de los barrios llevados a cabo con este programa observamos que se adjuntaban una serie de requerimientos técnicos que el Banco indicaba debían ser adoptados.
En el caso de Mendoza adhirieron el barrio ferroviario General Belgrano, cuyas instalaciones resultan especialmente modestas en comparación con otros complejos habitacionales. Esto puede haberse debido a que los montos del Plan Eva Perón eran más limitados. Ejemplo de ello es que, a diferencia de algunos contemporáneos, contaba con calefón a leña y tanque de agua comunitario. Además, el acceso se realizaba por calles peatonales de 3 metros de ancho con 4,5 de espacios verdes entre ellas y las casas de cada lado, o sea, que no se había previsto la posibilidad de que los adquirientes pudieran comprar un vehículo (Los Andes, 14 de septiembre de 1953: 5; IPV, 1953 carp. 17 cód. 10). La elección de la tipología de viviendas se debía a estudios previos que tenían en cuenta: “[…] las posibilidades económicas, las características y formas de vida familiar y social de sus futuros adquirientes” (Los Andes, 14 de septiembre de 1953). La modestia se traducía en el precio final de las unidades. Resulta destacable que mientras las casas del Ferroviario costaban 55 mil pesos, las del contemporáneo Presidente Perón, financiadas por el BHN y de similar categoría y equipamiento que las del Bancario, estaban valuadas entre 68 mil y 80 mil pesos. Esta austeridad puede haber estado condicionada por las nuevas políticas implementadas por el BHN, que, intentando controlar la especulación y en pro de preservar el carácter social de los créditos, redujo los montos de los créditos pero incrementó las facilidades. Los préstamos de fomento para la casa propia se extendieron hasta 50 años, los destinados a locación hasta 30 años y el financiamiento para la construcción de barrios por cooperativas, sindicatos y empresas hasta 5 años de plazo sin amortización (Gómez, 2013: 297).
Cuando el financiamiento provenía de la esfera nacional, como se observa en muchas de las resoluciones del IPV, una de las funciones más enfáticamente destacadas era que este organismo era el responsable de patrocinar a los candidatos para obtener créditos. La cercanía territorial y el permanente contacto con los gremios que tenía el Instituto hacía que esta tarea fuera más sencilla. Esto facilitaba el proceso de estudio de los solicitantes que, entre otras medidas, el BHN había puesto en funcionamiento a partir de 1949 como parte de las políticas implementadas para optimizar la entrega de créditos, destinados a las familias que más lo necesitaran (Gómez, 2013: 298).
Al final de las gestiones del primer peronismo (1953-55), observamos que se retorna al financiamiento mixto. Así por ejemplo sucede en el Barrio Vialidad, cuyos terrenos son comprados por el IPV y las casas contraídas y financiadas por el BHN Sin embargo, contemporáneamente, la ampliación de Villa Evita (Figura 4) es financiada por el BHN y el de suboficiales adhiere al plan Eva Perón de esta misma entidad. Así es que podemos apreciar que, a diferencia de lo ocurrido durante el mandato de Picallo, la ayuda nacional fue recibida en favor de la construcción de viviendas.
Si bien todas estas medidas dieron por resultado la construcción de más de cuatro mil viviendas en la provincia (2), recordemos que, como se ha hecho mención, el censo de 1943 consignaba que 6002 familias vivían en una sola habitación, y en 3232 casos 2 o 3 familias compartían una casa. Sin embargo, es notable que las notas que reclamaban la falta de viviendas disminuyeran notablemente, aun en las páginas de los diarios opositores, como Los Andes.
Figura 4. Proyecto del interior de una vivienda de la ampliación de Villa Evita( luego
conocido como barrio Laprida). 1953.
Tomo 1. Archivo del IPV. Mendoza
EL PAPEL DE LOS GREMIOS
Otros de los actores a tener en cuenta en la realización de las viviendas son los gremios; los que tuvieron participación activa por medio de la solicitud de préstamos, tanto en la esfera provincial como nacional. Los pedidos fueron tenidos en cuenta por los gobiernos provinciales. Ello queda patente en los dichos gobernador Blas Brisoli quien afirmaba: “Haremos que cada grupo sindical cuente con un barrio propio” (Brisoli en La Libertad, 18 de mayo de 1950: 7).
Prácticamente todas las barriadas realizadas por el IPV durante el primer peronismo fueron adjudicadas a trabajadores sindicalizados. Los gremios tuvieron intervención desde la creación misma del IPV. Esto puede apreciarse en la composición del directorio que estaba integrado por un Presidente y seis vocales, uno de los cuales era un trabajador. Todos serían nombrados por el Poder Ejecutivo. Los vocales eran cuatro técnicos del Estado provincial (economía, ingeniería, derecho y arquitectura), un técnico de la construcción y un representante de las asociaciones gremiales de empleados u obreros que era elegido por el Poder Ejecutivo de las ternas que le proporcionaban los centros gremiales de la provincia (Art. N° 5 de la ley 1658, 1947). No recibían remuneración, solo viáticos, duraban tres años en ejercicio y podían ser reelectos. Según su ideólogo y creador el gobernado Faustino Picallo, el motivo de la conformación de un directorio técnico y representativo tenía como finalidad contar con un equipo: “con las capacidades especializadas requeridas por su completa misión, y, también, para que ausculte las aspiraciones y los pareceres de los sectores populares directamente beneficiarios de la obra social a emprender.” (18 meses…, 1947: 233). Sin embargo, esta designación puede haber tenido ribetes estratégicos que ayudaran a que su gobierno fuera mejor considerado por representantes laboristas. Además de la participación en el directorio, este podía proponer al Ejecutivo la formación de comisiones consultivas o asesoras, de carácter honorario, integradas por delegados de los gremios de empleadores, de empleados o de obreros cuando la altura de las circunstancias lo requiriera (Art. N° 7 de la ley 1658, 1947).
La acción de estas comisiones de observa claramente en la planificación del barrio Ferrocarril Nacional general San Martín. En la resolución N° 2 del 10 de febrero de 1949, ha quedado asentado que los empleados y obreros debían “tener intervención directa en el estudio de dichas propuestas (llamado a licitación), teniendo permanente fiscalización sobre sus intereses”. De hecho, tres miembros ferroviarios formaron parte de la comisión que estudiaba las propuestas.
Un caso en que un gremio fue el motor que llevó a buen puerto la construcción de un barrio fue el de Bancarios. Conocido como Villa Evita, fue el de mayor dimensión construido durante el peronismo en la provincia. Por propia iniciativa del gremio de los bancarios, se formó una comisión especial para encarar su ejecución. Esta entidad comenzó gestiones en diversas esferas. Primeramente se comunicaron directamente con el presidente, a quien plantearon sus inquietudes; de esta gestión obtuvieron el apoyo de Perón y Eva. También acudieron a las autoridades provinciales: además de solicitar ayuda al IPV, realizaron un pedido al gobernador Brisoli y a su señora esposa. El éxito de la operación se palpa en que como la superficie que consiguieron para la construcción del loteo fue tan grande, la comisión pro Bancario invitó a participar a los de gremios de CELA e YPF quienes accedieron a la propuesta y acordaron construir conjuntamente (Los Andes, 14 de marzo de 1952: 4).
Esta participación fue modificada con la ley 2213 del 7 de septiembre de 1953: el representante de las asociaciones gremiales fue sustituido por uno de la Confederación General del Trabajo Delegación Mendoza. Esto puede haberse debido a que la desunión inicial de los sindicatos (Garzón Rogé, 2013: 362) comenzó a desaparecer hacia 1950, momento en que ingresaron en la esfera de la CGT (Garzón Rogé, 2012-2013: 75). Luego de la reestructuración del IPV con la ley 4203 sancionada y promulgada el 21 de septiembre de 1977 por parte del gobierno de facto, la intervención gremial fue descartada.
CONCLUSIONES
Como pudimos apreciar a lo largo del texto, la trama institucional tendida en esta etapa en relación con las políticas de vivienda fue muy profusa y compleja.
Destacamos, en 1947, la creación del IPV, que financió los barrios que se construyeron inicialmente. Luego de estas primeras incursiones provinciales, modestas pero exitosas que dieron por resultado la construcción de la primera etapa del barrio 4 de junio y del Presidente Perón, observamos una intervención más activa del BHN como entidad financiera en la concreción de los barrios. Es destacable que durante esta etapa, además de incrementarse numéricamente, hubo un salto cualitativo en el confort y comodidades que presentaban las viviendas. Así por ejemplo podemos indicar que algunas de las unidades planificadas para el Bancario o el de Oficiales del Ejército se proyectaron con cocheras y habitación de servicio.
Consideramos que esto puede haberse debido a distintos factores pero que es posible que hayan tenido incidencia algunas cuestiones políticas. El IPV fue creado por el gobernador Faustino Picallo, que provenía de las filas del radicalismo Junta Renovadora y, por consiguiente, no tenía una relación fluida con el gobierno nacional. Esta situación cambió cuando la facción radical renovadora fue remplazada por un proyecto más cercano a los destinos de la “revolución peronista” en el orden nacional y a los ex laboristas locales (Garzón Rogé, 2013: 360). Así se propició la llegada al poder del teniente coronel Blas Brisoli, un militar bonaerense del círculo más íntimo de Perón (Ibíd.). En coincidencia es notable que luego de 1950 se hizo más evidente la participación del Banco Hipotecario Nacional como entidad financiera de los proyectos llevados a cabo en la provincia. La relación política entre el gobierno provincial y nacional puede haber colaborado a aceitar el trabajo conjunto entre las distintas esferas para concretar los barrios mendocinos.
Sumado a ello, el creciente poder del carismático presidente, el relativo afianzamiento de las estructuras partidarias nacionales y la emergencia de figuras que ya no profesaban vínculos preperonistas condujeron a que las provincias perdieran autonomía política (Garzón Rogé, 2013: 366). Esto puede haber condicionado la dependencia que observamos en el IPV relativa al financiamiento nacional.
Al parecer, el enorme y ambicioso impulso que Brisoli dio a la vivienda apoyado por el BHN también tuvo sus consecuencias. Durante los primeros años de gobierno de su sucesor, el Gobernador Evans, se intervino el IPV a causa de la situación financiera “pues se había comprometido en un vasto plan de construcciones sin la correspondiente financiación transitoria ni definitiva” (Reseña general, 1953: 47) (3). El mismo Brisoli reconocía en 1952, cuando estaban prontas a inaugurarse trescientas viviendas del barrio Bancario, que en el plan de viviendas su voluntad, su deseo y su entusiasmo “[…] ha ido mucho más lejos de lo que hemos sido capaces de hacer” (La Libertad, 15 de marzo de 1952: 3). Debido a esto, durante el gobierno de Evans, algunas empresas contratistas habían llegado a la convocatoria de acreedores. Por ello el Ejecutivo intervino proponiendo a las empresas, a los acreedores y a los proveedores de materiales un plan de financiación transitoria basado en el respaldo de los créditos impagos con letras de tesorería en la garantía estadual del pago de materiales de construcción y en el pago en efectivo de los jornales con fondos anticipados por la provincia (Reseña general, 1953: 47). Esto permitió que se reactivaran las obras paralizadas.
Además durante el gobierno de Evans se volvieron a emplear distintos regímenes de financiamiento: el ahorro o aporte, de acuerdo a las posibilidades de los adjudicatarios, y la ayuda financiera del BHN o del Instituto de Previsión social (Reseña general, 1953: 48). En el caso de existir diferencias entre el costo de la vivienda y los aportes de propietario más el crédito hipotecario, el IPV solventaría la diferencia (Ibíd.: 48-49).
Estos cambios posiblemente también estuvieron condicionados por el marco económico más hostil reinante en el país luego de 1950.
También resultó interesante el papel de los gremios de la planificación y construcción de viviendas. Estos fueron partícipes activos desde el comienzo de los gobiernos justicialistas. Fueron los destinatarios de casi la totalidad de los barrios entregados en esta etapa. Sin embargo, observamos que distintos gremios con más poder como el de Bancarios o el de Ferroviarios (los que lograron concretar su anhelo de casa propia coincidentemente con el gobierno de Brisoli, quien había presidió la Dirección General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios (Garzón Rogé, 2011: 111) consiguieron concretar viviendas con mayores lujos. Observamos que con el advenimiento de los gobiernos de factos, dejaron de tener representación en el IPV, lo que nos indica una nueva direccionalidad en las decisiones del Instituto.
Con esta exposición de casos, intentamos demostrar que el entramado institucional que permitió que en Mendoza se concretaran más de cuatro mil viviendas, es rico y complejo y se relaciona con el posicionamiento político de provincia frente a la nación. Como apreciamos, el apoyo financiero nacional impactó en la materialidad de las viviendas, en sus comodidades, metros cuadrados, detalles constructivos y terminaciones.
NOTAS
1) El Estado provincial emplearía para la construcción el financiamiento destinado al Fondo Permanente de Fomento para la vivienda reforzado con los reintegros procedentes de los alquileres y las ventas de las casas económicas (18 meses…, 1947: 231).
2) Este dato estimativo lo hemos construido a partir de las indagaciones en la prensa, los mensajes de gobierno y la documentación existente en el archivo del IPV. Resulta complicado establecerlo con exactitud debido a que muchas veces se consignan viviendas en construcción, licitadas o simplemente proyectadas como hechos tangibles, a pesar de que en numerosas ocasiones solo quedaron en proyectos.
3) Estas declaraciones negativas sobre el gobierno precedente pueden haber estado influenciadas por las fuertes internas que existían en el partido peronista.
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